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La Ley del 'solo sí es sí' continúa con su controvertida andadura, en este caso se trata de la reforma del PSOE a la Ley que comenzará a tramitarse en el Congreso tras ser tomada en consideración este martes 7 de marzo, modifica la horquilla de penas para la agresión sexual con violencia e intimidación de forma que este delito eleve su castigo en hasta dos años de prisión, con respecto al texto de la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad y actualmente en vigor.
Esto se debe a que este texto regresa a la horquilla de penas, de uno a cinco años, que se recogían para las agresiones sexuales en el Código Penal en 2010, la última reforma que sufrió esta norma antes de volver a cambiar con la Ley del 'solo sí es sí' actualmente en vigor.
La propuesta del PSOE mantiene la redacción de los dos primeros puntos redactados por Igualdad, que señalan que "sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona" y que "se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa".
Pero sí incluye un nuevo tercer punto para recoger que "si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado con pena de uno a cinco años de prisión".
Este texto también pone el foco en la violencia para modificar el artículo 179. Si en la Ley del 'solo sí es sí' se recoge una pena de cuatro a doce años para las agresiones con penetración (violación), la propuesta de reforma busca añadir que en el caso de que esta violación incluya violencia e intimidación esta horquilla de penas sea de 6 a 12 años, como en 2010.
En el caso de los agravantes, este texto también regresa al Código Penal anterior a la Ley del 'solo sí es sí', aunque adaptándose a la propuesta que ahora hace al distinguir agresiones sexuales con o sin violencia. Así, mantiene las horquillas de Igualdad --de 2 a 8 años y de 7 a 15 años, en los casos de agresión sexual con o sin penetración, respectivamente-- y recupera las horquillas existentes en el Código Penal anterior al 'solo sí es sí', de 5 a 10 años y de 12 a 15 años, para los nuevos subtipos que propone ahora: agresiones sexuales con violencia, con o sin penetración.
El Congreso deberá negociar también otros aspectos de la norma. Y es que el texto socialista incluye varias disposiciones transitorias en las que se asume que la norma será de aplicación para delitos cometidos antes de su entrada en vigor si es más favorable para el reo, pero especifican que se tendrán en cuenta las penas que corresponderían al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas del Código Penal anterior a la reforma y las que se establecen con ella y la posibilidad de imponer medidas de seguridad. En todo caso, establece que el reo será oído.
Además, el texto determina que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podrá asignar la revisión de las sentencias firmes a uno o varios juzgados de lo Penal o secciones de las Audiencias Provinciales y que se procederá a la revisión del penado que esté cumplimiento efectivamente la pena aplicando la disposición más favorable considerada taxativamente y "no por el ejercicio del arbitrio judicial".
Igualmente, recoge que no se considerará más favorable la reforma cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a la reforma, salvo que se contemple una previsión alternativa de una pena no privativa de libertad -supuesto en el que sí se revisará la sentencia-. En el caso de sentencias pendiente de recurso, se podrán invocar los preceptos de esta reforma en caso de que sean más favorables al reo.
Son varios ya los grupos que han avisado de que presentarán enmiendas al texto. Entre los socios de investidura del Gobierno, el PNV ha anunciado que quiere introducir disposición transitoria que evite las diferentes interpretaciones de los jueces que conlleven reducciones de penas; mientras que Más País ha explicado que sus aportaciones irán en la línea de su postura sobre que "mayores penas" de prisión "no protegen más" y apuntan a "protocolos", "prevención" o "posible reinserción y educación de los hombres".
Vox, por su parte, ha reconocido que su deseo sería "derogar" la norma, pero ha anunciado enmiendas en relación con conseguir una mayor "seguridad jurídica". La formación de Santiago Abascal dice que buscará garantizar los principios de "igualdad de todos ante la justicia" y la "presunción de inocencia" que, a su juicio, no se cumplen en esta ley.
El PP, por su parte, no tiene pensado presentar enmiendas al contenido del texto, ya que, como han explicado fuentes de la formación, es muy similar a la propuesta de reforma que ellos mismos presentaron. Sin embargo, las mismas fuentes han explicado que sí pedirán que la norma pase por los órganos consultivos preceptivos para que estos emitan sus informes.