El Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, con la cuarta resolución de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda sobre el Bono de Alquiler Joven de 2023, evidenció ayer una tendencia alarmante que ocurre en todas las convocatorias de ayudas al alquiler: el número de solicitudes rechazadas supera ampliamente al de beneficiarios. Este fenómeno no se limita a errores en la documentación, plazos incorrectos o incumplimiento de requisitos, sino que, año tras año, el problema es que el presupuesto disponible se agota antes de poder cubrir a todos los demandantes.
De esta manera, la resolución ha dejado a 1.218 jóvenes sin recibir la subvención de hasta 250 euros mensuales, a pesar de cumplir con todos los requisitos establecidos. En contraste, 5.640 jóvenes sí lograron acceder a la ayuda, lo que significa que uno de cada cinco solicitantes que deberían haber sido beneficiados no la han recibido.
El motivo, según se detalla en el texto oficial, es "el agotamiento de la financiación asignada a esta línea presupuestaria en los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio de 2024". Inicialmente, el programa contaba con una dotación de 32 millones de euros, de los cuales 22,8 millones fueron aportados por el Gobierno central y 9,1 millones por el Consell, sumados a través de dos ampliaciones de crédito. La última resolución, publicada ayer, incorporó 2,5 millones adicionales —150.000 euros procedentes del Estado y 2,4 millones de la administración autonómica— con los que se logró incluir a 469 jóvenes más: 201 que habían sido rechazados previamente en la provincia de Castellón por errores administrativos y 268 nuevos beneficiarios.
Este reciente ajuste se suma a las tres resoluciones anteriores del mismo año, que beneficiaron a un total de 5.176 menores de 35 años. La primera, el 20 de septiembre de 2023, destinó 11,7 millones a 2.065 personas; la segunda, el 16 de enero de 2024, asignó 10,9 millones a 1.943 jóvenes; y la tercera, también en enero, otorgó 6,6 millones a 1.168 beneficiarios.
Controversia política por la gestión de las ayudas
Estos datos han provocado un fuerte enfrentamiento político en torno a la vivienda, una de las principales preocupaciones sociales, especialmente para quienes deben afrontar el aumento de los precios del alquiler. La vicepresidenta y titular de Servicios Sociales, Susana Camarero, destacó el "récord" de beneficiarios en la convocatoria de 2023, alcanzando a más de 5.000 jóvenes, un 44% más que los 3.910 de la convocatoria anterior gestionada por el anterior gobierno del Botànic. Camarero resaltó que, en aquella ocasión, el 78% de los solicitantes (16.716) que cumplían con los requisitos quedaron sin ayudas por falta de presupuesto, frente al 21% en la situación actual.
En respuesta, la síndica adjunta del PSPV, María José Salvador, criticó los "recortes" del actual Consell en materia de vivienda, señalando que el presupuesto autonómico se redujo un 5% en el último ejercicio, lo que ha dejado sin ayudas a más de mil jóvenes.
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