Muchos locales hosteleros en Galicia llevan dos semanas pidiendo el pasaporte covid para acceder a interiores, porque, como reconocen, es obligatorio cumplir la ley. Una medida que, a su juicio, no termina de arrancar y que genera debate. Sostienen que es imposible andar pidiendo la documentación a todo el mundo.
Lo cierto es que para algunos el certificado es una dosis de tranquilidad en un momento en el que la incidencia está disparada. Pero para otros, supone un nuevo golpe después de un año complicado, en el que contaban con empezar a levantar cabeza. Especialmente en las zonas más turísticas.
Es un trago agridulce también para los consumidores, que no tienen clara una medida que afecta a más de 70 municipios en toda Galicia. La Xunta busca bajar la incidencia en la Comunidad Autónoma, que supera los 17.000 casos activos.
Para los expertos en protección de datos se trata de una medida muy polémica que choca con algunos pilares básicos de los derechos ciudadanos de la UE. La primera duda es la aplicación para acceder a locales ya que este uso del certificado covid digital no está contemplado en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y no existe una alternativa válida más allá de una prueba PCR, pruebas, en todo caso muy intrusivas con nuestra privacidad.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, acordó este viernes a través de un auto denegar la ratificación judicial de la medida recogida en la orden del 5 de agosto consistente en limitar el acceso al interior de los establecimientos de esparcimiento y de hostelería con música a aquellas personas que puedan acreditar estar en posesión del certificado covid, acreditación de PCR o test de antígenos negativo en las últimas 72 horas.
La Sala entiende que es competente para analizar dicha ratificación judicial, puesto que la medida de implantar el pasaporte covid para acceder a los bares de copas y discotecas puede afectar a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal, "en cuanto implica la necesidad de mostrar datos relacionados con la salud, considerados, de acuerdo con la normativa europea, como de carácter sensible", y con el principio de no discriminación, "en la medida en que establece un trato diferenciado para el acceso a tales locales, basado en la posesión o no del mencionado certificado".
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) estimó el recurso presentado por los hosteleros contra la resolución de la Consejería de Sanidad del 3 de agosto, correspondiente a la ultima actualización semáforo covid, según la cual subían de 19 a 27 los municipios en nivel de alerta 3.