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El juzgado de la localidad ilerdense de Tremp ha abierto dos procedimientos a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía en relación con la gestión del brote de coronavirus que afectó a la residencia Fiella en noviembre de 2020. Las causas se han abierto contra la exdirectora técnica del centro y la religiosa responsable de higiene sanitaria del geriátrico. Ambas imputadas están a un paso del banquillo.
A la exdirectora se le acusa por presuntos delitos de homicidio imprudente y "vejaciones injustas" y a la religiosa, por supuestos delitos contra la seguridad de los trabajadores. Su declaración tendrá lugar cuando la magistrada Anna Montserrat Capdevila lo considere oportuno y "en función de las diligencias practicadas", según los autos en los que también se acuerda que se citen a una cincuentena de testigos y a los mossos que se han encargado de la investigación.
El brote provocó la muerte de 64 de los 142 residentes del centro entre el 22 de noviembre y el 25 de diciembre y, según la denuncia de la Fiscalía de Lleida, aquellas semanas hubo dejadez en la atención a los residentes, falta de medidas para frenar el virus, descoordinación y una falta de asistencia sanitaria real.
Entre las muchas irregularidades descritas por la Fiscalía, destaca que no se sirvieron cenas a los residentes hasta pasada la medianoche y que, en aquellos días, muchos pasaron frío, hambre y sed. Otra de las incongruencias habla de la descoordinación, y es que había cuadros de registro de temperatura o de suministro de medicación a usuarios que llevaban días muertos.
"Una gota en el océano porque desgraciadamente, con carácter general, se han archivado absolutamente todas", asegura María José Carcelén, portavoz coordinadora de Familiares de Residencias de Cataluña.
Y el de Tremp no es el único caso. Un juez del municipio barcelonés de Sabadell tiene en sus manos desde hace unos días la denuncia en la que se acusa a la residencia Palau, donde, entre los meses de marzo y abril de 2020 (primera ola de la pandemia), murieron más de 40 ancianos, entre ellos la madre de Eva Durán.
Ella explica que "nos llama una enfermera y nos dice que tranquilos, que han fallecido cuatro personas, pero que nuestra madre está perfecta. Al día siguiente, era un viernes, la misma enfermera nos llama diciendo que nuestra madre ha fallecido".
Investigaciones que se reactivan después de la petición de la Fiscalía General del Estado, pero las familias quieren más contundencia. "Queremos que la justicia sea justa, que trabaje, que investigue. Que levante el culo de los sillones y que vele por los derechos de las familias de más de 30.000 personas muertas en circunstancias atroces", reclama Paulino Campos, portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias.
Casi el 90% de las investigaciones se han archivado, 451 de 517, según Amnistía Internacional.