La familia de Julen Roselló, el niño de dos años que perdió la vida tras caer a un pozo el 13 de enero de 2019 en Totalán y que conmocionó a todo un país, se ha manifestado a favor de que el juez que envíe a prisión a David Serrano, el dueño de la finca donde ocurrieron los hechos, ante un nuevo impago de varios plazos de la indemnización a los padres, según ha adelantado el Diario Sur de Málaga.
En un escrito presentado en el juzgado, la familia del pequeño recuerda que aceptaron el pago de una cuantía mínima de 50 euros como «prueba de buena fe», pero ante el incumplimiento del pago, que consideran grave y reiterado, solicitan que se revoque el beneficio de la suspensión y el inmediato ingreso en prisión de Serrano para cumplir la pena. Los padres de Julen han vuelto a tener un bebé.
Toda España lloró el desenlace de la angustiosa y agónica operación desarrollada sin descanso y contra reloj para encontrar a Julen. La Guardia Civil confirmó la muerte del pequeño el día 26 de enero de 2019, 13 días después de que cayera en un pozo de apenas 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad.
Serrano fue condenado en enero de 2020 a un año de prisión por un delito de homicidio por imprudencia. Dado que carecía de antecedentes penales y había asumido su responsabilidad en los hechos, la sentencia quedó suspendida, y con ella el ingreso en la cárcel, a condición de que saldara la responsabilidad civil y que no volviera a delinquir. La resolución le obligaba a indemnizar a cada progenitor con 89.529,27 euros y a la Junta de Andalucía, por las obras realizadas para el rescate, con otros 663.982,45 euros.
Tampoco la relación con David Serrano, dueño de la finca de Totalán (Málaga), hasta el trágico suceso íntimo de la familia es ya la misma. José no lo perdonará nunca. Reconoce que lo que ocurrió fue un accidente y no quiere entrar en culpabilidades o no, "eso no es cosa nuestra", aunque cree que la tragedia se podía haber evitado si David les hubiera dicho lo del pozo. José mantiene que nunca les dijo nada y reconoce que lo que más le duele de David son las formas. Y ahora el hecho de no pagar una cifra irrisoria añade sal a la herida.
Serrano evitó la vista oral y llegó a un acuerdo de conformidad ratificado por el magistrado. El dueño de la finca se declaró insolvente pero su gabinete de abogados consignó ante el juzgado 25.000 euros como signo de buena voluntad para alcanzar el acuerdo. La procedencia de ese dinero sigue siendo un misterio ya que los abogados de Serrano señalaron que el dinero fue facilitado por un empresario cuya identidad se desconoce.
Como recuerda Diario Sur, en la sentencia el juez fijó en 50 euros el pago mensual que Serrano debía realizar para abonar el total de la indemnización. Durante 2020, el dueño de la finca pagó dos de las once primeras mensualidades, lo que hizo que el magistrado estudiara, por primera vez, revocarle el beneficio de la suspensión.
Ante esta situación, Serrano se puso al día el pasado diciembre tras ingresar 500 euros en la cuenta del juzgado. Su abogado informó entonces de que el propio bufete había tenido que prestarle el dinero porque no tenía ingresos.El magistrado consideró el primer impago una simple disfunción que ha sido remediada, recordó a Serrano que los 50 euros mensuales que se le han impuesto constituyen una cifra irrisoria respecto del total de la responsabilidad civil y le advirtió de que, ante un nuevo incumplimiento, la decisión podía ser otra.
Según ha podido saber SUR, sólo cuatro meses después, el juzgado ha acordado iniciar nuevamente el trámite de revocación de la suspensión tras comprobar en la cuenta de consignaciones que Serrano ha incumplido desde el mes de febrero la obligación de abono de los plazos estipulados para saldar la responsabilidad civil derivada del caso.