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Este domingo se cumplen dos años desde que se perdió el rastro a Marta Calvo, la joven valenciana que supuestamente murió a manos de Jorge Ignacio P.J. y cuyo cadáver se ha buscado en el vertedero de Dos Aguas, en varios parajes forestales de Manuel y en una casa abandonada de Villanueva de Castellón.
Al dolor de la familia por la pérdida se añade una intensa desazón por el hecho de que el principal sospechoso del asesinato siga, desde la cárcel, negándose a desvelar el paradero del cuerpo.
La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, presentó este viernes en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa para lograr que se tipifique expresamente la ocultación intencionada del cadáver tras un homicidio, para lo cual ha contado con la colaboración de Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, y la familia de Marta del Castillo.
Este domingo, la madre y los familiares y amigos más cercanos recordarán a Marta en un oficio religioso en su localidad natal, Estivella (Valencia).
En los últimos doce meses se han sucedido diversas pesquisas policiales, todas ellas dirigidas a la localización del cuerpo, en las que se ha ido profundizando a partir de una investigación que se mantiene viva, aunque todas ellas han resultado infructuosas.
Las consecuencias para la familia, según han expresado sus portavoces en reiteradas ocasiones, han sido un continuado tobogán de esperanzas y frustración del cual no logran salir.
Precisamente el padre de Marta, Sergio Calvo, señaló este viernes que "la peor pesadilla que puede vivir un padre es la muerte de una hija y más en las circunstancias escabrosas" que les ha "tocado sufrir", soportando durante mucho tiempo "la incertidumbre, la impotencia y el dolor", y advirtió de que sus fuerzas se agotan "mientras la vida transcurre sin que haya datos esclarecedores".
"No perdemos la esperanza en que llegue el día en que se haga justicia, pues será la única manera de aminorar este sufrimiento indescriptible que soportamos quienes más queremos a Marta", añadía en un comunicado público donde aplaudía la "encomiable" labor de la Guardia Civil y deseaba que el sospechoso siga en prisión preventiva.
La Guardia Civil buscó el cuerpo durante ocho meses en el Vertedero de Dos Aguas, pero tras el análisis de miles de toneladas de basura, y ninguna evidencia, se detuvo la operación.
Posteriormente, en septiembre de 2020, se encontraron indicios de restos humanos en un vehículo del que se deshizo Jorge Ignacio P.J. tras el crimen y sobre el cual se sospechaba que pudiese haber servido para el traslado del cuerpo, aunque esas evidencias fueron declaradas irrelevantes.
En los meses siguientes, los especialistas de la Guardia Civil investigaron el posicionamiento de varios teléfonos móviles que pudieron ser utilizados por personas cercanas a Jorge Ignacio P.J. y que, supuestamente, pudieron haber prestado algún tipo de colaboración para hacer desaparecer el cuerpo.
Fruto de esas pesquisas se llevaron a cabo búsquedas con perros especializados en la localización de restos humanos y con el apoyo de bomberos forestales en un paraje natural del municipio valenciano de Manuel, donde se perdió el rastro de Marta Calvo, aunque de nuevo resultaron infructuosas.
El último dispositivo de búsqueda tuvo lugar el pasado octubre en una casa abandonada situada entre las localidades valencianas de Manuel y Villanueva de Castellón, unas pesquisas que se planificaron a raíz de las declaraciones de una mujer que en su momento creyó identificar al sospechoso en la zona.
En la vía judicial, ha prestado declaración una decena de mujeres que sobrevivieron a los encuentros sexuales con el acusado y relataron las prácticas que sufrieron, consistentes en la introducción de cocaína “a traición” en sus genitales.
Tras la acumulación de todos los procesos, Jorge Ignacio P.J. deberá responder por 33 acusaciones sobre diez mujeres (siete vivas y tres fallecidas) y por los delitos de asesinato, agresión sexual, omisión del deber de socorro, delito contra la integridad moral de las víctimas y contra la salud pública.
Este joven colombiano de 38 años seguirá previsiblemente en prisión, a pesar de que el próximo diciembre cumple dos años de encierro preventivo, dado que el juez instructor ya ha convocado a las partes como paso previo.
Su vida en la penitenciaría no está siendo fácil, dado que ha tenido varios problemas de convivencia y enfrentamientos con otros reclusos, y el pasado diciembre fue trasladado de la prisión de Picassent (Valencia), donde permanecía desde que se entregó a la Guardia Civil, a la castellonense de Albocàsser.
Según varios informes psiquiátricos y forenses que obran ya en el sumario del caso, Jorge Ignacio P.J. "no presenta alteraciones psicopatológicas, ni síntomas de enfermedad mental, ni deficiencia mental, ni trastorno mental alguno".
A juicio del criminólogo valenciano Vicente Garrido, es un "asesino en serie" o "depredador letal" al que define la "compulsión por matar", un "homicida sexual sádico" que busca la "obtención total del dominio y control sobre la otra persona".
Así lo indica en un informe solicitado por el letrado valenciano Juan Carlos Navarro, que ejerce la acusación en representación de las otras dos jóvenes fallecidas supuestamente a manos de este hombre.