El fenómeno de la okupación no cesa y se ha convertido en un negocio en el que los okupas ya piden altas sumas de dinero a las personas que sufren la entrada en su vivienda . Cataluña lidera la okupación en España. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y junio de este año se okuparon 3.611 viviendas en Cataluña, 421 más que en todo el año 2019. Las okupaciones catalanas triplican las andaluzas (1.183) y sextuplican las de la Comunidad de Madrid (657). A esas tres comunidades les siguen Valencia (566) y Castilla-La Mancha (296).

Así que no es de extrañar que el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) a iniciativa de sus compañeros de Mataró, una de las ciudades, junto con la capital catalana, más afectadas por el fenómeno de la usurpación de casas ha propuesto una fórmula para poner coto a este abuso.

Su idea es que en caso de una okupación ilegítima de una vivienda, si en las primeras 48 horas el ocupante no acredita la titularidad que le permita habitar el inmueble y el propietario sí, la desokupación ha de ser inmediata, facilitada por la adopción de una medida cautelar urgente por parte de un juez.

Los letrados han elaborado una propuesta de modificación legislativa con la intención de "frenar, disminuir o dar solución" al fenómeno de la ocupación ilegítima de viviendas, que tildan de creciente en Catalunya para el caso de usurpaciones de pisos de uso habitual.

El centro de la propuesta es la modificación de los artículos 134 y 544 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El primero hace referencia al inicio de un proceso penal y el segundo es el que facilita al poder judicial la adopción de medidas contra el reo antes de la sentencia para proteger a la víctima.

Ese artículo dice: "El Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma”, según adelanta El Periódico de Cataluña.

El cambio legal permitiría que el dueño no tenga que esperar al final del proceso judicial para recuperar su vivienda, uno de los grandes tormentos para muchas familias. La solución pasa igualmente por la "ampliación de las facultades de las policías para que actúen. El límite de 48 horas para actuar es una leyenda", ha explicado el exdecano del Colegio de Abogados de Mataró, Julio J. Naveira, vocal de la Comisión de Normativa.

María Pastor, decana del Colegio de Abogados de Mataró e integrante de la Comisión de Normativa del ICAB, y la abogada y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mataró, Núria Moreno, han descrito una propuesta para evitar con esta lacra. Pastor ha dejado claro que la legalidad actual no funciona porque las mafias ya son más rápidas y eficientes que la Administración.

Núria Moreno ha dejado claro que si en 2012 la okupación estaba protagonizada por personal vulnerables golpeadas por la crisis ahora está en manos de una mafia que tiene redes que se dedican a un negocio con la okupación. Esto provoca que se formen en los últimos tiempos grupos vecinales que se enfrentan a los okupan lo que genera problemas importantes de convivencia. La mejor manera de evitarlo para este grupo de expertos es una ágil respuesta a la okupación desde el primer momento.