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Hasta 1981 en España el que se casaba lo hacía hasta que la muerte disolvía la pareja. El 22 de junio de ese año, el Gobierno de la UCD aprobó la ley del divorcio, un hito para una sociedad franquista y en la que la Iglesia tenía mucho que decir. Desde entonces se han divorciado en nuestro país más de 2,2 millones de parejas. Al principio había muchas trabas. No fue hasta que en 2005 no llegó el llamado “divorcio exprés” cuando se dispararon las cifras.
Durante la dictadura franquista el matrimonio era una institución prácticamente indisoluble. Por eso, Ana María Pérez del Campo, que a día de hoy con 86 años sigue siendo la presidenta de la Federación de Asociaciones de mujeres separadas y divorciadas, inició un camino silencioso hacia la libertad de las mujeres. En una entrevista con EFE, recuerda que
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En los primeros años de la ley del divorcio en España se registraban unos 20.000 anuales. El proceso para conseguirlo era arduo. La sociedad era muy conservadora y la Iglesia tenía mucho poder e influencia en lo que la familia debía ser.
Para pedir el divorcio había que llevar casados al menos dos años y debía haber una separación previa. A Pérez del Campo le costó 9 años separarse. “Pensaban que en ese tiempo la pareja volvería a unirse”, señala.
Era necesario alegar alguna causa como el alcoholismo o las drogas, la infidelidad o el abandono del hogar familias o la violación de los deberes conyugales.
Diez años después de su entrada en vigor, en 1991 se registraron ya más de 27.000 divorcios y en torno al año 2.000 superaban los 39.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que comenzó a recopilar esta información en 1998 gracias a un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial.
La llegada del "divorcio exprés", impulsada en 2005 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, disparó las cifras. Se facilitaron las condiciones para obtener el divorcio: No era necesaria la separación previa, ni alegar causas y la demanda se podía presentar a los tres meses de celebrarse el matrimonio.
Desde ese momento, las separaciones casi desaparecieron. Quién decidía romper su matrimonio no tenía más que pensar. A día de hoy las separaciones siguen siendo prácticamente residuales.
En 2006 España alcanzó su récord de divorcios, con 126.952, y las cifras se mantuvieron elevadas en 2007 (125.777).
La crisis económica de 2008 cambió todo. Los divorcios bajaron año tras año. Muchas parejas no podían afrontar los gastos de una vida por separado y si además había hijos, la situación se complicaba aún más.
En 2008 la cifra de divorcios bajó un 12,5 % (110.036) y en 2009 cayó un 10,6 % (98.359).
Se recuperó ligeramente en 2010 (102.933) y los datos se mantuvieron más o menos estables un par de años, pero 2014 fue el último año en el que se superaron los 100.000 divorcios en España.
El último balance anual del INE corresponde a 2019, cuando se registraron 91.645 divorcios, un 3,8 % menos que el año anterior. Los matrimonios divorciados habían durado una media de 16,5 años. 1.100 divorcios fueron divorcios de personas el mismo sexo, que pudieron casarse por primera vez en España, en 2005.
Según el CGPJ, en 2020, el año de la pandemia, se registró un desplome en las demandas de separaciones y divorcios presentadas, tras cinco años de bajadas.
Las estadísticas muestran que los españoles se divorcian menos, pero también se casan menos. El listón de los 200.000 matrimonios anuales dejó de superarse definitivamente en 2008 y en 2019 se registraron 167.613 bodas.
España ocupa de hecho la cuarta posición por la cola en la Unión Europea por su tasa de matrimonios (3,5 por cada 1.000 habitantes), tras Italia, Eslovenia y Portugal; mientras que la tasa de divorcios (1,9) se sitúa cerca de la media comunitaria.
Por comunidades autónomas, las mayores tasas de nulidades, separaciones y divorcios se registra en la Comunidad Valenciana (2,3 por cada 1.000 habitantes, según datos del INE de 2009), seguida de Cataluña (2,2) y Cantabria, Canarias, Baleares, Asturias y Andalucía, con una tasa de 2,1.
A la cola se sitúa Melilla (1,2), Aragón (1,6) y Castilla y León (1,7). Extremadura, Galicia, Navarra, la Rioja y Ceuta presentan una tasa de 1,8.