Los ayuntamientos españoles de más de 5.000 habitantes afrontan la recta final del periodo concedido por ley para establecer la nueva tasa de basuras, a regañadientes en general los del PP y con algún caso de rebeldía como el de Leganés (Madrid), que se niega a hacerlo.

Los más de 1.300 municipios que superan esa población, en los que viven casi 9 de cada 10 españoles, comenzaron a aprobar esta tasa en las últimas semanas de 2024, en la mayoría de los casos con rebajas y bonificaciones para que la repercusión de esta obligación en el bolsillo de sus vecinos sea la menor posible.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular dio tres años a estos ayuntamientos para establecer una tasa por generación de residuos que refleje el coste "real, directo o indirecto", de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos.

Los consistorios dirigidos por el PP lo consideran una intromisión en la autonomía local y coinciden en afirmar que ha generado el caos en muchos ayuntamientos, y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la popular María José García-Pelayo, ha pedido al Gobierno que rectifique la obligatoriedad de la tasa, que estima que repercutirá en una media de 170 euros al año por familia.

Desde los ayuntamientos socialistas se buscan fórmulas para aplicarla de una forma "justa y progresiva" y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha mostrado la disposición del Gobierno a encontrar mecanismos de flexibilidad, pero primando "la sostenibilidad medioambiental".

El alcalde de Leganés, el popular Miguel Ángel Recuenco, ha insistido en que "no aplicará" la tasa: "Ni vamos a aplicar para este año 2025 la tasa de basuras de Pedro Sánchez ni vamos a subir ningún otro impuesto".

Recuenco alega que la directiva de la UE que está detrás de la ley española "en ningún momento habla de poner una tasa o un impuesto a los vecinos" y cree que la cuestión se reduce al "afán recaudatorio que tiene Pedro Sánchez por instinto".

Alcaldes del PP de grandes ciudades se han posicionado públicamente contra lo que denominan "sanchazo" o "basurazo de Pedro Sánchez", como la regidora valenciana, María José Catalá: "yo no lo quiero y conozco a pocos alcaldes que lo quieran".

De la misma opinión es su compañero de partido José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que considera que el camino más corto para que ninguna persona en situación de vulnerabilidad pague la tasa de basuras, como le exige la oposición de izquierdas, "es que no haya tasa de basuras".

Sin embargo, ambos lo van a hacer. En Madrid, donde no existía esta tasa, ahora sufragará 256 millones de euros, aunque, como dice el equipo de Gobierno, se compensa "prácticamente" con una bajada del IBI y bonificaciones, entre ellas una del 100 % para beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción.

Otros ayuntamientos más pequeños también han apostado por bonificaciones de este tipo, como el madrileño de Tres Cantos, que, con la ayuda de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha aprobado una rebaja del 20 % para las familias numerosas y también para quienes instalen sistemas de compostaje en su domicilio o acudan al punto limpio.

Esta segunda vía de rebajas ha sido la elegida por numerosos municipios, entre ellos Valladolid (PP), donde tendrán una bonificación los vecinos que se apunten a un programa para convertir sus residuos orgánicos en abono a través del compostaje domiciliario.

Los ayuntamientos socialistas no se han declarado en general contrarios a la tasa y la aplicarán con criterios de progresividad fiscal.

En Vitoria, un acuerdo del Gobierno municipal de PSE-EE y PNV con EH Bildu ha permitido que la aplicación de la nueva ley suponga recaudar 10 millones de euros más por este concepto en 2025, pero con una rebaja para las viviendas de menos de 90 metros cuadrados y un incremento para las que superen los 120.

En Cuenca, el Ayuntamiento, gobernado también por el PSOE, se ha adaptado a la nueva legislación, pero ha garantizado que no va a subir este año la cuota que pagan sus ciudadanos, y en Alcorcón (Madrid), las familias atendidas por los Servicios Sociales contarán con una exención total.

Fuenlabrada, en el área metropolitana de Madrid, dará una bonificación del 30 % a quien se apunte al sistema de puntos limpios.

En municipios donde es oposición, el Partido Socialista también reclama rebajas en la tasa, como en València, donde ha propuesto declarar exentos a los vecinos de la zona afectada por la dana y bonificaciones de hasta el 95 % para personas con bajos ingresos.

El Ayuntamiento de Girona, con alcalde de la CUP, ideó un sistema con 35 precios diferentes en función del tamaño de la vivienda y el consumo de agua, que permite calcular el número de residentes, en el que se bonifica con 25 euros la utilización de los servicios de reciclaje o de recogida de residuos voluminosos.

El de Bermeo (Bizkaia), gobernado por EH Bildu y la plataforma independiente Guzan, llevará a cabo la subida que conlleva la ley en tres años y para este año ha aprobado un incremento de un 24 %, y en Torrelavega (Cantabria), donde gobiernan PRC y PSOE, la tasa de basuras ha subido con la nueva ley un 8 %, hasta 19 euros al trimestre como cuota fija. 

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