La mujer condenada a 40 años por prostituir a sus hijos no se beneficiará de la Ley del sí es sí

El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación de la mujer, condenada por la Audiencia de Sevilla a casi 40 años de prisión por prostituir y maltratar a sus hijos menores de edad. La defensa en su demanda alegaba una reducción de su condena en virtud de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del sí es sí.

La mujer tendrá que cumplir la condena, con un "límite máximo de cumplimiento" de 20 años, según el Supremo que argumentó que no podría aplicarse una pena más favorable porque la recurrente se encuentra cumpliendo una pena de prisión por acumulación jurídica prevista en el artículo 76 del Código Penal, de 20 años, y la eventual reducción de pena que se interesa no afectaría a este límite de cumplimiento", según el auto, emitido el pasado 23 de mayo, por la Sala de lo Penal del Supremo y recogido por Europa Press.

La ley del sí es sí, que tanta polémica desató, motivó más de 1.000 reducciones de condenas por delitos sexuales, dada la unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo y la máxima de que ante una colisión entre dos normas penales de vigencia temporal diferente, debe aplicarse la pena más favorable para el reo.

La Audiencia de Sevilla condenó en 2019 a la mujer que al comenzar el periodo de adolescencia de una de las hijas, cuando ésta cumplió 13 años de edad, la obligó, "con golpes o conminándole con agredirla, o con no darle de comer", a que mantuviera encuentros de carácter sexual con el otro acusado y condenado en esta causa "a cambio de una suma de dinero que previamente había concertado el mismo" con la madre de los menores.

Según la sentencia inicial condenatoria, estos encuentros tuvieron lugar hasta 2009, cuando la menor cumplió 15 años y abandonó el domicilio familiar para marcharse a vivir con su padre, y se produjeron "casi todos los días a diferentes horas, a veces en presencia" de la acusada "y otras veces sin ella".

La mujer obligó a sus tres hijos a prostituirse a base de palizas y amenazas

En relación a otro de los hijos de la acusada, la Audiencia declaró probado que los hechos se produjeron "durante cinco o seis meses" entre 2013 y 2014, cuando el pequeño contaba con 14 o 15 años y "fue igualmente obligado por su madre, agrediéndole o infundiéndole el mismo temor que a su hermana, a que fuera a mantener frecuentes encuentros de carácter sexual" con el condenado, "a cambio igualmente de recibir éste una suma de dinero" que el menor entregaba a su madre.

En relación a la tercera de las víctimas, la sentencia inicial de la Audiencia afirma que, "a edad muy temprana", a partir de los nueve años", la acusada "obligó a su hija, con golpes o conminándole de la misma forma que a sus hermanos, a mantener encuentros de carácter sexual" con el acusado también a cambio de dinero.

Asimismo, la Audiencia considera probado que, mientras dos de sus hijos estuvieron bajo la guarda y custodia de la acusada, ésta los "agredía habitualmente, con palizas muy frecuentes si no accedían a hacer lo que ella quisiera", pues "además de las referidas citas sexuales, tenían que ocuparse de las labores de la casa o de cuidar a sus hermanos más pequeños, e inclusive les golpeaba sin justificación alguna", todo ello "uniendo a las agresiones conminaciones continuas de causarles daño, generando una situación habitual de miedo y de inseguridad en sus hijos".

Además, la condenada "incumplía sus deberes más elementales como progenitora de los mismos, pues no atendía el aseo del domicilio familiar, ni de sus hijos menores, ni los llevaba al médico ni al colegio, provocando una situación de total abandono de los mismos".

Todos los delitos cometidos por la madre: agresión sexual, prostitución de menores y maltrato habitual

Por ello, la sentencia impuso otros nueve años más de cárcel como cooperadora necesaria de otro delito continuado de agresión sexual sin introducción de miembros corporales en concurso con un delito continuado de prostitución de menores.

Además de dos penas de seis meses menos un día de cárcel por dos delitos continuados de maltrato habitual, declarando que "siendo el total de las penas de prisión impuestas de 40 años menos dos días de privación de libertad, el límite máximo de cumplimiento por la misma será de 20 años declarándose extinguidas por ley las que excedan de dicho límite".

Pero tras analizar los motivos del recurso y esgrimir la doctrina en la materia, el Supremo expone que "no puede estimarse que la Ley 10/2022 sea una norma penal más favorable, por cuanto la recurrente se encuentra cumpliendo una pena de prisión, por acumulación jurídica prevista en el artículo 76 del Código Penal, de 20 años, y la eventual reducción de pena que se interesa no afectaría a este límite de cumplimiento".

"La aplicación de la ley intermedia, pese a que pudiera comportar la rebaja de algunas de las distintas penas puntuales impuestas, no arrastraría ninguna reducción de la pena efectiva acumulada que el penado debe cumplir", indica el Supremo, que resuelve que "no ha lugar a la admisión del recurso de casación de la condenada.

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