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El Congreso de los Diputados vota el martes una reforma de la ley del solo sí es sí con el objetivo elevar las penas a los agresores sexuales cuando actúen con violencia o intimidación. El PSOE presentó una propuesta en solitario tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Igualdad y ahora, todo parece apuntar a que se aprobará con el apoyo de la oposición, algo que sus socios de Gobierno que consideran una "traición al feminismo".
El objeto de la reforma, según explicó el portavoz del grupo socialista, Patxi López, tras registrarla es "corregir los efectos no deseados" de "una buena ley" y "acabar con la alarma social" que habían generado las rebajas de condenas a agresores sexuales. Se aumentan penas y se "acotan" las horquillas para que las condenas sean "mucho más correctas" cuando la reforma entre en vigor.
En esta reforma de ley, los socialistas han defendido incluir la violencia y la intimidación como un subtipo agravado dentro de la norma y retocar algunas penas, algo que para Unidas Podemos significa renunciar en la práctica al consentimiento, su línea roja para no apoyar la reforma.
El presidente del grupo confederal y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, señala que los datos de revisión de penas sostienen que solo un 25% acaban en reducciones y que solo una minoría de la judicatura se desvía del sentido de la ley, además de puntualizar que la Fiscalía está recurriendo esas resoluciones y que el número de rebajas de condena se puede "reducir notablemente" cuando se pronuncie el Tribunal Supremo.
Por tanto, enfatiza que las "prisas no son buenas" a la hora de hacer balance de la ley ni tampoco es positivo hacer una "reforma en caliente”.
Por tanto, este sería partidario de evaluar la norma no en base a si las penas se han rebajado, sino en clave de si se han producido más denuncias y si las mujeres están más protegidas, que es el objetivo principal de la ley.
Además, ha comentado que España tiene uno de los códigos penales más severos a nivel internacional en materia de agresiones sexuales y que las mujeres "no se van a sentir más protegidas si los condenados salen dos o tres meses después", sino el habilitar más psicólogos y evitar el "calvario probatorio" durante el proceso. Así, ha criticado que se dé un "populismo punitivo" con la creencia "errónea" que a mayor pena hay menor delito, algo que se rebate por ejemplo a tenor de los índices de criminalidad que presenta, por ejemplo, Estados Unidos.
Sin embargo, desde el PSOE, la diputada socialista en el Congreso y secretaria de Igualdad, Andrea Fernández, señaló que "el gran cambio de paradigma que plantea la ley en materia penal se quede como está, que es el consentimiento con una definición positiva".
Asimismo, indicó que el problema de la norma es que las horquillas de penas "son muy amplias y que hay demasiada discrecionalidad a la hora de hacer una valoración de qué pena corresponde", por lo que ven necesario acotar esas horquillas y en algunos supuestos subir algunas penas.
Por último, pidió acabar el debate de si se está volviendo a un modelo anterior, ya que asegura que "no es cierto" y se aleja del rigor necesario para abordar este debate.