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Los centros de depilación láser y estética Ideal han sorprendido a clientes y trabajadores con su cierre repentino. Miles de clientes se quedan con tratamientos pagados o financiados sin terminar. La franquicia tiene alrededor de un centenar de centros operativos en España y unos 1.500 empleados.
La dirección de los Centros Ideal en una nota ha explicado que la clausura se debe a “la situación económica que llevamos atravesando desde la pandemia” y que están en “proceso de negociación para la redirección de los clientes con tratamientos pendientes”.
Muchos clientes pagan por adelantado los tratamientos de depilación y belleza. Otros incluso lo financian. Muchos se preguntan qué pasará ahora con los servicios contratados que no han recibido.
Los usuarios afectados por el cierre de Centros Ideal tienen derecho a que la empresa les reembolse el dinero de los tratamientos que ya hayan pagado y no vayan a recibir, según explica FACUA.
Quienes tengan financiado un tratamiento que se ha quedado a medias tienen derecho a exigir la cancelación de las cuotas de los servicios que no van a recibir.
Los usuarios deben detallar en un su reclamación a Centros Ideal su caso particular, con los servicios y las cantidades que reclaman. Lo adecuado es enviar un burofax al domicilio social de la compañía en Madrid.
En los casos de tratamientos financiados, los expertos explican que también hay que dirigirse a la entidad financiera correspondiente. En este caso, se trata de exigir la anulación del contrato firmado por incumplimiento.
Para poder presentar la reclamación es clave conservar toda la documentación relacionada con el contrato, incluidos folletos, publicidad, presupuestos, contratos, acreditación de los pagos ya hecho efectuados o historia clínica. De hecho, Facua aconseja a la gente guardar toda la documentación hasta que les reintegren su dinero.
En caso de que la empresa entre en concurso de acreedores, FACUA recuerda a los clientes afectados que tienen un mes para comunicar su crédito al administrador concursal desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Paralelamente, el usuario puede acudir a la vía judicial.