La Audiencia de Barcelona ha rechazado por tercera vez la libertad del exjugador del FC Barcelona Dani Alves, acusado de la presunta violación de una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona, en la noche del 30 al 31 de diciembre del 2022. La representación de Alves volvió a pedir su libertad provisional el 7 de noviembre, pero el tribunal lo desestima porque "se cumplen todos los requisitos para acordar la prisión provisional". El juez no ve arraigo y mantiene el riesgo de fuga. Para la Fiscalía, el vínculo matrimonial o una vivienda en España no desvirtúan este riesgo y considera que se cumplen todos los requisitos de los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la prisión provisional.

La Fiscalía Provincial entiende igualmente que no serían aplicables las penas mínimas de un año de prisión alegadas por la defensa, aunque el procesado haya consignado la cantidad pedida en concepto de fianza.

La defensa alegaba que habían pasado tres meses desde la anterior resolución denegando la libertad; que el encausado ya lleva nueve meses en prisión provisional, y que "no han variado las circunstancias que motivaron la medida cautelar de prisión". La abogada solicitó su puesta en libertad fundamentada en el arraigo del futbolista en España (lo que limitaría el riesgo de fuga) y que el jugador ha consignado los 150.000 euros de una indemnización en caso de condena. No considera el juez que haya cambios sustanciales para considerar que la llegada de los hijos a España del jugador no haya sido una jugada ad hoc para justificar el arraigo, como ya se pensó en su momento. Y no se ha añadido ninguna modificación que certifique que se haya producido un mayor arraigo. En cuanto a la cercanía del juicio, el juez considera que sigue siendo un motivo más de riesgo de fuga.

El juicio afronta su recta final y se podría celebrar en la Audiencia de Barcelona a principios del próximo año si no se alcanza un acuerdo de conformidad. Tras la presentación de la calificación de la fiscalía, que reclama nueve años de prisión para el exjugador brasileño del FC Barcelona y la libertad vigilada durante 10 años, está previsto que la acusación particular haga lo mismo y su abogada Ester García ya ha anunciado que pedirá la pena máxima de 12 años.

El tribunal ha desestimado de esta manera la petición de excarcelación planteada por la defensa del exfutbolista, que argumentó que la consignación en el juzgado, por orden de la jueza que instruyó el caso, de 150.000 euros para pagar una eventual indemnización a la víctima debía ser considerada como una atenuante muy cualificada de reparación del daño. Para conseguir esta calificación jurídica, la abogada Inés Guardiola, que representa al deportista brasileño, instó a que esa cantidad fuera entregada ya a la víctima. Este hecho, en su opinión, debería rebajar la posible condena al deportista brasileño hasta menos de dos años de prisión. No opina así el juez que cree que ya existe una petición de pena por parte del ministerio Fiscal muy alejada de la petición de la defensa mientras que le corresponde al órgano sentenciador si se aplica o no este atenuante de reparación del daño que debe considerar también si esto supone un atenuante simple o muy cualificada.

Alves está encarcelado desde el pasado 20 de enero por la presunta agresión sexual. Tanto la jueza como la Audiencia de Barcelona denegaron su libertad desde entonces en dos ocasiones, al considerar que había riesgo de fuga por la capacidad económica que tiene el exfutbolista y su falta de arraigo en España. En esta tercera ocasión, la defensa cambió de estrategia. Sin embargo, no le ha dado resultado y los magistrados han rechazado su razonamiento. Era una misión complicada que el exjugador saliera del centro penitenciario ante la perspectiva de que el juicio se pueda celebrar dentro de poco tiempo.

Tras la presentación por parte del fiscal de su escrito de calificación, en el que solicita 9 años de prisión, 10 de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 150.000 euros, ahora se está pendiente de que cumpla este trámite procesal la acusación particular, que ejerce la abogada Ester García en nombre de la víctima. Después, le tocará el turno a la defensa y, posteriormente, el tribunal acordará el señalamiento del juicio.