La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el ocho de noviembre a I.R.M.A, acusado de un delito de abuso sexual continuado a una mujer con discapacidad del 65%. La víctima, nacida en 1996, presenta una minusvalía psíquica de carácter definido que le ocasiona un retraso mental ligero. En 2016, fue derivada a un centro ocupacional dentro del programa laboral de la asociación al que asistía con regularidad por las mañanas y las tardes.
El acusado, que entró a trabajar por una sustitución, aprovechaba los turnos de descanso y tiempo libre que tenía para ir con la denunciante a diferentes zonas del mismo para abusar de ella, teniendo relaciones sexuales completas. Aunque no se ha precisado el espacio temporal en el que ocurrieron los hechos, se ha situado con mayor frecuencia durante el verano de 2018.
El acusado entró a trabajar en el centro el tres de diciembre de 2017 en un puesto de monitor de lavandería. Ahí conoció a la joven que, tras ganarse su confianza, aprovechó la minusvalía que padecía y comenzó a tener relaciones sexuales consentidas por vía vaginal, anal y bucal. El ocho de octubre de 2018, una trabajadora del centro sorprendió a la denunciante “despeinada, alterada y nerviosa, saliendo apresurada de la lavandería y a escasos metros se encontraba el acusado subiéndose rápidamente sus pantalones”. Ese mismo día, fue el propio procesado quien informó a la dirección del centro.
Dos días más tarde, la directora del centro se entrevistó con la denunciante, quien mostró preocupación por todo lo acontecido y con el acusado, que le cuestionó si la joven había señalado que estaba “liada” con él. El procesado se despidió del centro firmando la baja voluntaria.
Una vez interpuesta la denuncia el 19 de octubre de 2018, la Guardia Civil estableció la prohibición de acercarse a la afectada a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio directo o indirecto con la denunciante.
La Fiscalía pide una pena de nueve años y tres meses de prisión, la prohibición de acercarse y comunicarse con ella durante 15 años y deberá indemnizarla con 30.000 euros por los daños morales. Así, tendrá que someterse a programas formativos de educación sexual durante 10 años.
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