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La Unión Europea, tras casi una década de bloqueo, ha cerrado ya un pacto migratorio; un acuerdo que al mismo tiempo en que endurece las condiciones para el asilo, con pagos por rechazar refugiados, ha generado un profundo rechazo de distintas ONG y algunos partidos políticos que se oponen directamente.
Una vez sea aprobado este pacto, cada refugiado que llegue a las fronteras verá como sus datos, su cara y sus huellas son introducidos en un ordenador. Tras ello, los que sean considerados un riesgo o no encajen en el perfil del demandante de asilo serán deportados. Los demás, podrían permanecer detenidos en centros, días, semanas o meses.
Acabado el proceso, los refugiados se repartirán entre los 27 Estados miembro, aunque la novedad es que a partir de ahora los gobiernos que no quieran acoger a los suyos podrán compensar a los países receptores con 20.000 euros por cada uno.
Este nuevo pacto migratorio, que se alcanza con España en la Presidencia del Consejo Europeo, llega como una prioridad que pretende cubrir todo el proceso migratorio desde que el migrante llega a la frontera hasta que se le da asilo o se le deniega y, a priori, la intención es que el lapso hasta que se produce una primera decisión sea de seis meses, con la posibilidad de su rechazo en la frontera.
Pudiendo eludir el proceso de reubicación de refugiados con el pago de 20.000 euros por persona rechazada, el objetivo, no obstante, es de reubicar a 30.000 personas al año. En un principio, el Parlamento Europeo pretendía el reparto obligatorio de las cuotas en situaciones de crisis, pero se ha cedido en este punto a cambio de desbloquear el acuerdo de una vez por todas y lanzarlo para su aprobación.
Según los primeros detalles del pacto, en caso de una grave crisis de refugiados, la Comisión Europea pondrá sobre la mesa medidas adicionales en las que la reubicación será prioritaria, aunque tendrán que ser avaladas por el Consejo de la UE, con todo lo que ello conlleva.
Más allá, el pacto recoge un endurecimiento de las reglas para la concesión de asilo, con un aumento de los plazos de detención y la posibilidad de deportaciones rápidas en frontera.
Además, en la llegada, el control de los migrantes incluirá la recogida de huellas dactilares y datos faciales mediante sistemas biométricos, algo que también afectará a los niños migrantes a partir de los seis años. En ese proceso, todo aquel considerado una “amenaza para la seguridad” podrá ser registrado; un proceso de ‘screening’ que también ha generado discrepancias en el seno de la UE.
Ahora, los Estados miembro tendrán que aprobarlo por mayoría cualificada en el Consejo de la UE y en el Parlamento.
Ante este pacto, medio centenar de organizaciones de la sociedad civil han salido en tromba a manifestar su profunda condena al denominado Pacto Europeo de Migración y Asilo alcanzado el miércoles por los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo.
Las ONG denuncian que se trata de un claro "retroceso en los derechos humanos" y lo tildan de “históricamente malo”, como ha subrayado Willy Bergogné, director de Save the Children Europa y representante de la UE.
"El Pacto sobre Migración de la UE viola descaradamente los derechos de los niños, pone en peligro a los niños en tránsito y conducirá a una mayor separación de las familias inmigrantes. Es evidente que para la mayoría de los legisladores la prioridad era cerrar fronteras", ha criticado a este respecto.
En la misma línea, Andrés Conde, director general de Save the Children España, ha denunciado que "ningún niño debe ser detenido".
"Este pacto facilita la detención y la permanencia en instalaciones policiales de niños y niñas de Europa", ha dicho, trasladando su indignación respecto a un pacto en el que el reglamento de Eurodac amplía las bases de datos e introduce imágenes faciales además del habitual registro de huellas dactilares y que se aplicará incluso a los niños a partir de 6 años.
De la misma forma, el director general de Save the Children España, en lo que es una crítica común entre las ONG, incide en esas "dificultades" que introduce el pacto en lo que se refiere a la reunificación familiar.
"No contempla a los hermanos como familiares para procesos de reunificación. Los niños no acompañados no podrán reunificarse con sus hermanos que están en otros lugares", advierte Andrés Conde, mientras Jennfider Zuppiroli, experta en infancia migrante de Save the Children, insiste también en la “preocupación” que genera este pacto y la “decepción” que les produce por el enfoque general del mismo.
"Prioriza la protección de fronteras frente a la protección de la infancia migrante y refugiada", denuncian.
También la Comisión Española de Ayuda al Regudiado (CEAR) expresa su preocupación por lo que denominan mecanismo de “solidaridad a la carta”, el cual, dicen "no aliviará la presión migratoria que reciben los países fronterizos como España y que está en el origen de la necesidad de una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo".
"Este mecanismo fijará, en situaciones de crisis, un objetivo de 30.000 reubicaciones anuales para el conjunto de la UE, pudiendo los Estados miembro intercambiar sus cuotas por 20.000 euros por cada persona no reubicada, fondos que podrían destinarse a reforzar las políticas de externalización y control de las fronteras", alerta.
De este modo, recalcan que el debate "no puede estar centrado en cuestiones relacionadas con la seguridad y debe focalizarse en un enfoque garantista de los Derechos Humanos".
En igual sentido, Hope Barker, analista principal de políticas de la Red de Monitoreo de Violencia Fronteriza, advierte que los colegisladores saldrán en los próximos días con la narrativa de que se ha alcanzado un acuerdo histórico para 'gestionar la migración' eficientemente en Europa y garantizar la solidaridad entre los Estados miembros", pero subraya que no será más que “una mentira”.
"Las negociaciones se han apresurado por razones políticas, el cruel sistema previsto caerá al primer obstáculo de su implementación y las peores consecuencias las sentirán quienes buscan seguridad. Es una farsa vergonzosa y tenemos que denunciarlo como tal", ha dicho.
Mientras, Sara Prestianni, directora de promoción de EuroMed Rights, ha comentado que el acuerdo mantiene el "peligroso concepto de 'terceros países seguros' para permitir a los Estados miembros devolver a los solicitantes de asilo a pesar del riesgo de violaciones de derechos humanos. "Esto significa que los solicitantes de asilo podrían ser enviados a países como Túnez, incluso si el gobierno apoyara la violencia. Y expulsiones colectivas de migrantes de África subsahariana a Libia y Argelia", asegura.
En ese sentido, lamenta que se defina como "solidaridad" el apoyo económico a la "dimensión exterior y la gestión de fronteras exteriores".
La indignación de las ONG es máxima. "Este nuevo pacto refleja esta mentalidad racista y explotadora. ¡Es una vergüenza!”, asegura Nyanchama Okemwa, presidente de la junta directiva de la Red Europea contra el Racismo, mientras Michele LeVoy, directora de la Plataforma para la cooperación internacional sobre inmigrantes indocumentados, incide en que el pacto “perjudicará a la gente”.
"Aumentará la detención en las fronteras para todos, incluidas familias, niños y bebés; fomentará la elaboración de perfiles raciales contra cualquiera que parezca "extranjero"; y obstaculizará el acceso a permisos de residencia distintos del asilo. Este pacto no es la forma en que Europa hace honor a sus valores de dignidad humana e igualdad", ha insistido esta última.
También Director Regional del Servicio Jesuita a Refugiados Europa (JRS Europa), ha augurado que el acuerdo "probablemente concentrará a miles de personas -incluidos niños- en detención de facto en las fronteras exteriores de la UE" y aumentará exponencialmente" su sufrimiento y sus obstáculos, subrayando que "la UE debe volver a comprobar su brújula moral".
Igualmente, Cáritas Europa demanda una rectificación y cambiar el rumbo del pacto antes de su aprobación final: "Lamentamos que el nuevo mecanismo de solidaridad a la carta -donde los Estados miembros de la UE pueden elegir el tipo de solidaridad que ofrecen y, literalmente, comprarse la reubicación- no compense la mayor responsabilidad que recaerá sobre los Estados miembros en el ámbito exterior de la UE. En lugar de hacer que el sistema de asilo de la UE sea más fuerte y más justo, los Estados miembros de la UE prefieren transferir su responsabilidad de asilo a países no pertenecientes a la UE, impedir las llegadas y acelerar el retorno, exponiendo a los migrantes a violaciones de derechos humanos. Otro sistema de asilo es posible", señalan.
Por su parte, Stephanie Pope, asesora de política migratoria de la UE en Oxfam Internacional, se ha preguntado a qué coste se ha alcanzado el pacto. "Lo que se ha acordado no es mejor; en muchos sentidos, es mucho peor (...). Acordaron aumentar la detención, incluso de niños y familias en centros similares a prisiones. También han cerrado la puerta a quienes buscan asilo con procedimientos deficientes, deportaciones aceleradas y han jugado con la vida de personas con mayores riesgos de devolución. Este acuerdo también se basa en pagar a países no pertenecientes a la UE para que cumplan las órdenes de la UE. Es un peligroso desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y del derecho de los refugiados", ha lamentado.
A este respecto, apostillan que “la UE debe reformar el sistema de Dublín (regla del primer país de entrada) y crear un mecanismo de solidaridad obligatorio que dé prioridad a la reubicación. A los países de la UE no se les debería permitir pagar en lugar de cumplir con sus obligaciones de acogida”, han denunciado, recalcando que el pacto hará retroceder la legislación europea en materia de asilo durante las próximas décadas y provocarán un mayor sufrimiento humano.
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