La Comisión Nacional para los Derechos Humanos de India ha exigido una investigación inmediata a las autoridades del país asiático sobre una red masiva de venta y tráfico de niñas, algunas de solo ocho años de edad, en el estado septentrional de Rajastán, donde son " distribuidas" a numerosos puntos del país, entre ellos la capital, Nueva Delhi, o incluso al extranjero, como saldo de deudas familiares. Muchos padres no pueden pagar préstamos y son obligados a reembolsarlos con esta práctica "abominable".
La comisión, ha explicado este jueves en un comunicado, toma nota de las informaciones publicadas recientemente por los medios del país y que vinculan estas "ventas" de menores a los "dictados" de los consejos comunales o panchayat, que funcionan siguiendo el estricto sistema de castas sociales del país. El organismo también denuncia aspectos particularmente escabrosos, como el hecho de que si las familias se niegan a usar a sus hijas en estas subastas, las madres acaban siendo víctimas de violaciones y otros abusos sexuales.
"De confirmarse, estaríamos ante una práctica abominable", avisa la comisión. Entre los casos destacados por la comisión está el de un hombre que pidió prestado 1,5 millones de rupias (unos 18.000 euros) a un vecino, y que se vio obligado por el panchayat a vender a su hermana y a su hija de 12 años para saldar la deuda.
En otro, un hombre que pidió prestadas 600.000 rupias (7.300 euros) cuando su esposa se enfermó y necesitó tratamiento hospitalario, no pudo devolverlo. Por ello, le obligaron a entregar a su pequeña hija al acreedor, quien luego la vendió a un traficante en Agra. A partir de ahí, “fue vendida tres veces y quedó embarazada cuatro veces”, precisa la comisión.
La comisión ha enviado un aviso al director general de Policía de Rajastán para que presente un informe detallado "que mencione el inicio de un proceso penal contra los perpetradores de dicho delito y sus cómplices o simpatizantes".
Mientras tanto, el relator especial de la comisión, Umesh Kumar Sharma, visitará e investigará en los próximos días el estado con vistas a la preparación de un informe sobre lo ocurrido y a su presentación en un plazo máximo de tres meses.