El pasado martes llegaron a Galicia unos 40 migrantes de los 400 que el Gobierno en funciones tiene previsto traer a la comunidad para aliviar la presión migratoria que sufren las Islas Canarias.
En un principio estaba previsto que se instalaran en Sobrado dos Monxes, A Coruña, pero finalmente fueron reubicados en un albergue de O Porriño, después de que el alcalde socialista de Sobrado, Lisardo Santos, rechazara alojarlos en sus instalaciones con la excusa de que “la gente del pueblo no quería”.
Sin embargo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración ha confirmado que finalmente “la localidad coruñesa de Sobrado dos Monxes recibirá este jueves inmigrantes llegados a Canarias”.
De esta manera, y "tal y como estaba previsto”, aseguran desde la entidad pública en un comunicado, “el albergue de Sobrado dos Monxes comenzará a formar parte de la red de acogida del Ministerio", y será este jueves cuando vengan a dicho municipio las primeras personas llegadas a las costas de las Islas Canarias en las últimas semanas.
Fuentes consultadas por este medio han asegurado que, en principio, serán unos diez los inmigrantes que se alberguen en Sobrado.
El alcalde socialista, Lisardo Santos, se defiende de las acusaciones vertidas hacia él por su falta de solidaridad señalando que “el Ayuntamiento no tuvo ninguna comunicación oficial, ni por parte de la Delegación del Gobierno en Galicia ni del Ministerio".
El regidor coruñés alega problemas de capacidad, logística e infraestructuras, pese a que la mismísima hospedería del monasterio de Santa María de Sobrado ya estaba “dispuesta a acoger a los migrantes durante un mes”, según han confesado a los medios locales, pues cuentan con espacio de sobra para el grupo.
El regidor socialista, que este martes rechazó hacer declaraciones para este medio, ha defendido en otras cabeceras que “no es por racismo” a lo que añade que “somos un pueblo acogedor”; sin embargo insiste en que no estaban preparados para recibir a 40 personas de golpe y que la comunicación con la Delegación del Gobierno en Galicia fue “deficiente”.