El Tribunal Supremo ha abierto una causa al diputado del PP, Alberto Casero Ávila, para investigar determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos. El político es el mismo que en febrero protagonizó la polémica del voto erróneo ante la Reforma Laboral.
En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal ha indicado que los hechos atribuidos a la persona aforada podrían ser constitutivos de delito, en una valoración que considera necesariamente muy provisional por el momento procesal en que se encuentra el asunto.
Indicios de prevaricación administrativa y malversación
La decisión del Alto Tribunal tiene lugar después de que el Juzgado de Primera Instanciae Instrucción de dicha localidad elevara la causa al Supremo al considerar que los hechos podrían constituir indiciariamente un delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, según recoge el auto del Supremo, entiende que hay también indicios de un delito de malversación.
Los magistrados han concluido que, siendo necesaria la investigación de estas actuaciones, procede asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento, siendo designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Andrés Palomo del Arco.
