El fallo informático del diputado extremeño del Partido Popular Alberto Casero en su voto telemático ha sido fundamental para sacar adelante la convalidación del decreto de reforma laboral por solo un voto. Así lo ha reconocido la portavoz del PP, Cuca Gamarra, al contar que Casero ha votado a favor por un problema técnico y ha acudido al Pleno a votar presencialmente, pero ya no le han dejado.

Alberto Casero es licenciado en Derecho y se estrenó en el Congreso de los Diputados en la XIII legislatura. Es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP desde el año 2017. Anteriormente, fue senador. Este diputado cobra 70.143,36 euros al año.

El fallo de este dirigente del Partido Popular ha sido la salvación del Gobierno tras conocerse que los dos diputados de UPN obligados por la dirección de su partido a apoyar la reforma laboral, rompían la disciplina de grupo y finalmente votaban no.

La votación ha sido muy ajustada, con 175 votos a favor y 174 en contra, y con resultado no esperado, ya que finalmente los dos diputados de UPN han decidido no acatar la disciplina de voto y votar en contra de la reforma laboral.

Esto habría dado un vuelco a la votación, ya que de esta forma el bloque del 'no' a la reforma habría alcanzado 175 votos, por los 174 de los partidarios por convalidarla. Sin embargo, un diputado del bloque de la derogación ha acabado votando a favor de la reforma.

En un primer momento la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, ha llegado a decir que la reforma había sido derogada, al estallar los aplausos en la bancada 'popular', que junto con los diputados de Vox se han levantado a aplaudir.

Segundos más tarde, los servicios jurídicos de la Cámara le han aclarado que, realmente, los votos a favor eran más que los votos en contra, anunciando la convalidación de la reforma, provocando una reacción similar en las bancadas del PSOE y Unidas Podemos, que han acabado coreando "¡Sí, se puede!".

Tras la votación, en una rueda de prensa urgente en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, portavoz del PP, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que habían informado previamente de cómo se había computado el voto de este diputado en un sentido contrario al que él pretendía.

“En el día de hoy uno de los diputados del PP, que ejercía su derecho al voto telemáticamente, ha votado ‘no’ a la reforma laboral. El certificado emitido por parte de la Cámara ha comprobado que contemplaba un voto diferente al que él ha emitido: un ‘sí’. En ese momento se ha puesto en conocimiento. Ha intentado ponerse en conocimiento de la Cámara. No ha sido posible. Lo ha hecho a través del grupo parlamentario y el grupo parlamentario antes del inicio de la votación ha puesto en conocimiento de la presidenta que había una anomalía y que, por tanto, el sentido del voto que ese diputado había emitido no era el que constaba en el certificado".

"La vicepresidenta de la Mesa también se lo ha hecho constar a la presidenta. Eso se ha producido con carácter previo al inicio de las votaciones. Por tanto, eran plenamente conscientes los miembros de la Mesa de que había una anomalía en el voto emitido por parte de un miembro de esta Cámara, y él lo ha puesto en conocimiento con carácter previo a la Mesa. En ese sentido, han decidido continuar hacia adelante con la votación. El diputado se ha personado en esta Cámara y se le ha impedido la entrada al Hemiciclo", ha denunciado.

En esta línea, Gamarra ha recalcado que la convalidación de la reforma laboral “solo es posible teniendo en cuenta un voto que se ha emitido con un sentido diferente al que se ha contabilizado por parte de la presidencia de la Cámara”, y ha instado a Meritxell Batet a "rectificar".

Para la convalidación del decreto ley con la reforma acordada por los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE, el Gobierno ha sumado los votos de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, el PDeCAT, UPN, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, el Partido Regionalista Cántabro (PRC), Nueva Canarias y Coalición Canaria. En contra han votado el PP, Vox, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, la CUP, el BNG y Foro Asturias.

Asimismo, tal y como pretendía el Gobierno, el Congreso ha rechazado la tramitación de la reforma como proyecto de ley, impidiendo así que los grupos puedan proponer cambios a través de enmiendas.

Este rechazo, exigido por la patronal, que ya había avisado de que no aceptaría que se tocara "ni una coma" del acuerdo, ha impedido la negociación de cambios, tal y como han exigido socios del Gobierno, como ERC y Bildu, que le pedían llevar más lejos la reforma.