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Los transportistas afrontan hoy el noveno día de una huelga que ha terminado por detonar una gran crisis en España. El desorbitado precio de los carburantes, disparado ya definitivamente con la guerra provocada por Rusia en Ucrania, ha sido la estocada final que ha movilizado a buena parte del sector para reclamar medidas efectivas y justas para poder seguir desarrollando su trabajo. Con los precios actuales, denuncian, el margen de beneficio que obtienen es ínfimo, y no es suficiente el ofrecimiento del Gobierno de poner en marcha un plan valorado en 500 millones. Los convocantes desestiman la propuesta porque dicen que no se les ha explicado cómo les va a llegar ese dinero que necesitan para compensar la subida del combustible. Hablamos de un sector con muchos problemas, exceso de intermediarios, escasa regulación, denuncias de conductas abusivas y una media de edad que supera los 50 años. Un mal a largo plazo porque en el futuro no es que haya paros, es que no habrá conductores.
En este contexto, la paralización de la actividad continúa, y con ello se fractura una parte clave de la cadena de suministros. La situación ha escalado hasta el punto de que España afronta distintos problemas de desabastecimiento, mientras numerosas empresas y sectores se han sumado a los paros. Sin poder transportarlos allí donde se necesita, multitud de productos perecederos, como los lácteos, están siendo desechados, dándose la situación de que algunas estanterías en los supermercados han quedado vacías al tiempo en que en las fábricas esos mismos productos se están tirando por no poder repartirlos.
Junto al eslabón clave de los transportistas, otros no menos importantes se suman a la denuncia, como los pesqueros, que permanecen amarrados porque el mero hecho de salir a faenar les supone un gasto inadmisible.
A todo ello, además, se suma una subida generalizada de los precios y una terrible crisis energética en la que también ha tenido un grave impacto la guerra en Ucrania. Así, España no hace sino ver como la vida se encarece más y más, y tras meses encadenando subidas continuas en el precio de la luz, a ello se han venido sumando el encarecimiento de los alimentos y también los récords en el combustible.
Ante este escenario, la crispación y la presión social se multiplica, al tiempo en que lo hacen también las desavenencias entre los representantes políticos, incluso en el propio seno del Gobierno de coalición. En este sentido, se multiplican las voces que claman al Gobierno soluciones inmediatas y rebajas en los impuestos, denunciando la “inacción” del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
A este respecto, Alberto Núñez Feijóo, destinado a convertirse en el próximo congreso extraordinario del PP el 2 y 3 de abril en el nuevo presidente de la formación política, sucediendo a Pablo Casado, ha clamado contra la gestión de la crisis y ha exigido la intervención del Ejército y la Policía para paliar sus efectos y establecer “corredores seguros” para los alimentos perecederos; unas palabras que han tenido su impacto y que han contribuido, entre otras, a que hoy ya se hable de la posibilidad de, incluso, llegar a un nuevo “estado de alarma”, como hizo José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre de 2010 con motivo del cierre del espacio aéreo por la huelga de controladores.
No en vano, este martes una vez más se ha convertido en ‘trending topic’ en Twitter el término ‘estado de alarma’.
Según algunos medios, Sánchez podría estar dispuesto a ello “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes”, tal como prevé la declaración de un estado de alarma, pero lo cierto es que por el momento no hay ningún pronunciamiento oficial que verbalice esta opción; una opción que el Gobierno podría aplicar de forma inmediata tras una reunión extraordinaria, a diferencia del estado de excepción y de sitio, que precisan de la intervención del Congreso de los Diputados.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado hoy que el Ejército vaya a intervenir en el paro de transportistas para garantizar el abastecimiento y ha asegurado, más allá, que tal escenario “no se puede completar en absoluto”.
Así, se ha manifestado convencida de que las personas que están en este momento haciendo huelga "son conscientes de los perjuicios que están causando a la ciudadanía". "Es el momento de arrimar el hombro, negociar y buscar soluciones”, ha dicho.
Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que una bajada generalizada de impuestos "no resuelve ninguno de los problemas" que España tiene en este momento, ante la escalada de precios tras el impacto de la guerra en Ucrania.
"Si bajas los impuestos y esa bajada se ve absorbida inmediatamente por una subida de precios de la energía lo que hacemos es empobrecer al sector público sin tener ningún resultado positivo sobre la población", ha dicho.
Reconociendo que la invasión rusa en Ucrania "ya está teniendo un impacto económico” que puede suponer la ralentización de la recuperación económica, ha asegurado, no obstante, que "no pone en riesgo" el fuerte crecimiento económico y la evolución del mercado laboral.
Entre tanto, con la situación empeorando cada día y con el 29 de marzo que fijó el Gobierno para aplicar sus medidas demasiado lejos, según recoge Okdiario el Ministerio de Transportes habría activado un comité de crisis ante el agravamiento de la huelga.