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Los 47 acusados de formar parte del denominado ‘frente de cárceles’ o ‘frente de makos’ de ETA han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones reconociendo en la Audiencia Nacional los hechos que se les imputan, es decir, que actuaron bajo las órdenes de la organización terrorista a la hora de dirigir al colectivo de presos con el objetivo de garantizar la cohesión y fidelidad a ETA tras el cese definitivo de la actividad armada de octubre de 2011.
El acuerdo alcanzado con la Fiscalía y las acusaciones reduce sustancialmente las condenas, y según éste admiten su participación en la estrategia de la banda para mantener a los miembros del EPPK (colectivo de presos) políticamente activos, con una actitud permanente de “lucha” en el interior de las prisiones. Una estrategia que rechazaba a los que pretendían acogerse a la legalidad para mejorar su situación penitenciaría, dado que ello se entendía como una maniobra en “contra” del colectivo de presos que ponía en cuestión el carácter “político” de la “lucha” que les había llevado a prisión, lo que podría generar una desmovilización mayor de los presos.
La cita judicial se ha producido en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, Madrid, en cuyo banquillo se han sentado abogados conocidos de etarras, como Arantza Zulueta y Jon Enparantza y el exsenador de Bildu Iñaki Goioaga, entre otros.
A preguntas del fiscal, Miguel Ángel Carballo, sobre si reconocen los hechos objeto de acusación, los 47 acusados, –llamados uno por uno por el presidente del tribunal, Alfonso Guevara–, han respondido con un ‘bai’ o ‘sí’.
La mayoría de los acusados han aceptado condenas de entre un año y medio y dos años de prisión por participación en organización terrorista, dado que la mayor parte de ellos carece de antecedentes. Los que sí lo tienen cumplirán la condena en libertad vigilada.
Todos ellos han aceptado inhabilitación absoluta un año y medio más.
Las excepciones la marcan Arantza Zululeta y Jon Enparantza, quienes en calidad de “dirigentes” aceptan tres años y medio y dos años y siete meses de cárcel respectivamente, además de inhabilitación absoluta de año y medio más y libertad vigilada de un año. Ambos deberán ingresar en prisión aunque ya hayan cumplido la preventiva, –les quedan cinco meses–.
Los 47 abogados están acusados de delitos que van desde la participación activa en organización terrorista, colaboración y financiación del terrorismo, hasta enaltecimiento y quebrantamiento de medidas cautelares.
En el 'frente de cárceles' de ETA se agrupaban varias organizaciones que cooperaban y trabajaban sectorialmente a favor de los presos y huidos de la banda terrorista: el colectivo de abogados BL, la organización de apoyo a presos Herrira, la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi o la de familiares de reclusos Etxerat. Fue desarticulado en las operaciones 'Jaque', 'Mate' y 'Pastor' practicadas en enero de 2014, enero de 2015 y marzo de ese mismo año.
El colectivo de abogados (los ‘bertsolaris’ o ‘pintores’) reconoce su integración en una estructura que dependía directamente de ETA, siendo todos los miembros totalmente conscientes de la situación y de que las actividades de asistencia jurídica y de recopilación de información que realizaban servían para complementar las actividades de la banda. ETA definía las líneas generales que debían seguir para la defensa jurídica de los miembros del colectivo de presos, tal como han reconocido.