El Congreso de los Diputados ha concluido este jueves la tramitación en las Cortes de la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, que ya puede publicarse y entrar en vigor.

Los diputados han terminado la tramitación parlamentaria de la ley, con una votación que también saca adelante la modificación de la representatividad agraria -en contra del Senado- y otra enmienda para reclamar que el lobo deje de ser especie protegida al norte del Duero, esta última aprobada en la Cámara Alta e impulsada por el PP.

También se han pronunciado sobre las enmiendas del Senado: el voto del lobo va en la línea de la Cámara Alta -una enmienda promovida por el PP- pero el cambio de la representatividad agraria mantiene la primera lectura del Congreso y rechaza el dictamen del Senado (que quería suprimirlo).

En el caso de la representatividad agraria, el PP ha apoyado este jueves su eliminación de este debate, Vox se ha abstenido y el resto de los grupos han respaldado que salga adelante la modificación, que en la práctica supone reconocer a Unión de Uniones al nivel de las otras tres organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA).

Con este voto, termina la tramitación en las Cortes Generales y, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), puede entrar en vigor la Ley que el Gobierno presentó por primera vez durante la pasada legislatura y cuyo avance se vio truncado por las elecciones generales de 2023.

La bronca institucional (entre el Congreso y el Senado) y la conversión de la ley en un debate ómnibus con otros asuntos han ganado protagonismo a la propia legislación sobre desperdicio alimentario, uno de los retos del Gobierno en materia alimentaria.

La ley tiene como objetivo prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, con una jerarquía de prioridades de solución.

También pretende promover la economía circular, sensibilizar a los agentes de producción, transformación, distribución, hostelería, restauración y ciudadanía.

Dirige el foco a la producción, a la venta minorista, en restaurantes y servicios de comidas, así como en los hogares.

El fin es rebajar un 50 % los residuos de alimentos "per cápita" en la venta minorista y del consumo, y del 20 % "de las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030".

Para ello, el proyecto de ley establece una "jerarquía de prioridades de actuación": en primer lugar la prevención mediante la donación de alimentos o su transformación y, en segundo lugar, se procederá al reciclado para la producción de compost.

Por otro lado, el texto fija como "buenas prácticas" de estos agentes "disponer de infraestructuras adecuadas" para favorecer que se minimicen las pérdidas y el desperdicio, incentivar la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima y promover el consumo de los productos de temporada y proximidad.

También se señalan como buenas prácticas la divulgación relativa a una mejor planificación de los menús, la compra sostenible, la cocina de reaprovechamiento, la correcta interpretación de las fechas de caducidad y de consumo preferente y el reciclaje. 

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