El PP y Junts se han vuelto a aliar en el Congreso para introducir una reforma legal que permitirá que los bares y restaurantes de menos de 1.300 metros cuadrados de superficie se libren de la obligación de donar los excedentes de comida, una medida que se ha aprobado en la Comisión de Agricultura a pesar de que PSOE y Sumar, socios del Gobierno, hayan votado en contra. Por otra parte, estos son algunos consejos para reducir el desperdicio de alimentos en los hogares.

Después de que las formaciones llegaran a un acuerdo el lunes para suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, este miércoles por la noche volvieron a juntar sus firmas en una enmienda transaccional al proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. La medida se incorporó a la ley con el respaldo también de Vox, ERC y Bildu, mientras que el PNV se abstuvo.

La enmienda apunta la obligación para las actividades de distribución alimentaria desarrolladas en establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público superior a los 1.300 metros cuadrados entre todos sus locales. En la práctica, son principalmente los grandes supermercados o grandes cadenas de restaurantes.

De esa obligación quedan exceptuadas las actividades de transformación, comercio minorista, distribución alimentaria, hostelería o restauración desarrolladas en establecimientos con una superficie inferior a esos 1.300 metros cuadrados. También quedan exoneradas de dicha obligación las microempresas y a las pequeñas explotaciones agrarias.

Y no fue la única enmienda que se incorporó en la comisión en contra del criterio del Gobierno. El PP también consiguió los apoyos de Vox y Junts para obligar por ley al Gobierno a establecer, en el menor tiempo posible, el mecanismo para la aplicación inmediata del tipo del 0% a todas las entregas de bienes, en especies o dinerarias, realizadas en concepto de donativos para la adquisición de alimentos o artículos de primera necesidad a las entidades sin fines lucrativos.

Esas entidades pueden ser fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, organizaciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo, federaciones deportivas estatales o autonómicas en las que esté integrado el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico o que no tengan fines lucrativos.

La enmienda indica que ese régimen tributario "se aplicará exclusivamente a los alimentos y bienes que serán utilizados para donaciones, y se excluyen los productos".

Por otra parte, la comisión aprobó otra enmienda del PP para modificar la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular y eliminar la exigencia de que los comercios minoristas de más de 400 metros cuadrados destinen el 20% de su área de venta a ofrecer productos presentados sin embalaje primario. Así, las tiendas tendrán que ofertar esos productos, pero sin un porcentaje obligatorio de espacio.

A esto se suma otra reforma del Estatuto de los Trabajadores para que, en el marco de las campañas agrícolas, se puedan formalizar contratos por circunstancias de la producción, con el fin de evitar que la falta de mano de obra para recoger la cosecha aumente el desperdicio.

El Grupo Popular consiguió apoyos suficientes para que titulares de explotaciones agrarias, sean autónomos o empresas, cooperativas agrarias y las comunidades de regantes sujetas a estacionalidad tengan derecho a un contrato de acceso a las redes de transporte y distribución de energía con dos potencias diferentes en un mismo año.

Esa potencia se contrataría en función de la necesidad de suministro para la actividad, con la mera comunicación por medios telemáticos y/o telefónicos a su suministrador. A tal fin, las compañías suministradoras facilitarán un número de atención telefónica gratuito.

La enmienda también recoge que los precios del término de potencia no surtirán incremento alguno respecto de las tarifas de aplicación, siempre que la fijación así establecida sea consistente con la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema recogido en la ley del sector eléctrico.

Quien también logró meter medidas a la ley, en esta caso en contra del criterio del PSOE, fue ERC, que sumó el respaldo suficiente para incluir en el texto una disposición adicional que regula el espigueo, una actividad que consiste en la rebusca de alimentos que han quedado en el campo después de la cosecha principal.

La disposición obliga al Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, a regular el espigueo como actividad complementaria y sin ánimo de lucro para la prevención de las pérdidas de alimentarias.

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