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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendía anunciando la cancelación de su agenda hasta el próximo lunes 29 de abril para "parar y reflexionar" sobre su posible dimisión. El líder del PSOE tomaba esta determinación después de que se abriesen diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, tras la denuncia interpuesta por Manos Limpias. Ante la posible dimisión de Pedro Sánchez, la pregunta es: ¿quién asumiría el cargo?
Antes de nada, la estructura política española está diseñada para mantener la continuidad del Gobierno en casos inesperados como podría ser este. En el caso de que el Presidente dimitiera, la Constitución recoge cuáles serían los siguientes pasos.
En el artículo 101 de la Constitución se puede leer lo siguiente: "El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno".
Por lo tanto, si Pedro Sánchez dimitiera todo el Gobierno estaría también obligado a cesar. No obstante, continuarían en funciones hasta la designación e investidura del nuevo presidente, pero con ciertas limitaciones, como la imposibilidad de aprobar nuevos proyectos de ley o realizar propuestas legislativas.
Su misión principal sería la de asegurar la administración ordinaria del Estado y la gestión de los asuntos públicos, evitando tomar decisiones de calado que deberían ser responsabilidad del próximo Gobierno plenamente constituido.
No obstante, la dimisión de Pedro Sánchez implicaría que las Cortes no se podrían disolver antes del 30 mayo, fecha en la que ya habría transcurrido un año de la anterior disolución. Por otra parte, el líder del Ejecutivo sí tiene en su mano someterse a una cuestión de confianza que no requiere mayoría absoluta.
Otra opción sería ceder la Presidencia a otro socialista, pero eso implicaría el proceso de consultas del Rey y otra investidura que, con el mapa político actual, exigiría muchos acuerdos y complicidades. Sin duda, la decisión de Pedro Sánchez de parar su agenda pública y decidir su continuidad o no en el Gobierno ha abierto un abanico de posibilidades con sus pros y sus contras.
En la Constitución Española, el artículo 99.1 determina que "después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno".
En este caso, podría ser María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno y también ministra de Hacienda, pero el candidato debe, tal y como está recogido en la legislación, contar con el apoyo de la cámara baja para ser investido.
Tras la propuesta del Rey, el candidato o candidata tendría que someterse a la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados y para ser elegido necesitaría una mayoría absoluta en la primera votación o una mayoría simple en la segunda votación, pasadas 48 horas, de la cámara baja.
De no ser investido, se iniciaría un plazo de dos meses para la propuesta de nuevos candidatos y si tras este periodo ninguno de ellos ha sido investido el Rey disolverá ambas cámaras y convocaría nuevas elecciones generales.