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La Asociación del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (ACSIAE) ha denunciado también el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez porque "supondría un cambio en el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado" y podría "erosionar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir todo procedimiento de selección de personal público".
Esta asociación, a través de un comunicado remitido a EFE, se une al resto de asociaciones profesionales que ya se han pronunciado sobre un acuerdo político que en su opinión "parece que podría atacar frontalmente la Constitución".
Afirma ACSIAE que "junto a otros cuerpos de la Administración, los interventores y auditores del Estado defendimos el Estado de Derecho y la legalidad constitucional en la reacción del Estado frente a los hechos sucedidos en Cataluña en 2017".
Traslada asimismo su "reconocimiento y apoyo" a todos los interventores y auditores del Estado que intervinieron profesionalmente en todos los procesos, haciendo extensivo tal reconocimiento a los restantes empleados públicos que, con objetividad "garantizaron la plena vigencia de la Constitución".
Los interventores y auditores del Estado afirman que "nuestra Carta Magna es la que garantiza la igualdad, el principio de solidaridad interregional, el principio de justicia financiera, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, evitando, entre otros asuntos, que haya Comunidades Autónomas de primera y de segunda".
Manifiesta de igual modo ACSIAE en su comunicado su "apoyo incondicional a todos los jueces y magistrados que ostentan el Poder Judicial, así como a nuestras Unidades de auxilio con la Administración de Justicia, quienes actuando con plena independencia y sometidos únicamente al imperio de la Ley, tratan de defender la legalidad y el resto de valores promulgados en nuestra Constitución".
Al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado le corresponde, recuerda la asociación, la supervisión y control de la actividad económico-financiera del sector público estatal y su adecuación a los principios de legalidad, economía y eficiencia.