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El párrafo de la discordia de la ley de amnistía que ha provocado la reacción en cadena de la judicatura en España apunta directamente a los jueces: "Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas". Bruselas ya ha pedido explicaciones sobre la ley de amnistía. El PSOE ha respondido que aún no hay texto de la ley de amnistía.
En el texto se señala que "esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía si pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", detalla.
¿Significa esto que el Congreso revisará las resoluciones judiciales de los jueces? ¿Qué consecuencias legales tendría esto? El acuerdo no explica cómo ni en qué se concretarían esos cambios, pero da a entender que se trataría de extender la medida de gracia a casos en los que las comisiones de investigación destapen un supuesto uso abusivo de la justicia. ¿Deja esto a los pies de los caballos a jueces como García Castellón o Llarena que siguen las causas contra Puigdemont?
Desde el Tribunal Supremo hasta la Audiencia Nacional pasando por el TSJ de Cataluña y todos los jueces que instruyen, juzgan o han condenado estos hechos están obligados a aplicar la Ley. Pero tienen en sus manos paralizar temporalmente su decisión si consideran que la ley es inconstitucional.
En este sentido pueden dirigirse al TC y plantear una cuestión de inconstitucionalidad, lo que dejaría en suspenso la decisión concreta del juez en cuestión, a la espera de que el órgano de garantías le resuelva sus dudas sobre el encaje del texto en la Carta. Tal y como confirman fuentes jurídicas a Onda Cero, tanto el tribunal del procés, es decir, la Sala del Supremo presidida por Manuel Marchena, como otros jueces que investigan distintas causas como el magistrado Manuel García Castellón, instructor del caso Tsunami en el que se investiga a Puigdemont por terrorismo, prevén plantear este tipo de consultas, en el caso de tener que aplicar una ley de amnistía.
Una vez que el TC resuelva tanto las diferentes cuestiones de inconstitucionalidad como los recursos anunciados por PP y Vox, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el resto de órganos judiciales que hayan elevado su consulta al órgano de garantías estarían obligados a acatar lo que haya determinado el tribunal presidido por Conde Pumpido.
Lo mismo puede ocurrir si los jueces y tribunales plantean ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sus dudas sobre el encaje de la amnistía en la normativa europea
Hoy mismo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en conocimiento de la UE "los graves episodios de ataque al Estado de Derecho" en España tras los acuerdos alcanzados por el PSOE con ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, remitiendo a las autoridades comunitarias las dos declaraciones adoptadas en este sentido por el órgano de gobierno de los jueces.
Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, el Consejo ha remitido ambos textos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta del Gobierno comunitario, Vera Jourova; al comisario de Justicia, Didier Reynders; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell; así como a la presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia.
En la misiva dirigida a la Red Judicial de Consejos de Justicia, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, se informa de "los graves episodios de ataque al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España". "Con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España, el actual presidente del Gobierno en funciones ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos delitos de corrupción".
El CGPJ alerta de que "el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes". "En opinión del CGPJ, dichos pactos, tanto por su finalidad como por su contenido, suponen la abolición del Estado de Derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes", le traslada.
Como soporte documental, le remite la declaración institucional adoptada el pasado lunes por el Pleno del CGPJ --con nueve votos a favor del sector conservador, cinco en contra del ala progresista y el voto en blanco del presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte-- donde se advierte de que la aprobación de una ley de amnistía supondrá la "abolición" del Estado de Derecho en España.
Envía también el aprobado el jueves en una sesión extraordinaria por la Comisión Permanente, que cuenta con el respaldo de 12 vocales tanto conservadores como progresistas y un voto en contra de la vocal progresista Pilar Sepúlveda, donde el órgano expresa su "frontal oposición" a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto 'lawfare' y anticipa que actuará por "los cauces legalmente establecidos".
El CGPJ pide a la presidenta que ponga esta comunicación y los documentos adjuntos "a disposición de los demás miembros y observadores de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, con la petición añadida de que la difundan en sus propios poderes judiciales".
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó una declaración sobre el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno en la que expresa su "frontal oposición" a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto 'lawfare' y anticipa que actuará por "los cauces legalmente establecidos".
El órgano ejecutivo del CGPJ considera "inadmisibles", "tanto semántica como sustantivamente", las referencias "al 'lawfare' --judicialización de la política-- contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura". "Frente al anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan 'responsabilidades' derivadas, precisamente, de advertirse situaciones de 'lawfare', nos hacemos eco y compartimos el frontal rechazo a tales iniciativas, en línea con lo ya manifestado por la totalidad de las asociaciones judiciales", ha indicado.
La Comisión Permanente expone que "tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales", decisiones que defiende que "se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada". Por todo ello, considera que "la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes". "La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos", advierte.
Al mismo tiempo, la Comisión Permanente ha querido expresar su "apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos".
El PSOE ha contestado en otra nota que el acuerdo “no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de “lawfare”. Añaden que cuando se refiere a “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura”, está aludiendo “a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la mesa del Congreso”. Se refieren a “la reactivación de la Comisión de investigación constituida el 28 de marzo de 2023 sobre la ‘Operación Cataluña’ (que se refiere al uso ilegal de medios públicos para perjudicar a rivales políticos con denuncias que se demostraron falsas); y una nueva comisión sobre ‘Pegasus’”.
“Por tanto, lo que se acuerda ahora es que las conclusiones de estas dos comisiones, como sucede en cualquier comisión de investigación, contendrán recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas. Se trata así de reforzar las garantías de nuestro Estado de Derecho”, aclara el PSOE.
“El Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado”, prosigue el comunicado. Respetan además “la independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separación de poderes”., destaca el PSOE.
Los jueces y el propio Puigdemont creen lo contrario y consideran que el acuerdo abre la vía a que comisiones parlamentarias revisen la aplicación de las leyes realizadas por los jueces durante el procés y también las que harán en el futuro con la aplicación de la ley de amnistía.
Las cuatro asociaciones judiciales han mostrado también su rechazo al "lawfare" o judicialización de la política que incluye el pacto firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, pues podría suponer la "intromisión en la independencia judicial" y la "quiebra de la separación de poderes". En un comunicado conjunto, las asociaciones reprochan la "desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial" que, en su opinión, se desprende de la referencia a una ley de amnistía que incluirá a personas implicadas en casos de "lawfare", es decir, del uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política.
Las asociaciones judiciales remarcan la independencia del Poder Judicial en España y aseguran que este "no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta". Por ello, consideran que las expresiones que reflejan dicha "desconfianza" en la justicia "no son aceptables".
Así, los jueces se oponen a un pacto que contiene "explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política", que podrían dar lugar a "acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", argumentan la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).
Las tres asociaciones de fiscales han expresado este jueves su rechazo al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez al entender que ataca al sistema de separación de poderes.
La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han emitido sendos comunicados para mostrar su oposición al acuerdo, como han hecho previamente las cuatro asociaciones de jueces, en este caso con un texto conjunto.
La Asociación de Fiscales ha advertido de que la posibilidad de crear comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales "supone un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio" al Estado de derecho. Y ha tachado de "inaceptable" el uso del término "lawfare", relativo a la supuesta utilización de la Justicia para persecuciones políticas.
La UPF, por su parte, ha recalcado su "absoluto rechazo" a esas referencias a la judicialización de la política y ha tachado de "inadmisible" la creación de esas comisiones de investigación que "pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes". El portavoz de la UPIF, Salvador Viada, también ha mostrado su oposición al acuerdo, "un golpe de gracia al sistema constitucional español".
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