"¿Cuándo se jodió el Perú?", la cita de Vargas Llosa, traída a cuento estos días por el autogolpe y destitución del presidente peruano, también puede invocarse en España. No estamos en un deterioro ‘latinoamericano’ de nuestra democracia. Por ahora nos salva el clima europeo, pero ver a los partidos que han sostenido la restauración de la democracia acusarse mutuamente de golpismo llevará a más de uno a preguntarse: ¿cómo hemos llegado a esto? 

Esta semana se ha escenificado en el Congreso y en los tribunales la quiebra de todos los consensos, la máxima división en instituciones básicas del Estado y la ruptura total entre el Gobierno y la oposición. Todo augura un último año de legislatura de alta tensión teniendo en cuenta que es año electoral donde los partidos estarán en una larga y permanente campaña. Los puentes están rotos.

La decisión del PP de acudir al Constitucional para parar el pleno en el que Sánchez sacó adelante la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y un cambio de mayorías para desbloquear el TC ha generado una situación inédita y un choque de poderes sin precedentes. Los magistrados del tribunal de garantías no paralizaron la sesión del Congreso pero su decisión definitiva no llegará hasta este lunes y todavía pueden paralizar la tramitación de la reforma que se tiene que aprobar definitivamente en el Senado el 22 de diciembre.

Para Feijóo, la votación de este jueves ha sido "más grave" que la que se celebró en el Parlamento de Cataluña en 2017 cuando se declaró la independencia porque allí el PSOE "estaba con la Constitución" y ahora la ha abandonado.

Para Sánchez, la derecha política, mediática y judicial ha intentado "atropellar la democracia" con un "complot burdo" para bloquear el Parlamento como no había ocurrido en 40 años. Los dos líderes, que mantendrán el próximo miércoles en el Senado el último cara a cara del año, se apuntan a las palabras gruesas que tuvieron en el Congreso su máxima expresión en las del diputado socialista Felipe Sicilia que enervaron al PP. "Hace 40 años la derecha también intentó parar un pleno, lo hizo con tricornios, hoy han querido pararlo con togas".

España ha sufrido una mutación radical en la última década: una crisis política y otra territorial -ambas fruto de alguna manera de una profunda crisis económica- han roto el sistema de partidos nacido en la Transición. El bipartidismo ha saltado por los aires y ni el PSOE ni el PP, las fuerzas que han gobernado España, tienen el peso de antaño.

La política española se mueve por bloques desde que Sánchez accedió a La Moncloa gracias a un pacto con Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas. Ese bloque de investidura le ha dado estabilidad estos tres años y será el que le sustente hasta diciembre de 2023 cuando convoque las generales.

En el pasado, ese tipo de alianzas no tenía el significado que ha adquirido ahora. Podemos, que se sienta en el Consejo de Ministros, cuestiona los fundamentos de la Transición y ERC, socio imprescindible, ha participado en la intentona independentista de Cataluña que causó un trauma a ambas orillas del Ebro.

Tras las primeras elecciones que ganó Sánchez en abril de 2019 hubo un intento de pacto con Ciudadanos que naufragó. En las segundas del mes de noviembre se presentó a la campaña con un discurso de mano dura contra el independentismo: prometió traer ante la justicia española al prófugo Puigdemont y reformar el Código Penal para perseguir mejor procesos independentistas como el vivido en Cataluña.

Pero los resultados electorales no le dejaron opciones y todo cambió. Pactó con Unidas Podemos en contra de lo prometido y abandonó la estrategia judicial contra el independentismo del 1-O: primero llegaron los indultos, luego la derogación de la sedición y finalmente la rebaja de la malversación. Adiós al palo y mucha zanahoria.

Desde el minuto uno, el primer Gobierno de coalición de la democracia fue tachado de "ilegítimo" por la derecha y la ultraderecha. Ese calificativo ha perseguido a Sánchez durante estos años por pactar con los independentistas que quisieron "romper España" y depender de ellos para gobernar. "Bolivariano", "asalto al poder", "okupa de las instituciones". Son los epítetos que le dedica PP, Vox y Ciudadanos a diario. Sánchez ha recriminado al PP en numerosas ocasiones que no respeta el resultado de las urnas cuando no gana las elecciones. Moncloa acusa al PP de "utilizar" a los jueces para conseguir lo que no es capaz de lograr ni en las urnas ni en el Congreso.

El argumento de Sánchez para tomar las decisiones más arriesgadas de su mandado -indultos, sedición y malversación- es la convivencia en Cataluña. Solo avanzaremos si se pacifica la cuestión catalana, si hay un acuerdo entre catalanes y de los catalanes con el resto del país. El eterno problema de España. ¿Próxima estación el referéndum? Radicalmente no, dice el Gobierno. Otra cosa sería una consulta pactada sobre un nuevo estatuto que esta semana ha resucitado el líder del PSC, Salvador Illa.

Pero también es cierto que con el fin del bipartidismo, el pacto de Sánchez con el independentismo no es coyuntural, es estructural. Indispensable para cualquier opción de gobierno después de 2023.

Con este ambiente tóxico, el Partido Popular ha bloqueado durante cuatro años la renovación del gobierno del Poder Judicial (CGPJ). Primero con Pablo Casado y después con Feijóo. Los dos grandes partidos han peleado siempre por el control de este órgano que nombra a los principales magistrados de este país. No es casual que los jueces hayan jugado un papel clave como baluarte frente al independentismo.

La renovación judicial se basa en que PSOE y PP tienen que ponerse de acuerdo. Si uno no quiere, es imposible. El PP ha utilizado todo tipo de argumentos para bloquearlo desde noviembre de 2018: ha puesto una línea roja a Podemos en las negociaciones del CGPJ, ha exigido un cambio en el sistema de elección, ha vetado nombres concreto. El último: "Hay que proteger al poder judicial del Gobierno de Sánchez".

Y sin embargo, el pacto ha estado cerca en más de una ocasión. La primera vez saltó por los aires por la indiscreta filtración del mensaje de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, que vendió a sus senadores que la renovación era buena porque así el partido podría "controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás". El último intento se frustró porque, en medio de la negociación, Sánchez se descolgó con la sedición a petición de ERC y Feijóo rompió un acuerdo que parecía inminente: "Es muy difícil pactar con un Gobierno que no cree en nada salvo en controlar las instituciones".

Sánchez ha decidido utilizar todas las armas legislativas –incluso algunas de dudosa constitucionalidad- para acabar con el bloqueo judicial del PP. Primero retiró competencias al CGPJ para nombrar jueces mientras estuviera en funciones, luego se los restituyó, pero solo para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y como los vocales nombrados por el PP han seguido atrincherados, PSOE y Podemos han optado por rebajar las mayorías para sortear las tácticas dilatorias de los conservadores.

Todas estas reformas judiciales afectan a varias leyes orgánicas claves en el entramado constitucional y, sin embrago, se están ejecutando a toda velocidad, sin escuchar a otros órganos constitucionales como el Consejo de Estado y el CGPJ y empleando una técnica legislativa que el TC ha censurado en otras ocasiones.

La crisis institucional sigue abierta -el TC debe pronunciarse el lunes- y no es previsible que la tensión se rebaje cuando España se encamina a un año político intenso con elecciones municipales y autonómicas el 28 de mayo y generales en diciembre de 2023. Ni es previsible que la eterna cuestión de Cataluña en España se resuelva mientras los dos grandes partidos españoles mantengan sus divergencias y las exploten electoralmente.