ERC vuelve a tensar la cuerda al máximo poniendo encima de la mesa la celebración de un referéndum en Cataluña y añade más presión al Gobierno que ya estaba en una situación muy compleja intentando frenar el desgaste por la rebaja de la malversación, calmar a su partido ante las críticas de algunos barones y tranquilizar a una parte de su electorado que no entiende una medida de ese calado que beneficia a los independentistas del procés.

Moncloa ha querido cortar de raíz ese debate saliendo en tromba para dar un portazo a la propuesta de los republicanos. No habrá referéndum de independencia, ni pactado ni sin pactar. El PSOE ha ido más allá y recuerda que el Estado tiene "instrumentos" para evitar que se vuelva a producir una situación similar a la de 2017, incluido el artículo 155 de la Constitución que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó en Cataluña con el apoyo de los socialistas.

El Ejecutivo se esfuerza para atajar una nueva polémica en medio de la tormenta por su pacto con ERC para reformar el Código Penal que ha irritado como nunca a Emiliano García-Page y mantiene al PP en plena ofensiva contra Pedro Sánchez por sus cesiones al independentismo. Los populares no dan ninguna credibilidad a la palabra del presidente del Gobierno y le reprochan sus cambios radicales de postura.

"Que lo niegue el Gobierno no tiene ninguna credibilidad porque lo ha negado todo y luego lo ha hecho", señaló la número dos del PP, Cuca Gamarra. En el principal partido de la oposición subrayan que Sánchez pasó de prometer en campaña electoral un castigo para la celebración de referéndums ilegales y proclamar solemnemente que iba a traer a Puigdemont a España a conceder indultos, derogar la sedición y ahora rebajar la malversación. Y avisan de que el planteamiento de ERC es "la antesala de lo que va a ocurrir".

El primero en lanzar el mensaje fue Félix Bolaños. "El referéndum es contrario a nuestra Constitución y no se puede celebrar. Tampoco es una solución porque es divisiva y solo cronificaría el conflicto", dijo el ministro de la Presidencia. Fue su respuesta a Oriol Junqueras para el que la organización de una consulta no es un delito porque no está contemplado en el Código Penal.

Desde la mesa del Consejo de Ministros la portavoz Isabel Rodríguez repitió idéntico argumento. "Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar porque lo prohíbe la Constitución". Ahí se quedó ante las preguntas reiteradas de los periodistas sobre si el Gobierno es creíble cuando hace esa afirmación tan tajante después de haber negado que reformaría sedición y malversación.

Moncloa quiere marcar distancias con ERC y enfatizar que la propuesta de una consulta está únicamente en la agenda de los republicanos. Pero el Govern de la Generalitat mete el dedo en la herida y recuerda a Madrid que ya les dijeron en su día que no habría una mesa de negociación, ni indultos, ni se derogaría la sedición. "Ahora dicen lo mismo respecto al referéndum", sostiene el Ejecutivo de Pere Aragonès.

Patxi López fue otro de los socialistas que salió públicamente para garantizar "radicalmente" que el PSOE no va a aceptar ningún referéndum de independencia. Fue él quién que recordó a Gabriel Rufián que el artículo 155 de la Constitución se puede volver a aplicar como en 2017. El diputado de Esquerra había lanzado previamente una frase que no gustó en las filas socialistas al afirmar que la reforma del Código Penal está pensada para "futuros hechos" y "futuras generaciones", no para los actuales condenados por el 1-O.

En el PSOE dan a entender que el cambio penal que se está tramitando es la "conclusión", el final de la política desplegada por el Gobierno para recuperar la convivencia y la concordia en Cataluña. El eje argumental de todas las decisiones de Sánchez relacionadas con esa comunidad. Una vez consumadas las reformas el presidente pondrá el foco en la economía. Cuando al portavoz socialista se le interrogó por las prisas su respuesta no dejó lugar a dudas: "Prefiero aprobarlo cuando antes para dedicarnos a lo que le interesa a la gente" .

Los socialistas tuvieron que apagar el incendio provocado por las durísimas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, uno de los barones más críticos con los pactos de Sánchez con los independentistas. Este martes se despachó a gusto lanzando toda una andanada contra el presidente y líder del partido. Dejó claro que es "muy contrario" al acuerdo del Gobierno con ERC, que no es tolerable ni de izquierdas pactar con los delincuentes, que está dolido como español y como militante socialista y además deja caer que lo que está pasando no se va a olvidar en las urnas. "Que nadie piense que esto se olvida. Esos momentos quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia". Un dardo envenenado y directo a Sánchez.

El Gobierno evitó entrar en el cuerpo a cuerpo y la portavoz no quiso valorar esas palabras limitándose a desplegar el mensaje de que Sánchez busca soluciones para los problemas de convivencia en Cataluña.

Mientras, ERC sigue con su hoja de ruta que pasa por una consulta de autodeterminación pactada con el Gobierno central en la que se consideraría que gana el "sí" a la independencia con un 55% de los votos favorables y una participación del 50%. ¿Por qué ahora? ¿Se siente fuerte Esquerra para abrir ese melón? Los republicanos reivindican que esa siempre ha sido su vía para resolver el conflicto político. Nadie se atreve a poner una fecha porque como dice Rufián: "Por nosotros sería mañana, pero los tiempos en política los carga el diablo".