El Tribunal Constitucional ha decidido esperar hasta el lunes antes decidir qué hacer con el recurso del PP que solicitaba la suspensión del pleno del Congreso en el que debe votarse la reforma que cambia las mayorías para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

El pleno del tribunal de Garantías responde así a la petición del Partido Popular que pidió este miércoles la suspensión del pleno de este jueves en el que debía aprobarse dos enmiendas - la 61 y 62- que modifican el sistema de elección de los candidatos que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial para renovar el Constitucional. El Constitucional se toma su tiempo después de que los magistrados progresistas hayan pedido "mas tiempo ante la complejidad del asunto". Esto significa que el pleno del Congreso se celebrará tal y como estaba previsto y la medida que pueda tomar el Tribunal Constitucional afectará a la tramitación del Senado.

El pleno urgente ha sido convocado por el presidente de la institución, Pedro González Trevijano, con el objetivo de resolver además de la suspensión cautelar del pleno, la admisión a trámite del recurso de amparo de los populares. Trevijano, con mandato caducado decidió que fuera el pleno y no la sección en la que había recaído- de mayoría progresista- quien tuviera que resolver como así ha sido. La ponencia ha recaído además sobre el magistrado Enrique Arnaldo, propuesto en su día por los populares como magistrado del Constitucional.

El recurso se dirige contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia adoptado el pasado lunes, por el que se admitieron las enmiendas parciales número 61 y 62 planteadas por el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la proposición de ley por la que se deroga el delito de sedición.

En dichas enmiendas, el PSOE y Unidas Podemos proponen pasar de una mayoría de tres quintos --que ahora requiere al menos 11 votos-- a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.

Además, contemplan que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que --según explican las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press-- garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el progresista y el conservador). Esto es, en el caso de los progresistas: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés.

En su recurso, el PP también señala el acuerdo adoptado el pasado martes por el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia, por el que decidió no convocar a la Mesa de dicha comisión para resolver la reconsideración que instaron los 'populares' frente al acuerdo de admisión a trámite de ambas enmiendas.

Además de solicitar que se anulen los dos acuerdos, el PP pide como medida cautelarísima que se suspenda la admisión a trámite de las dos enmiendas, independientemente del momento en el que se encuentre la iniciativa legislativa.

El pleno del Congreso de los Diputados ha comenzado una hora antes de que se reuniera el del Tribunal Constitucional, todos pendientes de lo que suceda en la reunión del Constitucional. Minutos antes en los pasillos de la cámara, los socialistas y los morados han criticado muy duramente la maniobra del PP. Ciudadanos, que también se ha opuesto a los cambios introducidos por el PSOE y Unidas Podemos, aventuraba poco recorrido a la iniciativa. " Es la primera vez que sucede (...) nadie recuerda procesalmente hablando una situación semejante a esta", ha indicado Bal en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, subrayando que sería "inusitado" si al final el TC suspendiera la tramitación de la reforma en cuestión.

En un comunicado, el PP ha explicado que el motivo de su recurso es que considera que se ha hecho "un uso fraudulento de los trámites parlamentarios", por la "falta de conexión" de las enmiendas con la proposición de ley, para dar vía libre a unas modificaciones que son "inconstitucionales de forma manifiesta".

"Las enmiendas suponen un atentado a la separación de poderes y una quiebra grave del Estado de Derecho, además de ser indiscutiblemente incompatibles con la Constitución", han indicado los 'populares'.

Asimismo, han avanzado que este recurso de amparo no impide que, "en el momento procesal oportuno", el PP pueda impugnar igualmente la tramitación parlamentaria de la proposición de ley y la nueva norma si finalmente queda aprobada.