"Aprendiz de dictador", "autócrata", "autoritario", "caciquismo sistemático", "golpe a la democracia", "golpe a la separación de poderes", "cortijo sanchista" y hasta comparaciones con el autogolpe de Estado fallido de Pedro Castillo en Perú. Las tres marcas de la derecha, Partido Popular, Vox y Ciudadanos han saltado a la yugular de Pedro Sánchez para apuntalar la idea de que el Gobierno "busca cambiar el régimen democrático" ahora con el argumento de los cambios en la ley para sortear el bloqueo del PP en el Tribunal Constitucional.

Más allá de las palabras gruesas ¿Qué hará la derecha para frenar a Sánchez? Además de los consabidos recursos ante el Alto Tribunal, el PP de Feijóo vuelve a esgrimir el comodín de Europa y llevará ante las autoridades comunitarias el "todo vale" de Sánchez. Algo que no impresiona ni mucho menos a los socialistas. Ayer su portavoz en el Congreso, Patxi López, se mostraba seguro de que Bruselas "aplaudirá" la última maniobra del Gobierno para intentar renovar de una vez por todas el Constitucional.

"No va a tener nada que decir de esto salvo aplaudir en toda caso", se jactaba el veterano socialista. "Lo mismo pensaba Pedro Castillo de la ONU", responde desde NIUS y entre carcajadas un destacado miembro de la dirección nacional del PP en alusión a la condena de Naciones Unidas al intento de asonada en Perú.

Los populares creen "perfectamente posible" que Bruselas vuelva a advertir al Ejecutivo español contra la nueva reforma del Código Penal como ya hizo hace dos años cuando PSOE y Podemos intentaron rebajar las mayorías para elegir los vocales del Poder Judicial. Entonces llamaron la atención al Ejecutivo por apartarse de las normas europeas, algo que confían que ahora vuelva a producirse de nuevo.

"La malversación es un delito armonizado y rebajar la protección de fondos públicos es muy problemático de justificar. En cuanto a modificar mayorías en el CGPJ me parece inaceptable en términos de estándares europeos. Amenazar con acciones penales es insólito", explica a NIUS uno de los eurodiputados del PP más activos con este asunto.

De momento los populares ya han conseguido que la ministra de Justicia, Pilar Llop, dé explicaciones en enero ante la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, y no descartan buscar el amparo del comisario Didier Reynders. "Denunciaremos la toma de las instituciones ante la UE, como ya lo hicimos cuando el Ejecutivo pretendió reducir las mayorías necesarias para renovar el CGP", decía ayer la número dos del PP, Cuca Gamarra, además de comprometerse a derogar "todas las medidas que desprotejan al Estado", y volver a tipificar el delito de sedición y de "cualquier forma de corrupción”.

El Partido Popular prefiere obviar que la semana pasada la Comisión Europea frustró los planes de Feijóo de llevar a Bruselas los nombramientos del exministro Juan Carlos Campo y la asesora de Moncloa Laura Díez para el Constitucional. El comisario de Justicia recordó a los populares que hay exministros sentados en el tribunal de garantías de otros países de la Unión. En Génova creen que la última decisión de Sánchez de eliminar la obligatoriedad de los tres quintos para que el CGPJ elija a los dos miembros del Constitucional abre un escenario muy distinto y confían en que la Comisión Europea les dará la razón.

Mientras el Partido Popular maniobra en Bruselas, Vox en Madrid eleva la presión sobre Alberto Núñez Feijóo con una segunda moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez tras "el asalto al Poder Judicial" según expresión literal de su líder. Santiago Abascal sabe que no tiene ninguna posibilidad de que salga adelante pero lo que busca es poner contra las cuerdas a Feijóo y que se moje. "Todos los diputados del Congreso deben retratarse ante este nuevo golpe a Constitución. Es el deber de toda la oposición presentarla", disparaba con bala en dirección Génova.

Abascal ha expresado su intención de iniciar desde ya mismo conversaciones para que esa moción de censura la abandere un candidato neutral, que no milite en ningún partido político y con experiencia de Gobierno con el objetivo de convocar elecciones de "manera inmediata", mientras la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, insiste en que la lidere el gallego.

Arrimadas y Abascal coinciden en el argumentario y en el lenguaje. Ambos hablan de "autogolpe" y ambos pretenden coger oxígeno electoral haciendo 'sándwich' a Feijóo con la censura. "Sánchez está dando un autogolpe al Estado. No es un presidente. Es un aprendiz de dictador al que hay que parar los pies", afirmaba ayer la dirigente naranja elevando unos cuantos grados el tono.

La presión a Núñez Feijóo también le llega desde sus propias filas. Cayetana Álvarez de Toledo ya ha mandado recado de que es "partidaria" de una moción de censura para "presentar una alternativa a los españoles ante la gravedad de la situación" mientras su baronesa más rebelde, Isabel Díaz Ayuso, reclama "reaccionar" ante la demolición del estado de Derecho" perpetrada por Sánchez y llamaba a actuar "antes de que sea tarde".

Feijóo haciendo gala de su fama de hombre tranquilo refractario a las presiones guarda de momento un sonoro silencio. Esta semana admitió que mantenía bloqueada la renovación del Poder Judicial para "protegerlo" del Gobierno de Sánchez y ayer se refirió a Pedro Sánchez como “el presidente más autoritario de la democracia española”. Ni una palabra sobre la moción de censura.