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Ayer el PP y su presidente Alberto Núñez Feijóo difuminaron su línea roja de que “los jueces elijan a los jueces”, hasta ahora el escollo insalvable para alcanzar un acuerdo que desatasque la renovación del Poder Judicial. Feijóo se mueve y ahora aceptaría que fuera un renovado Consejo del Poder Judicial el que determinara en un informe el nuevo sistema de elección de jueces y magistrados del CGPJ. Un texto que no sería vinculante con lo que el Gobierno de Pedro Sánchez no estaría obligado a cambiar el sistema de elección si no quiere. Y de momento no quiere.
Ese dictamen no vinculante es la primera condición del PP. La segunda, que a partir de ahora todos los nombramientos, acuerdos y dictámenes del Consejo se hagan por una mayoría reforzada de tres quintos. Ambos requisitos constituirían la pista de aterrizaje que están buscando en el Partido Popular para poder cerrar un pacto con el Gobierno de Pedro Sánchez en los próximos días. “Sobre eso estamos avanzando”, confirmaba el propio Núñez Feijóo tras acudir a un acto del secretario general de UGT, Pepe Álvarez con el que se fundió en un abrazo.
“Si llegamos a ese acuerdo, el Consejo tendrá un mandato para avanzar en una propuesta de modificación de la ley para que jueces y magistrados tengan un peso importante, determinante y sustancial para su elección”, señalaba el dirigente popular.
Aseguran en Génova que Sánchez se habría comprometido con su jefe en lo de las mayorías reforzadas en el seno del Consejo, algo que no niegan desde Moncloa. Eso significa en la práctica que el sector progresista -mayoritario si finalmente se logra la renovación- y el conservador tendrían que ponerse obligatoriamente de acuerdo a la hora de redactar ese informe que señalaría el camino sobre el sistema de elección de jueces y los criterios de idoneidad de los futuros candidatos.
Se da la paradoja de que este compromiso de mayorías reforzadas en el Consejo que ahora exige el PP fue eliminado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de que bloqueaba los trabajos del CGPJ. Hasta ahora. De prosperar, el actual bloqueo político muy probablemente se trasladaría al órgano de gobierno de los jueces.
Feijóo no se fía de Sánchez así que exige que todo esto se plasme por escrito (algo a lo que se niega Moncloa) y con “el tiempo de sobra” de seis meses. Presionados por la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, los populares con este movimiento intentan desactivar el relato de Moncloa de que son ellos los únicos responsables de un bloqueo que cumplirá cuatro años en diciembre.
El líder del PP asume ya que el sistema de elección para dar "más peso" a jueces y magistrados no cambiará en esta legislatura y que lo tendrá que hacer él si llega a presidir el Consejo de Ministros. “Es mi compromiso personal y político”, solemnizaba ayer una vez más. Claro que ese compromiso político también lo llevaban en su programa sus antecesores José María Aznar y Mariano Rajoy. Después sus gobiernos no lo hicieron.
El objetivo prioritario del Gobierno es cerrar un acuerdo cuanto antes y todas las señales que manda públicamente son para proteger la negociación. Desde la tribuna del Congreso de los Diputados Pedro Sánchez ayer no quiso hacer sangre ni elevar el tono y se limitó a recordar al PP su obligación de cumplir la ley.
“Acepten ustedes el resultado democrático y asuman que tienen que cumplir la ley y la Constitución”, dejaba claro el presidente Sánchez que también recordó a los populares que las dos veces que han sometido a votación en el Congreso una propuesta para cambiar el sistema de elección de los jueces han sido tumbadas por una amplia mayoría, y no sólo del PSOE y Podemos.
Pedro Sánchez machaca con que el PP es el responsable del “mayor bloqueo, la mayor crisis constitucional del órgano de gobierno del Poder Judicial de los últimos 40 años de democracia” porque según él, los populares no han terminado de digerir que los socialistas ganaron las elecciones.
Preguntado directamente sobre las últimas condiciones del PP Sánchez dijo “vamos a dar tiempo a la negociación”. En la misma línea, el negociador del Gobierno, el ministro Félix Bolaños, rechazó hacer ningún comentario sobre las exigencias de Génova.
La prudencia del Gobierno en sus declaraciones evidencia que no quieren que se malogre esta vez un pacto que una y otra parte han vendido como un ahora o nunca. Fuentes de Moncloa insisten en que hay “posibilidades reales de acuerdo” pero a renglón seguido señalan que no van a aceptar condiciones al cumplimiento de la ley. Ni compromiso por escrito ni nada parecido.
El presidente del Gobierno por una vez no quiso sacar el tema de la renovación del CGPJ en el pleno del congreso donde anunció un nuevo paquete para aliviar la factura energética las familias. Tampoco lo hizo el PP en aras a la búsqueda de un acuerdo que podrían estar rozando ya con los dedos.
La única mención de Sánchez fue para responder al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que sigue presionando a sus socios socialistas para que reactiven una reforma que deje fuera al PP. Esto es, que los vocales del Consejo se elijan por mayoría absoluta y no por reforzada como ahora.
“Si el PP insiste en mantener el bloqueo que ejerce durante toda la legislatura, que no sería menos que un golpe blando a la democracia, no nos queda otra cosa que hacer que acabar con el bloqueo con los votos y de forma democrática”, atornillaba Echenique. El PSOE ya se planteó en 2020 esa posibilidad aunque luego la descartó.