Ante la falta de acuerdo entre los partidos españoles para renovar el Consejo General del Poder Judicial, la Unión Europea ha enviado a un mediador. Durante dos días y hasta la tarde del pasado viernes el belga Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, tendrá la difícil tarea de conseguir un consenso que los miembros del Congreso y el Senado no han sido capaces de alcanzar desde diciembre de 2018. Un consenso donde el Gobierno ha tratado de mover ficha en infinidad de ocasiones y el Partido Popular ha encontrado siempre una pega, mientras mantiene una mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces en contra de los últimos resultados electorales.
La visita Reynders llega además después de que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, amagara con dimitir si el Gobierno y la oposición no alcanzaban un acuerdo para renovar el organismo “en las próximas semanas”. El cambio de sillas necesita por legislación de un consenso mayoritario, ya que la elección de los vocales requiere los votos de tres quintos de las cámaras, una mayoría cualificada. Es por eso que los resultados electorales, más atomizados, han dificultado desde 2018 el cambio de candidatos para la cúpula judicial. Más si cabe cuando el Partido Popular mantiene con el inmovilismo una mayoría que perdería con una representatividad en espejo frente a la composición actual de las cámaras.
Así, la agenda de Reynders pasa por mantener reuniones con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García, con la ministra de Justicia Pilar Llop o con el propio Carlos Lesmes. Además, Reynders intervendrá hoy en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados, donde mostrará la preocupación de la organización continental sobre los problemas que este bloqueo puede suponer para la salud del sistema judicial español. En ese marco, el comisario europeo de Justicia se reunirá con representantes de los principales partidos de la oposición para tratar de desbloquear las negociaciones.
Unas negociaciones que se han atascado incluso en el nombramiento de los dos candidatos al Constitucional que el CGPJ debía haber formalizado antes del 13 de septiembre. Sobre la mesa, todavía no hay nombres cerrados, mientras los vocales conservadores acusaron al Gobierno de intervencionismo al fijar una fecha concreta, que no se ha cumplido. Desde Bruselas no solo alertan de la necesidad de una renovación dentro de la cúpula judicial, a la que el Gobierno eliminó este mismo año la capacidad de realizar nombramientos discrecionales estando en funciones, si no que han alertado de forma reiterada sobre la necesidad de un cambio legal en España que facilite estos cambios dentro del CGPJ.
El reto del enviado de Bruselas tiene además los días contados, ya que según publicaron varios diarios tras la apertura del año judicial, Lesmes habría planteado en realidad un plazo mucho más cerrado que el reconocido públicamente para abandonar el organismo si no hay acuerdo: el próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad.