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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incumplirá los plazos previstos por la reforma de la Ley del Poder Judicial aprobada por el Gobierno el pasado mes de mayo, que marcan como fecha tope el 13 de septiembre para que el organismo designe a dos candidatos para que ocupen plaza en el Tribunal Constitucional. Otros dos deben ser elegidos por el Gobierno, hasta renovar a los cuatro jueces que están en funciones desde que se cumpliera su mandato en junio de este año: el presidente, Pedro González-Trevijano, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares.
Sin embargo, la elección de estos dos candidatos se ha convertido en el escenario de una pelea tacticista entre progresistas y conservadores dentro del consejo, hasta el punto de que con el plazo cumplido, los dos bandos dentro de la cúpula judicial todavía no han llegado a un acuerdo, no en los nombres de los magistrados que serán designados, si no en algunos de los procedimientos que deben emprenderse en esta elección. Por el momento, se ha formado una mesa con tres vocales progresistas y dos progresistas para avanzar en las negociaciones: José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach.
La necesidad de elegir a dos candidatos ha pasado a representar un pulso evidente de la cúpula judicial a la clase política, que por falta de acuerdo mantiene en funciones a los miembros del CGPJ desde diciembre de 2018. Desde entonces, es el Partido Popular quien ha puesto todos los palos en la rueda posibles, sabedor de que una reforma por cuota según la representación actual del Congreso y el Senado le haría perder la mayoría conservadora que hay ahora en el organismo, compuesto por 18 vocales y un presidente, tras el fallecimiento de una de las representantes este verano y la baja por jubilación de otro.
Para evitar este bloqueo y que el organismo de mayoría conservadora realice nombramientos sin acuerdo de las cámaras, el Gobierno ha aprobado durante 2022 dos reformas de la Ley del Poder Judicial que han sublevado a una parte importante de la judicatura, que le acusa de intervenir sus competencias. La primera de ellas fue para eliminar en marzo de 2021 la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial en funciones haga nombramientos. Eso evitaba que un organismo no ratificado por el Congreso y el Senado y de mayoría conservadora realizase nombramientos mientras el Partido Popular se negaba a facilitar renovación alguna.
Sin embargo, el pasado mes de junio el Gobierno dio un paso atrás y aprobó una nueva modificación de la norma, esta vez para facultar al CGPJ, en contra de lo aprobado meses atrás, a nombrar a dos de los cuatro magistrados que debían ser renovados en el Tribunal Constitucional. El problema es que la normativa aprobada por el Gobierno de Coalición marcaba marcaba un plazo concreto para esos nombramientos. Una fecha, el 13 de septiembre de este año, que no se va a cumplir.
Mientras el sector progresista dentro del CGPJ trata de acelerar los plazos, el conservador se mueve de una manera mucho más comedida, hasta el punto de que en el pleno extraordinario del pasado día 8 de septiembre, en lugar de elegir a dos candidatos, los vocales se centraron en pactar una metodología para elegir esos dos nombres. La legislación dicta que deben ser nombrados por tres quintos del consejo, es decir, 12 votos sobre 21 (20 vocales y el presidente) Sin embargo, ahora hay dos vocales menos.
En cualquier caso, a la lentitud deliberada del CGPJ se une el órdago lanzado por su presidente durante el discurso de apertura del año judicial. Ante el rey Felipe VI, Lesmes aseguró que tomaría “decisiones que a nadie le gustan” en si el Gobierno y la oposición no alcanzaban un acuerdo para renovar el consejo “en las próximas semanas”. Algunos medios han matizado después que el presidente del organismo se daba como fecha máxima para no presentar su dimisión un acuerdo antes del 12 de octubre, Día de la Hispanidad.