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Faltan solo unas horas para que las medidas de ahorro energético como el apagado de la iluminación de los escaparates o la limitación de la temperatura entren en vigor y el Gobierno admite que de momento será complicado establecer sanciones y multas por el incumplimiento del decreto. "No se pretende sancionar, se pretende encauzar", ha dicho la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
"No creo que nadie vaya a imponer multas rápidamente, sino al revés, tendrá que haber un procedimiento previo y sobre esa base, de forma proporcionada, ir adoptando medidas", ha añadido. Según ella son las comunidades autónomas las que deben "acompañar" a los comerciantes en las medidas exigidas y las que deberían contar con los equipos que vigilen el cumplimiento del decreto.
En una entrevista en la Cadena Ser, Ribera ha defendido que todos los agentes implicados,- desde la administración pública hasta los locales comerciales-, deben darse un margen de tiempo para la aplicación de las nuevas normas. Sostiene que si pasado ese tiempo, que no ha especificado, se comprueba que existe un incumplimiento y que los gobiernos regionales no sancionan podría plantearse un conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Aún así, Ribera confía en que "cualquier gobierno responsable" sabe que la norma está para cumplirse. En ese sentido afirma que no cree que haya una voluntad de "insumisión generalizada" de incumplir la ley. En ese contexto defiende que hay que estar vigilante para garantizar su ejecución, pero también hay que favorecer que los comercios puedan aplicarla. "Puede haber propietarios de comercios que tenga dudas pero no una intención de incumplir las normas. Yo creo que en general todo el mundo quiere ayudar en un momento como este", ha argumentado.
La vicepresidenta ha vuelto a insistir en la flexibilidad que contempla el decreto. Según ella el texto es "muy claro" sobre cuándo se deben aplicar cada una de las medidas. Según sus propias palabras el decreto ley es una "normativa básica" que se modula con el derecho laboral que protege "el contexto en el que se desarrollan determinadas funciones y establece una temperatura diferente para proteger los alimentos".
"Puede haber propietarios de comercios que tenga dudas pero no una intención de incumplir las normas. Yo creo que en general todo el mundo quiere ayudar en un momento como este".
La vicepresidenta ha vuelto a cargar contra los argumentos que han ido dando los populares para oponerse al decreto en lo que ha calificado como una "escalada" desde que Isabel Díaz Ayuso anunció el lunes pasado vía Twitter que "¡Madrid no se apaga!". Ribera ha rebelado que los consejeros del PP que asistieron a la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía de este lunes no plantearon ninguna duda ni tampoco pusieron encima de la mesa ninguna propuesta porque "había una voluntad clara de imponer una retirada".
Ha confirmado que en ningún momento el Gobierno se ha plateado una retirada o aplazamiento del decreto aprobado el pasado lunes en el Consejo de Ministros y que establece un plan de ahorro energético del 7% comprometido con Europa.
Sobre la convalidación de decreto en el Congreso de los Diputados cuando pase un mes, Ribera ha mostrado su convicción de que todos los grupos parlamentarios "por responsabilidad" lo apoyarán. "Creo que todos los partidos entienden la necesidad de esta norma y confío en que tengamos claramente los votos", ha enfatizado.