Estos son los impuestos que el Gobierno ha prometido subir a la UE: diésel, Sociedades y Patrimonio

La reforma fiscal que el Gobierno tiene previsto poner en marcha en el primer trimestre de 2023 incluirá una batería de medidas ambiciosas que tienen como objetivo acercar a España a los niveles de recaudación del conjunto de la eurozona. Y ello significará un importante endurecimiento de la presión fiscal que afectará de una forma u otra a casi todos los contribuyentes. Es lo que se desprende del 'componente 28: Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI' incluido en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas la semana pasada.

La reforma del sistema tributario queda pendiente de la evaluación del comité de expertos ya designado por el Ejecutivo y que tiene de plazo hasta el inicio del año 2022 para remitir sus conclusiones, pero el Gobierno ya le ha encargado que preste "especial atención" a la fiscalidad ambiental, la imposición societaria, la economía digital, la armonización de la tributación patrimonial y las actividades económica emergentes.

Así, entre los tributos que se subirán se encuentra el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el patrimonio, las bases máximas de cotización, al diésel o los peajes de las autopistas. Y también se plantea la necesidad de reducir o eliminar ciertos beneficios fiscales.

Las reformas, que tendrán que "calibrar" el momento económico para que su implementación no frene la recuperación económica, buscan fomentar "el crecimiento, la creación de empleo y la mejora de la competitividad". Estos son algunas de las ideas fiscales a las que se ha comprometido el Ejecutivo con Bruselas.

Esta medida que afectaría a 1,2 millones de contribuyentes, cuyos ingresos superan la base máxima actual. En concreto, el Ejecutivo propone la "adecuación de las bases máximas de cotización", lo que significa una subida de las cuotas para los trabajadores cuyos ingresos superen los 2.400 euros al mes. El Gobierno propone que esta subida "se acomode a una senda muy gradual y conocida de antemano" que empezaría a activarse a partir del año 2022.

El Ejecutivo señala que esta reforma se iría dando durante un periodo de 30 años, de forma "que la evolución de las bases máximas "no altere la naturaleza contributiva del sistema".

El Gobierno quiere un sistema fiscal más progresivo que implicará una subida de impuestos para los patrimonios altos. Además, el Ejecutivo señala "la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las comunidades autónomas". Esto es, una armonización de impuestos a la que previsiblemente se opondrán algunas comunidades como Madrid, que bonifica al 100% el impuesto de Patrimonio.

En todo caso, el Ejecutivo señala que "algunas de las reformas afectan al Sistema de Financiación Autonómica y al Sistema de Financiación de las corporaciones locales, por lo que se procurará alcanzar un acuerdo con ellas".

Quedó finalmente fuera de los Presupuestos Generales del Estado en 2021, pero el Gobierno se ha comprometido ahora con Bruselas a aprobar el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades. "El objetivo a medio plazo consiste en recuperar la potencia recaudatoria del impuesto, mediante su simplificación y revisión de exenciones y deducciones, de modo que quede garantizada una tributación mínima de un 15 por ciento por los contribuyentes", señala el texto.

En su plan de recuperación económica, el Gobierno se compromete con la UE a revisar las tasas que gravan la compra y uso de vehículos con el objetivo de adaptarlas a los nuevos y cada vez más exigentes estándares medioambientales, lo que implica acabar con algunos beneficios fiscales que existen en España a vehículos contaminantes. Actualmente, el impuesto de matriculación está transferido a las comunidades autónomas, que gravan con entre un 4,75% y un 14,75% la adquisición de vehículos en España que emitan entre 120 y más de 200 gramos de dióxido de carbono por kilómetro.

El texto enviado a Bruselas lo insinúa al plantear una "revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante". Para el Ejecutivo no es lógico que el diésel, siendo un combustible con más emisiones que la gasolina, tengo un precio más bajo que esta.

La bonificación al diésel sobre la gasolina es la más importante de todas las que existen, de modo que su equiparación progresiva implicará una subida de este impuesto, algo que ya intentó el Ministerio de Hacienda con los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y que el PNV obligó a retirar a cambio de su apoyo a las cuentas.

Empezará a aplicarse a partir de 2024 con el objetivo doble de establecer un pago por uso y una compensación por la externalidad negativa que supone la contaminación. La premisa de un sistema que podría ser "escalable y progresivo" es que "el que contamina paga" y "el que usa paga". El Ejecutivo sostiene que, de acuerdo con la experiencia internacional, de 2 a 3 años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar este sistema de pago por uso a nivel nacional.

El compromiso de "revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores" abre la puerta a elevar la presión fiscal a los viajes en avión, aunque el Gobierno no da más detalles al respecto.

El Ejecutivo anuncia el establecimiento de "un impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración y otro que grave los envases de plástico no reutilizables". Está previsto que entren en vigor el próximo verano. Forman parte de la fiscalidad medioambiental que Hacienda está desarrollando y que no tiene afán recaudador, según la ministra María Jesús Montero.

Debido a su tardía tramitación, ambos tributos recaudarán apenas una cuarta parte de lo que preveía Hacienda en los presupuestos: 98 millones e impuesto al plástico (frente a los 491 estimados en las cuentas) y 215 el de residuos (ante los 861 pronosticados).

El impuesto sobre plásticos "tendrá un impacto económico directo sobre el sector del plástico, estando sujetas al impuesto la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los envases de plástico no reutilizables", señala el Anteproyecto de Ley de residuos. Está por ver cómo se traducirá esta figura sobre el consumidor pero todo apunta a que repercutirá en el precio miles de artículos y productos.

En el segundo trimestre de 2022 se aprobará "la reforma del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero" con la intención de "garantizar un efectivo control de dichos gases de acuerdo con una regulación armonizada europea".

Después de limitar en 2021 la reducción fiscal de las aportaciones a planes de pensiones de 8.500 a 2.000 euros anuales, el Gobierno eliminará este beneficio fiscal, ya que sostiene que se trata de una ayuda que no estimula el ahorro y es regresiva. Se pretende sustituirlo por otro beneficio fiscal centrado en los planes de pensiones de empleo. El objetivo es estimular el ahorro de los trabajadores a través de planes de empresa que se tendrán que acordar en la negociación colectiva para determinar cuál será la aportación de los trabajadores y cuál la de las empresas.

El Ejecutivo quiere "liberar recursos" de estas ayudas y redirigirlos a otras políticas activas de empleo que resulten más eficientes. En el documento no detalla qué bonificaciones y reducciones podría eliminar, pero sí apunta en la ficha 23 que desarrolla la reforma laboral que "los incentivos deben centrarse casi exclusivamente en la empleabilidad de las personas desempleadas, y siempre para contratos indefinidos".

Para el Gobierno, "la reducción y eliminación de beneficios fiscales y regímenes especiales de nuestro sistema tributario implicará no solo un incremento de la recaudación, sino que coadyuvan a la existencia de un sistema tributario más simple, lo que, a su vez, tiene efectos favorables sobre la seguridad jurídica, y sobre los litigios y conflictividad existente". Por ello, propondrá "una evaluación de quince beneficios fiscales seleccionados por el grupo de trabajo por su importancia cuantitativa y cualitativa que se realizará a lo largo del período 2021 a 2023, a razón de cinco beneficios fiscales cada año".

La alarma se disparó para las rentas medias y bajas con la propuesta para eliminar la reducción a la tributación conjunta en el IRPF. Lo cierto es que aparecía en el resumen del Plan de Recuperación, pero la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha asegurado que se trata de "una errata". En las fichas remitidas a Bruselas no se contempla la eliminación de esta modalidad de IRPF, pero tampoco se descarta y es uno de los supuestos que está en estudio.

El plan especifica otras posibles medidas, por ejemplo, la modificación del impuesto de sociedades para gravar la economía digital "más allá" del actual tributo sobre determinados servicios digitales, que califica de "medida transitoria".

El componente 27 del Plan está dedicado a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, en el que se incluyen medidas como la ley de lucha contra el fraude, que prevé que entre en vigor en el segundo trimestre de 2022 y que se complementará con medidas para la estandarización de las obligaciones de facturación de pymes y autónomos.

Otras reformas pasa por la modernización de la Agencia Tributaria, tal y como prevé su plan estratégico 2020-2023 o la aprobación de códigos de buenas prácticas para pymes autónomos, en línea con los que ya existen para grandes empresas o asesores fiscales.

El Gobierno también prevé potenciar la asistencia al contribuyente, por ejemplo, permitiendo la descarga directa de datos en la declaración del impuesto de sociedades como bases imponibles negativas pendientes de compensar o información obtenida de otras administraciones tributarias.