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El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado la puesta en marcha de nuevas medidas encaminadas a paliar los terribles efectos provocados por la pandemia del coronavirus en nuestro país, donde la cifra de contagios y de fallecidos no deja de incrementarse, con más de 748.00 casos y más de 31.400 decesos desde el inicio de la pandemia.
Buscando hacer frente a la segunda ola de covid-19, el primer gran anuncio del día dentro del paquete de medidas del Ejecutivo ha sido la aprobación de la prórroga de los ERTE tras intensas reuniones maratonianas para conseguir llevar la negociación a buen puerto. Dicha prórroga será hasta el 31 de enero para determinados sectores económicos, si bien se han creado dos figuras: los ERTE de impedimento de la actividad y los ERTE de limitación de actividad, a las que podrán acogerse todas las empresas, con exoneraciones bastante elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%.
"El acuerdo, que es un acuerdo de máximos, protege, salva y defiende a todas las empresas y trabajadores de nuestro país", ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien en su defensa de la prórroga de los ERTE ha vuelto a insistir en el objetivo del Ejecutivo de “no dejar a nadie atrás”.
Los ERTE de fuerza mayor con prórroga automática se limitarán a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos en la norma. Se considerará que se engloban en esta categoría de empresas aquellas que han recuperado del ERTE a menos del 65% de los trabajadores y que tienen en un CNAE concreto a más del 15% de personas reguladas del total de afiliados al Régimen General).
Estos ERTE disfrutarán de exenciones de cuotas, aplicables tanto a los trabajadores que se queden en el ERTE como a los que salen, del 85% por cada mes del periodo octubre 2020-enero 2021 en el caso de que la empresa tuviera a 29 de febrero de este año menos de 50 trabajadores en plantilla, y del 75% si contaba con más de 50 empleados, según ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
De estas exoneraciones también podrán beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de estos sectores.
Agradeciendo el diálogo mantenido a las organizaciones de autónomos ATA y UPTA, así como su “buena comprensión”, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha ahondado en las ayudas prorrogadas para los autónomos, en las que se incluye la creación de una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad y la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de la prestación por cese compatible con la actividad y para autónomos de temporada.
Además, se ha creado una nueva ayuda por bajos ingresos para los trabajadores por cuenta propia que no reúnen los requisitos para acceder a la prestación compatible con la actividad (por tener una tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos doce meses, por ejemplo).
Concretamente, la nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad está dirigida a aquellos autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para contener el coronavirus. Para acceder a ella, los trabajadores deben haber estado afiliados y dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolución. Además, deberán estar al corriente de pago de las cuotas.
La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización, pero se incrementará un 20% si el trabajador es miembro de una familia numerosa. El beneficiario de esta ayuda quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, pero el periodo le contará como cotizado. La exoneración de las cuotas se extenderá hasta el último día del mes siguiente al que se levante esta medida.
Por otro lado, en lo que se refiere a la prestación ordinaria, el acuerdo establece que ésta será compatible con la actividad hasta el 31 de enero, siempre que durante el cuarto trimestre de este año se sigan cumpliendo los requisitos exigidos para su concesión, entre los que se encuentran que haya una reducción de la facturación en este último trimestre de al menos el 75% de sus ingresos en comparación con el mismo periodo del año anterior y que no se superen unos rendimientos netos de 1,75 veces el Salario Mínimo Interprofesional (5.818,5 euros) en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de este año.
Específicamente, el importe de las ayudas será de unos 950 euros en el caso de los autónomos cuya actividad no se ha recuperado y trabajadores de temporada y de 760 euros en el caso de la prestación por suspensión de actividad, tal como ha detallado el propio Escrivá.
En lo relativo a la ayuda por bajos ingresos, para conseguirla los ingresos del demandante no deben superar el SMI (950 euros) en el último trimestre del año. La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización. Además, los beneficiarios estarán exonerados de abonar las cuotas y también se les contabilizará como periodo cotizado.
Finalmente, el acuerdo prorroga las ayudas a los autónomos de temporada con una flexibilización de los requisitos. Para acceder a esta ayuda, los trabajadores deberán haber cotizado un mínimo de cuatro meses entre junio y diciembre de 2018 y 2019, no superar los 23.275 euros de ingresos durante 2020 y no haber estado de alta desde el 1 de marzo al 31 de mayo. La cuantía será el equivalente al 70% de la base mínima y también se incluye la exoneración de las cuotas.
Todas las ayudas comenzarán a devengarse desde el 1 de octubre de 2020 y tendrán una duración máxima de cuatro meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los quince primeros días naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedarán fijados en el primer día del mes siguiente al de la prestación de la solicitud.
Por otra parte, el Gobierno prevé duplicar en un mes el número de hogares beneficiarios del IMV, el Ingreso Mínimo Vital, pasando de los 90.000 que lo perciben en estos momentos a 180.000.
"A finales de octubre, nuestra expectativa es que podamos dar un salto y tener 180.000 hogares con el IMV aprobado y avanzar en la tramitación de muchos expedientes, de tal forma que casi el 65-70 por ciento de todos los expedientes vigentes (en torno a un millón) estén ya en proceso de gestión. Nos permitiría llegar a final de año muy cerca de nuestros objetivos iniciales", ha asegurado Escrivá, quien ha detallado que hasta ahora se han recibido más de 900.000 solicitudes, de las cuales se han procesado unas 410.000.
En total, dentro de los 90.000 hogares que reciben el IMV, son unas 300.000 personas las personas beneficiarias, según calcula el Ejecutivo. Además, también han solicitado la subsanación a unos 160.000 hogares más.
Este "salto" a 180.000 hogares beneficiarios lo podrán dar, según ha indicado Escrivá, gracias a la introducción de una serie de modificaciones para agilizar la gestión de los expedientes.
Entre los cambios que se contemplan para ello, destaca la apertura de nuevas vías de justificación y documentación de hogares que confluyen en una misma vivienda y se aclara el concepto de "hogar monoparental".
Del mismo modo, el Gobierno ha limitado en el caso de los menores de 30 años el requisito de 3 años de vida independiente y 1 año de cotización a la Seguridad Social, de forma que a partir de ahora solo será necesario que acrediten un año de vida independiente para solicitar el Ingreso Mínimo Vital.
Continuando con la explicación al respecto de los planes del Gobierno, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detallado que desde finales de abril hasta el mes de septiembre ha sido de unos 22.000 millones de euros el coste de las medidas de protección a trabajadores y empresas adoptados ante la pandemia del coronavirus; una cantidad que incluye las exoneraciones y prestaciones asociadas a los ERTE, las ayudas a los autónomos y las bajas por incapacidad temporal.
Cerca de la mitad de esos 22.000 millones de gasto corresponden a las medidas que conciernen a la Seguridad Social y la otra mitad al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por las prestaciones asociadas a los ERTE.
En este sentido, Escrivá ha recalcado que el esfuerzo presupuestario es "extraordinario" y que superará los 1.000 millones de euros mensuales "en el mejor de los escenarios".
Prohibición de desahucio y prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda
El Consejo de Minsitros, por otra parte, dentro de sus medidas de "escudo social" ha aprobado también este martes que se extienda hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios, así como la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda de seis meses para evitar subidas "abusivas" y la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública.
Esta medida favorece la posibilidad de actuación de los servicios sociales teniendo en cuenta que persiste una difícil situación para muchos hogares que pueden estar en riesgo de perder su vivienda y, todo ello, en sintonía con la extensión de otras medidas de protección social en el ámbito económico y laboral.
Por el contrario, el Gobierno no ha ampliado la moratoria hipotecaria, una de las medidas más relevantes del llamado 'escudo social'. De esta forma, la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual se puede solicitar hasta este martes, 29 de septiembre, y tendrá una duración de tres meses.