{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El denominado bono joven de alquiler, aprobado con el objetivo de ayudar a emanciparse a los jóvenes españoles, según defiende el Gobierno, será abonado con efecto reatroactivo a fecha del pasado 1 de enero.
Así lo ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a su llegada a una reunión informal de ministros de Transportes de la Unión Europea (UE) en Le Bourget, al norte de París.
En declaraciones recogidas por EFE, Raquel Sánchez ha explicado que una vez que ya está aprobado el techo de gasto por la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, el 9 de marzo hay una nueva cita para el reparto de los recursos.
Las CCAA serán las que tengan que poner en marcha a partir de ahí los procedimientos en sus respectivos territorios para que los solicitantes puedan hacer la demanda.
En este sentido, ha recalcado: “Los beneficiarios lo serán desde el 1 de enero de 2022”.
El bono joven de alquiler está dirigido a personas menores de 35 años y con ingresos inferiores a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que en 2022 se sitúa en 6.948,24 euros para 12 pagas y 8.106,28 para 14). Esto significa que cumplirán el requisito aquellos que en 14 pagas ganen menos de 24.318,84 euros anuales. Y además, tendrán que tener una renta de alquiler inicialmente inferior a los 600 euros mensuales.
No obstante, esta cuantía máxima del alquiler podrá ser regulada por las CCAA para aumentarlo a los 900 euros al mes.
De cumplir estos requisitos, la ayuda que se concederá será de 250 euros y por un plazo de dos años.
En el caso del alquiler de habitaciones, la renta será de 300 euros, ampliada hasta los 450 euros para determinados supuestos.
Estas ayudas nunca superarán el precio que se paga pro el alquiler, y deberá ser la vivienda habitual del solicitante.
Preguntada sobre el dispositivo de sanciones que se contempla para aquellos que no cumplan con la nueva ley de vivienda, la ministra explicó que su existencia es "lógica y razonable".
Puntualizó que la ley de vivienda contempla una habilitación para que las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias, sean las encargadas de "activar y aplicar ese régimen sancionador".
"Nos parece una medida positiva que puede reforzar el cumplimiento de la ley y hacerla más efectiva", ha dicho Sánchez.