Las tres aseguradoras que dan cobertura médica a través de Muface a los empleados públicos, pero también los propios funcionarios, confían en que el Gobierno apruebe este martes una subida de la dotación que reciben estas empresas y mejore la propuesta inicial del 14 %. De lo contrario, el sistema "morirá de inanición", según advierten desde el sindicato de funcionarios CSIF.

"Esperemos que el Gobierno recapacite y ofrezca un solución", ha asegurado el presidente del sindicato de funcionarios CSIF, Miguel Borra, que ha defendido que al Estado le sale más barato aumentar el presupuesto del convenio de asistencia sanitaria de Muface que asumir el sobrecoste que supondría para la sanidad pública absorber a los 1,5 millones de funcionarios que ahora están en la privada.

El líder sindical ha mostrado su esperanza en que el Gobierno mejore su propuesta de subir la dotación económica, porque si no el sistema "morirá de inanición".

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se limita a apuntar que la aprobación de las bases del concierto que regirá a partir del 2025 (y en principio para dos años) es inminente, sin concretar más, las fuentes consultadas por EFE aseguran, sin embargo, que éstas ya han pasado por la Comisión de Subsecretarios y apuntan que lo más probable es que el Consejo de Ministros lo apruebe este martes.

El sector está muy pendiente sobre todo de la prima establecida, algo que, sin embargo, podría no trascender hasta el miércoles, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaría las condiciones detalladas del concierto.

Las tres empresas prestatarias del servicio -SergurCaixa Adeslas, Asisa y DKV- llevan tiempo advirtiendo de que este contrato es altamente deficitario, y según un estudio encargado por el sector, supone unas pérdidas conjuntas de 200 millones al año entre 2022-2024 (los tres años del actual concierto).

El actual convenio acaba a final de este año y en enero de 2025 los mutualistas tienen que decidir de nuevo si apuestan por la sanidad pública o por alguna de las aseguradoras que haya ganado el siguiente concurso con Muface.

Si para entonces no se ha cerrado el concurso, los cerca de 1,7 millones de personas que ahora están atendidos por las mutualidades pasarían a la sanidad pública, que ya de por sí está muy sobrecargada y que afectaría especialmente a Madrid, donde hay un mayor número de funcionarios.

Al mismo tiempo, también pondría en riesgos centros sanitarios, infraestructuras y empleos que dependen de la atención sanitaria privada y que perderían de la noche a la mañana 1,7 millones de usuarios.

De hecho, y según cálculos de la Fundación IDIS, que representa a la sanidad privada, la desaparición de la cobertura de las aseguradoras tendría un coste anual de 1.214 millones para la Administración y supondría por ejemplo la necesidad de sumar 3.975 nuevas camas en el sistema público.

El Estado inicialmente había propuesto elevar la prima un 25 % en dos años, muy lejos del 38 % que el sector calcula que sería necesario sólo para que la prestación del servicio no fuera deficitaria.

Fuentes de las aseguradoras implicadas dicen a EFE estar abiertas a asumir una subida inicial por ejemplo del 25 % el primer año, siempre que el segundo se aplicara otra del entorno al menos del 10 %. Ese 25 % es precisamente la subida que en su día planteó el Estado: un 24 % en 2024 y un 1 % en 2025.

Sin embargo, el pasado 27 de septiembre, desde el ministerio se vino a transmitir al sector que no podía elevar la prima más del 14 % (13,7 % el primer año y un 0,3 % el segundo), siempre según las fuentes consultadas.

Las tres aseguradoras, que son las tres únicas que aún están dispuestas a ofrecer un servicio que antaño era facilitado por muchas más, han venido a decir de una o otra manera que si la subida se limita a ese 14 % en dos años, podrían no presentarse al concurso, que podría incluso quedar desierto, algo que jamás ha ocurrido.

La dotación actual es equivalente a 984 euros/mutualista, mientras que la que se destina en la sanidad pública es de 1.608 euros. Con el incremento que propone el Estado se alcanzarían en dos años los 1.117 euros. 

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