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El Gobierno ha aprobado una oferta récord de empleo público (OEP) para 2023 de más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE), lo que supone un 20% más que la del año pasado, según han informado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El objetivo de estas ofertas de empleo público, tanto para promoción interna como plazas de acceso libre, tienen por objetivo reponer efectivos que se están jubilando para dar un mejor servicio a la ciudadanía, ha subrayado María Jesús Montero.
"La cifra récord se explica por la necesidad de fortalecer las plantillas que se debilitaron por años de recortes y tasas de reposición cero", ha afirmado la ministra de Hacienda y Función Pública, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado esa nueva oferta de empleo público.
Dentro de la oferta de empleo ordinaria -cuyos procesos selectivos tendrán que estar aprobados antes de que finalice el año y resueltos en un plazo inferior a dos años desde su convocatoria- 27.246 plazas serán de acceso libre y 12.328 de promoción interna.
En tanto que 18.621 plazas corresponden a la tasa de reposición, es decir, sirven para cubrir vacantes por jubilación, la oferta supone la creación neta de 8.625 nuevos empleos.
"Estamos dando un paso de gigante en el día de hoy", ha señalado Montero, para quien la nueva OEP redunda en el "fortalecimiento del Estado del bienestar" y servirá para que la Administración "cuente con recursos humanos suficientes prestar servicios a la altura de lo que los ciudadanos desean".
Preguntada sobre la posibilidad de que un cambio de Ejecutivo impida el desarrollo de la nueva OEP, la ministra ha indicado que el real decreto "establece obligaciones", aunque ha añadido que no contempla otro escenario que el de un "Gobierno de progreso" que sea capaz de desarrollar la oferta de empleo público.
La titular de Función Pública ha detallado que 29.818 plazas irán a la Administración General del Estado (AGE), 2.875 para la Guardia Civil, 2.833 para el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), 2.141 para las Fuerzas Armadas y 1.907 para la Administración de Justicia.
Además, se incluyen 1.025 efectivos para gestionar el ingreso mínimo vital (IMV), 2.5000 para las entidades gestoras de la Seguridad Social y 500 de funcionarios de habilitación de carácter nacional para Entidades Locales.
Como ha recordado la propia María Jesús Montero, la nueva OEP ha sido acordada con los sindicatos UGT y CSIF, si bien CCOO votó en contra de la oferta de empleo público porque "no garantiza el servicio público a la ciudadanía".
"Animo sobretodo a los jóvenes a que hagan del servicio público una oportunidad de desarrollo profesional y también vital. Trabajar para mayoría de ciudadanos es una fuente de satisfacción personal", ha zanjado Montero.
Las convocatorias de los procesos selectivos previstos en la oferta de empleo público para 2023 deberán publicarse antes del 31 de diciembre de 2023, salvo causa justificada que acredite su imposibilidad. En el caso de que el estado de ejecución de la fase de oposición de convocatorias derivadas de ofertas de empleo anteriores confluyera con la fecha anterior, se preverá la acumulación de las plazas pendientes de convocatoria, junto con las que, en su caso, se oferten en el ejercicio inmediato siguiente.
Además, desde UGT señalan que, con carácter excepcional, y sin perjuicio del desarrollo de otras medidas que agilicen los procesos selectivos de la oferta de empleo público de acceso libre, en aquellos ámbitos en los que se considerase necesario para una adecuada prestación de los servicios, se podrá nombrar personal funcionario interino o personal laboral temporal.
CSIF considera que esta oferta supone un avance significativo respecto a la oferta del año pasado, que ya fue calificada como una oferta histórica, y pretende agilizar los procesos selectivos, favorecer el sistema de promoción interna, la carrera profesional y garantizar unas plantillas adecuadas a las necesidades reales de la ciudadanía.
En todo caso, a falta de conocer el desglose de las cifras, CSIF solicita un especial refuerzo en departamentos muy tensionados como la gestión de políticas públicas, transformación digital, cohesión social, ciencia e investigación, infraestructura, transición ecológica, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo e Instituciones Penitenciarias.