El Congreso aprueba la Ley de Vivienda por mayoría absoluta y pese al 'no' de PP, Vox, Cs, PNV y Junts

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda con un respaldo de 176 votos que representan la mayoría absoluta del hemiciclo, frente a 167 en contra. En concreto, el texto ha contado con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe. El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) se ha abstenido, aunque también ha vertido críticas por la invasión de competencias.

En contra se han situado el PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias, pero también el PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria, que en su caso alegan invasión de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas. Recientemente, la vicepresidenta Yolanda Díaz dejaba claro que "es urgente limitar el precio del alquiler como en Berlín y París". Y es que España es el tercer país europeo con más familias con problemas para pagar la vivienda.

De este modo la norma, que llevaba en el Congreso bloqueada más de un año, pasará ahora al Senado, con el objetivo de que se acelere su tramitación para que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales que se celebrará el próximo 28 de mayo. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha remarcado que se trata de "uno de los principales hitos de esta legislatura".

El presidente también ha puntualizado que la vivienda pasa a ser de un bien de lujo a un bien de primera necesidad. "Estamos dejando atrás definitivamente la ley del suelo de 1998 y el modelo neoliberal que trajo especulación, corrupción y mucho dolor social como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria", ha manifestado Sánchez a las puertas de la Cámara Baja.

Entre otras medidas, la Ley de Vivienda impondrá nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, permitirá rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos e impedirá a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.

En concreto, la norma mantiene el límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.

Por otra parte, la ley permitirá rebajar de diez a cinco inmuebles el concepto de grandes tenedores y extenderá a las personas físicas las restricciones para arrendadores contempladas en zonas tensionadas.

Además, la nueva ley introduce una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. De este modo, los desahucios no podrán realizarse sin una hora y una fecha predeterminada.

Para defender el proyecto de ley han comparecido dos de las principales negociadoras del mismo, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

En primer lugar, Ione Belarra ha señalado que si antes no ha sido posible una Ley de Vivienda estatal en la democracia española, es porque la política de vivienda del país es la historia de la "gran estafa española". En concreto, ha indicado que hasta el momento la vivienda en España se ha convertido en un "gran negocio" construido bajo el "consenso del pelotazo" y de la "especulación".

También ha denunciado Belarra que el alquiler se ha convertido en una "máquina de extraer recursos" a las "clases populares" y la "gente más humilde". Es así, dice la ministra, porque durante demasiado tiempo "el mercado de la vivienda en España ha sido la ley de la selva" y siempre se ha puesto del lado "de quien más tiene".

Entre otros puntos, la ministra de Derechos Sociales ha remarcado que la norma comienza a intervenir el mercado del alquiler "de manera estructural", amplía la protección a inquilinos vulnerables en desahucios y se comienza a movilizar el "enorme" volumen de viviendas vacías en España.

Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que el proyecto de ley se alinea con la agenda urbana del Gobierno, que tiene por objetivo "fomentar la cohesión social, buscar la equidad y garantizar el derecho del acceso a la vivienda".

Así, ha subrayado que la ley es "ambiciosa" y busca reorientar toda la política de vivienda en España, que a su juicio se había consolidado en un modelo de "luces y sombras" y "demasiado propenso a generar fenómenos de especulación y ciego ante las barreras para el acceso a la vivienda de amplios sectores".

Por parte de Unidas Podemos, Pilar Garrido ha subrayado que la ley cambia de "paradigma" la vivienda en España porque asume esta materia como un "bien esencial" y no como un "bien de mercado".

No obstante, ha hecho hincapié que "quedan pasos por dar" para alcanzar un alquiler "seguro" y "asequible", así como para que los sindicatos de inquilinos puedan estar presentes en las negociaciones con grandes propietarios. En lo relativo a desahucios, ha explicado que lo que introduce la ley es un proceso "garantista" para las familias vulnerables.

Por último, José Luis Ramos, diputado socialista por Huelva, ha defendido que con la aprobación de la norma se termina de construir el Estado del Bienestar, porque sin una vivienda digna, ha dicho, "ni se puede estar sano, ni se puede ejercer el derecho a la dependencia".

Frente a las alegaciones de supuesta invasión competencial que han hecho formaciones como PNV, PDeCAT, Junts o la CUP, la diputada de ERC, Pilar Vallugera, ha comenzado su intervención reconociendo que las competencias de vivienda son exclusivas de las comunidades autónomas, pero ha recordado que en Cataluña se publicó una ley de contención de rentas y el Tribunal de Constitucional la recurrió.

"¿Queremos intervenir el mercado de rentas de alquiler o nos vamos a quedar defendiendo su posición de no intervención?", ha reprochado Vallugera a formaciones como PDeCAT, Junts y PNV.

Adicionalmente, ha hecho un inciso a varias formaciones por sus referencias a la supuesta 'okupación'. "¿A quién llaman ustedes 'okupas', a los que no han podido pagar la hipoteca después de 15 años y por dos recibos van a perder todo lo que han invertido? Esos son vecinos que pasan por un mal momento", ha remachado.

Por su parte, el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, ha apuntado que la ley es "un paso corto, pero necesario". Y es que, en su opinión la alternativa sería la "desregulación" del mercado para que los grandes propietarios "campen a sus anchas". También ha incidido en que "lejos de ser un texto centralizador, es habilitante".

Además del tema competencial, otro de los asuntos que ha generado críticas con esta norma ha sido la 'okupación', ya que para grupos como PP, Ciudadanos o Vox da cabida a esta práctica.

De hecho, Vox ha desechado por completo la idea de apoyar la ley, porque a su parecer, expresado por Iván Espinosa de los Monteros, la norma da "amparo de la 'okupación'", supone un "deterioro de la seguridad jurídica" y también generará unos "precios del alquiler disparados". "Consolidad a España como un paraíso de los 'okupas'", ha llegado a decir en su intervención.

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha comenzado su intervención diciendo que el texto es "electoral", "vacío" y "contraproducente". Esto es porque, a su juicio, interviene precios, algo que "no funciona", y aporta "inseguridad jurídica a los propietarios".

Del lado del PP, Ana María Zurita Expósito ha dicho que la ley solo favorece a los 'okupas' y también ha avisado que la norma "caerá" ante el primer recurso de cualquier comunidad autónoma por el asunto competencial.

Además, ha denunciado que los propietarios privados tendrán más obligaciones que las entidades públicas de vivienda. Por todo ello, la diputada del PP ha advertido que la norma tendrá "muchos efectos indeseados".