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El Gobierno ha pactado finalmente los últimos flecos de la segunda parte de la reforma de pensiones con los sindicatos y tras tener el visto bueno de Unidas Podemos sobre los puntos fundamentales del real decreto ley que pasará por el Consejo de Ministros.
La reforma de las pensiones incluye que entre 2024 y 2027 las pensiones mínimas subirán por encima de la inflación para garantizar su suficiencia, lo que supondrá un alza de alrededor del 22 % de la pensión mínima contributiva con cónyuge a cargo, que pasará de 966,20 a 1.178,50 euros al mes.
La reforma establece que la pensión mínima contributiva con cónyuge a cargo debe alcanzar el 60 % de la renta mediana de un hogar de dos adultos, lo que supondrá 16.500 euros anuales en 14 pagas en el año 2027. Son los cálculos de la Seguridad Social presentados este miércoles en la comisión del Pacto de Toledo por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, tras firmar con los sindicatos el acuerdo para la reforma de pensiones.
Con arreglo al mismo criterio de suficiencia, la pensión mínima no contributiva tendrá que situarse en el 75 % del umbral pobreza individual, lo que en 2027 serían cerca de 8.300 euros anuales o unos 592 euros al mes, frente a los 457,30 actuales.
Actualmente, la pensión mínima de jubilación varía en función de la situación conyugal. Para un beneficiario que rebase los 65 años será de 966 euros mensuales si tiene algún cónyuge a cargo, y las más habituales, de 783 euros mensuales si no se tiene cónyuge, es decir, es una unidad económica unipersonal, o de 743 euros al mes si se tiene cónyuge pero no a cargo.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han sido los encargados de ratificar el acuerdo y estampar su firma en un acto en la sede el Ministerio.
El aumento de la pensión mínima y la incorporación de medidas para reducir drásticamente la brecha de género permiten al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ver la luz al final del túnel, pese al rechazo frontal de la CEOE y de las patronales empresariales. El jueves, previsiblemente, el Ejecutivo celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la norma vía real decreto ley, que luego tendrá que ser tramitado en el Parlamento.
En la rueda de prensa posterior a la firma, José Luis Escrivá ha defendido una reforma que supone "un cambio radical estructural para modernizar el sistema de pensiones" y ha rechazado que ponga en peligro el "tejido productivo y la competitividad de las empresas. Se está haciendo una gran demagogia sin números encima de la mesa", ha afeado el titular de Inclusión, que ha incidido en que la reforma hace el sistema "robusto" garantizando la sostenibilidad, la suficiencia y con elementos de equidad.
"Damos a los jóvenes referencia a medio y largo plazo", ha subrayado Escrivá que ha valorado el trabajo realizado con los sindicatos y en el seno del Gobierno de coalición y ha confiado en sumar los máximos apoyos parlamentarios. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha mostrado su "satisfacción" por un acuerdo de "importancia histórica" en el que ha lamentado la ausencia de la patronal CEOE.´ "No hay argumentos que justifiquen que no esté en la firma", ha criticado Álvarez que ha valorado el respaldo de Europa a una reforma que "equilibra gastos e ingresos" y garantiza el futuro de las pensiones. Junto al respaldo de Bruselas, el líder de UGT, que ha felicitado al ministro de Inclusión por su negociación con la UE, ha destacado que la reforma cuenta con la garantía de que cada 3 años la AIReF haga un informe sobre la evolución del sistema.
Por su parte, el líder de CCOO ha declarado que se asistía este miércoles a "uno de los días más importantes de la legislatura" y ha definido el acuerdo de "revolucionario" en tanto en cuanto introduce elementos "estructurales" que "garantizan la viabilidad futura de un sistema de pensiones suficientes". Para Sordo, la reforma supone "más ingresos, más protección y más certezas" para los pensionistas presentes y futuros y se ha mostrado satisfecho de que, ante la dicotomía de afrontar una reforma para garantizar las pensiones que o recortara gasto o incrementara el sistema de ingresos, se haya optado por lo segundo. Asimismo, ha destacado la "importancia geoestratégica" de pactar la reforma con la Comisión Europea, y ha defendido que las medidas para incrementar los ingresos son "absolutamente manejables" para las empresas y no ponen en peligro la creación de empleo.
La reforma incluye varias medidas para mejorar los ingresos, como una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos o el destope progresivo de lo que contribuyen las bases máximas, refuerza las pensiones mínimas y mejora el tratamiento de las lagunas de cotización, entre otros puntos. En cuanto al periodo de cómputo, la reforma plantea poder elegir entre los 25 años actuales para calcular la pensión o ampliar a 29 pudiendo descartar los dos años peores.
Todas las medidas se implantarán de forma progresiva en aras de garantizar la "sostenibilidad, la equidad y suficiencia de las pensiones".
El Partido Popular ha reiterado su rechazo a la segunda fase de la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno, pese a haber logrado el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT, y ha avanzado que la modificará si llega a la Moncloa porque no garantiza la sostenibilidad del sistema y "afecta directamente a la generación de empleo y a la competitividad de las empresas".
"Afecta directamente a la generación de empleo y a la competitividad de las empresas", ha alertado el vicesecretario general de Economía del Partido Popular (PP), Juan Bravo, en declaraciones a los medios de comunicación, minutos después de conocer el visto bueno por unanimidad de los órganos de dirección de CCOO y UGT a la reforma de pensiones.
Para Bravo, esta reforma que plantea el Ejecutivo supone "un impuesto al trabajo y al talento", un argumento que coincide con el esgrimido por la patronal para justificar su rechazo a la reforma que se aprobará próximamente.
Por ello, desde el PP aseguran que reformarían el sistema planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez si llegan a la Moncloa, ya que no están de acuerdo con la subida de cotizaciones sociales prevista. Frente a este planteamiento, abogan por un modelo que impulse la creación de 1,7 millones de empleos que permitiría una recaudación de 16.000 millones en cotizaciones sociales.
Además, la mejora del sistema de pensiones pasaría también, según el modelo del PP, por el impulso del talento y la atracción de los llamados 'nómadas digitales'; la natalidad y el empuje de la productividad de la economía.Para Bravo, la reforma planteada, que va a afectar a los próximos 30 años, se debería haber abordarlo con el consenso y el diálogo con las principales formaciones políticas, así como con sindicatos y patronal. Eso sí, el responsable del ala económica del PP ha contado que esta semana un miembro de su formación se reunió con el Ejecutivo para abordar la propuesta, aunque ha criticado la falta de datos concretos y de análisis en profundidad del impacto de la reforma.
El vicesecretario general de Economía del PP también ha cargado contra la posición que ahora muestra el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, como miembro del Ejecutivo y le ha recordado que lo que propone hoy es todo lo contrario a lo que defendía cuando estaba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). "Dijo que era un impuesto al trabajo, que iba a afectar a los empleos y que no era la fórmula para solucionar los problemas", ha apuntado.