Los móviles, tabletas, ordenadores y televisores deberán incluir de fábrica la función de control digital parental para que pueda ser activada por los padres o tutores, que podrán decidir qué aplicaciones, servicios y contenidos restringen a los menores. Así lo contempla el anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales que prevé aprobar este martes el Consejo de Ministros.

La ley, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia y en la que intervienen también otros departamentos, irá acompañada de una Estrategia Nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales, que el Gobierno quiere aprobar en otoño, una vez que el Comité de Expertos creado con ese objetivo entregue su informe el 20 de junio.

En el ámbito educativo, el Ejecutivo contempla un plan de alfabetización digital para que de manera transversal -a través de distintas asignaturas, como la educación afectivo sexual- se impartan desde edades tempranas (en primaria y secundaria) conocimientos para la autonomía de los menores en el ámbito digital y herramientas para combatir, por ejemplo, los bulos.

Todos los móviles, tabletas, ordenadores y televisores tendrán que incluir de fábrica la función de control digital parental para que pueda ser activada de manera clara -similar a la selección de idioma- por los padres o tutores, que podrán decidir qué aplicaciones, servicios y contenidos limitan a los menores.

Otra de las medidas, según han explicado fuentes del Gobierno, es la regulación del etiquetado y de las advertencias de todos los productos digitales sobre los contenidos aptos o no para menores de las aplicaciones, con un lenguaje entendible y accesible también para personas con discapacidad, como niños con autismo.

El anteproyecto incorpora parte del diagnóstico y de las recomendaciones debatidas por el medio centenar de expertos que conforman el comité, aunque las aportaciones de este órgano irán más allá de la regulación de unos entornos digitales cambiantes y que precisan de una estrategia que aborde las medidas en el tiempo, explican las fuentes.

A efectos prácticos todas estas medidas se traducen por ejemplo en que los pediatras tendrán que hacerles a los niños una especie de chequeo digital, con preguntas para tratar de averiguar si tienen cierta dependencia de los dispositivos e Internet.

Además el acceso a redes sociales y foros será limitado para quienes tengan una orden de alejamiento para evitar el contacto digital con sus víctimas. Por último, modificar imágenes con IA o simulación de voces será recogido como en el código penal y podrían conllevar penas de prisión de hasta dos años.

La regulación consagra, por primera vez, los derechos de los menores en el entorno digital, a través del artículo 2.

El anteproyecto incorpora un diagnóstico sobre el impacto de los entornos digitales en menores de edad realizado por el Ministerio de Juventud e Infancia, con las primeras aportaciones de los expertos.

Según ese diagnóstico, la edad media de acceso al primer móvil se sitúa en los 11 años.

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