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La Policía Nacional ha incautado 13.000 kilos de productos químicos en un contenedor localizado en el recinto aduanero del puerto de Barcelona con destino a Rusia. La operación ha culminado con cuatro arrestados que presuntamente lideraban desde España un entramado comercial creado para evadir las sanciones impuestas a Rusia con motivo de la guerra en Ucrania.
Las detenciones se han producido en las localidades catalanas de Sant Feliu de Guíxols (Girona), Cerdanyola del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) como presuntos responsables de un delito continuado de contrabando de géneros prohibidos.
La investigación se inició en el año 2022, una vez iniciado el conflicto de Ucrania, cuando una sucesión de paquetes de sanciones internacionales contra Rusia, comenzaron a limitar el alcance de este país a las materias y tecnologías que soportan su esfuerzo bélico.
En este contexto, la Policía detectó a una empresa, gestionada por ciudadanos de origen ruso, que había desarrollado un sistema de triangulación comercial, logístico y económico orientado al suministro ilegal de productos químicos a Rusia.
En el transcurso de la investigación constataron la exportación en el pasado, utilizando este entramado societario, de productos químicos sancionados internacionalmente, algunos de ellos posibles precursores de armas químicas o agentes nerviosos.
La empresa española tenía una filial en Moscú (Rusia) que era la receptora última de los productos químicos, aunque este destino final era encubierto mediante una sucesión de empresas pantalla en países como Armenia o Kirguistán. Estas empresas interpuestas en ningún caso eran receptoras de la mercancía, que se desviaba por vía terrestre a la Federación Rusa.
El suministro a Rusia de la sustancia intervenida, así como las exportaciones precedentes que han podido documentarse durante la investigación, están terminantemente prohibidos por el Reglamento Europeo relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania, y sus posteriores actualizaciones.
La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional, ha sido desarrollada de forma conjunta por la Comisaría General de Información, las brigada provinciales de Información de Barcelona, Girona y Murcia, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Cataluña, y ha contado con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).
La investigación continúa abierta con objeto de proceder a la plena identificación, localización y detención de otros individuos implicados en estos hechos.
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