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Una investigación que finalizó el 4 de marzo permitió destapar el caso de unas falsas filiaciones de recién nacidos. La familia implicada engañó con ello para "obtener subvenciones y ayudas públicas".
Así lo ha comunicado este viernes la Junta de Andalucía, tras la labor realizada por la policía autonómica. Los agentes han investigado a un funcionario público de Iznalloz (Granada) y a varias personas más.
Todo comenzó con un requerimiento de la Fiscalía de Menores para averiguar el paradero y condiciones de vida de dos menores de los que tenía dudas de su verdadera identidad y situación.
Los hechos que motivaron el citado interés se deben a que, el pasado mes de diciembre, una mujer de 28 años con domicilio en Utrera (Sevilla) ingresó en el Hospital Virgen del Rocío en la capital hispalense.
Dio a luz a su primer hijo, comprobando los servicios hospitalarios que en su historial clínico figuraban otros dos partos anteriores en el Virgen de las Nieves de Granada en 2016 y 2017.
Las pesquisas realizadas por los agentes permitieron constatar que esos "bebés nacidos no eran hijos suyos", sino de su hermana menor, quien, en el momento de los nacimientos, tenía 14 y 15 años.
Se encontraba fugada de un centro de protección de menores. Estas circunstancias de vulnerabilidad y riesgo la habrían llevado a suplantar la identidad para "evitar que las autoridades tuvieran conocimiento del nacimiento de los dos pequeños y se los quitasen".
Sin embargo, el engaño no habría quedado ahí. Los investigadores verificaron que, además, habían sido inscritos en el registro civil de Iznalloz como hijos de la abuela materna.
Así pues, la abuela, contando con la colaboración de su actual pareja sentimental, supuestamente manipuló y alteró los certificados de nacimiento para hacerse pasar por la madre de los niños.
Para ello, se habría servido "de la actitud negligente del funcionario del registro civil, quien no comprobó debidamente ni cotejó los documentos presentados".
Interrogada al respecto la abuela, ésta reconoció los hechos a la vez que explicó que lo hizo "movida únicamente por el deseo de evitar que el servicio de protección de menores de la Junta de Andalucía les quitasen a los pequeños".
Sin embargo, negó haber aprovechado la circunstancia para "cobrar ayudas sociales y subvenciones económicas". Un extremo que sí fue acreditado por los policías.
Por todo ello, se le imputa la comisión de los delitos de suposición de parto, falsificación de documentos y fraude a la seguridad social a la abuela materna, su actual pareja sentimental y sus dos hijas.
Igualmente, por la presunta comisión de falsificación documental se investiga al encargado del mencionado registro civil de la localidad granadina.
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