Comprar una casa en España se ha vuelto cada vez más difícil, y la problemática de los inquiokupación preocupa a los propietarios. Este fenómeno se refiere a un tipo específico de ocupación ilegal, que ocurre cuando un propietario alquila su vivienda y tiene impagos después del primer o segundo mes. "La mirada crítica" ha hablado con Carmelo, un jubilado que alquiló su piso a unos inquilinos que han dejado de abonar la renta, acumulando ya una deuda de 67.000 euros.
El piso okupado era la vivienda familiar de Carmelo y hace cinco años la puso en alquiler. Él considera esta propiedad como "su plan de pensiones" pero, a día de hoy, se siente completamente desamparado. Los inquilinos le presentaron sus nóminas e incluso contaron con el aval del padre de uno de ellos, pero casi desde el principio surgieron problemas. Intentó resolver la situación llamando a la justicia, pero el conflicto ha persistido: "Es desesperante; ya son cinco años sin cobrar y seis desde que firmé el contrato".
Aunque las administraciones locales "parecen empezar a responder", reconoce que el proceso es muy complejo. Carmelo se siente abandonado por la administración central: "El camino es complicado; la documentación que hay que presentar es interminable, es un laberinto absoluto", añade. Ha recurrido a todas las instancias disponibles, pero por ahora, sigue en la misma situación.
Carmelo ha decidido llevar su situación a los medios de comunicación y ha descubierto que una de sus inquilinas se encuentra en una situación vulnerable. "Como resultado, se han paralizado todos los lanzamientos de desahucio, ya van seis ocasiones", comenta. A pesar de mantener la calma, la presión de lo que está viviendo le afecta cada vez más: "Con el tiempo, te haces más fuerte, pero es difícil. A veces, conciliar el sueño se vuelve un desafío".
El jubilado se arrepiente de haber alquilado su piso, ya que lleva años sin poder desalojar a los inquilinos y comienza a dudar de su futuro económico: "Esto es mi plan de pensiones, en lugar de recibir un ingreso, estoy perdiendo 350 euros al mes". Además, se ve obligado a cubrir los suministros que los inquilinos no pagan, acumulando casi 3,000 euros, sin contar los gastos comunes de la vivienda.
Eduardo Molet, consultor inmobiliario y colaborador del programa, señala que estos problemas son "culpa de la ley de la vivienda". Carmelo también destaca que no es un caso aislado: "No somos un bulo ni cuatro gatos; son más de 80,000 personas las que padecen esto. Es un efecto llamada". La situación ha superado a Carmelo, quien vive en el mismo barrio pero no quiere tener relación con sus inquilinos: "Cualquier cosa que diga puede jugar en mi contra. No he recibido ningún contrato que indique que debo mantener a una persona vulnerable a costa mía".