El Banco de España ha dado las recetas para que la recuperación de la economía española vaya a más y las colas del hambre a menos. No habría que tomarse a la ligera sus consejos entre los que se incluye más cooperación y acuerdos y menos refriega política. El Banco de España plantea corregir la desigualdad de los trabajadores temporales con un sistema mixto que combine la rebaja a la mitad del coste por despido con el establecimiento de un fondo de capitalización individual nutrido por las empresas, pero implantado con ayuda del Estado y los fondos europeos.

No es la primera vez que el Banco de España sugiere la implantación de la denominada "mochila austríaca", planteada ya en la reforma laboral socialista de 2010, pero en esta ocasión calcula el hipotético coste de implantación, superior a los 9.000 millones de euros, y propone que el Estado financie unos 8.000 millones con cargo, al menos parcial, a los fondos europeos.

El informe anual de la entidad, publicado este jueves, repasa los retos estructurales que afronta la economía tras la pandemia de covid-19, entre los que sitúa la corrección de la brecha en el nivel de protección de los trabajadores con contrato temporal y aquellos con contrato fijo.

Señala que los temporales, entre los que se incluyen colectivos más vulnerables como los jóvenes o los trabajadores con menor formación, han soportado "de manera desproporcionada" la destrucción de empleo durante las últimas décadas porque su despido es más barato, patrón que también se ha observado en la crisis actual.

Para solucionarlo el Banco de España habla de distintas opciones, como el contrato único con coste por despido creciente, pero analiza en detalle el modelo austríaco porque considera que es menos desigual, incentiva la movilidad, no genera tensiones de liquidez a las empresas y traslada las decisiones del despido a cuestiones de eficiencia y no de costes. La entidad plantea que las empresas aportarían al fondo individual de cada trabajador 6 días por año trabajado, un importe que sería deducido de la indemnización a abonar por el empleador en caso de despido. El trabajador podría hacer uso del dinero acumulado en el fondo en caso de despido, para formación o para la jubilación.

El modelo de cálculo -que toma datos de 2013 a 2016- asume una reducción del 50 % de los costes actuales de despido y finalización del contrato, pero manteniendo los derechos de indemnización que los trabajadores hubieran acumulado antes de la reforma, lo que da lugar a un sobrecoste para su implantación en cuatro años de 9.000 millones.

Para cubrir esa brecha propone que el Estado financie de forma decreciente durante cinco años las contribuciones empresariales: 5 días por año trabajado el primer año, 4 días el segundo año, 3 días el tercer año, 2 días el cuarto año y 1 día el quinto año, con un coste total de 8.660 millones.

El Banco de España reconoce que su planteamiento tiene "algunas limitaciones", ya que los datos utilizados son de un periodo de recuperación económica y porque las empresas con más despidos podrían verse relativamente favorecidas. Además, señala que con este sistema las empresas podrían ser más propensas a despedir al reducirse el coste, frente a lo que plantea un sistema de bonificaciones y penalizaciones sobre las cotizaciones a la Seguridad Social (bonus-malus) según sea menor o mayor la rotación laboral en cada empresa.

El informe analiza también el impacto de la crisis de la covid-19 sobre los sectores productivos, que ha provocado un aumento moderado de la proporción de empresas en riesgo de ser inviables y de aquellas con problemas de sobreendeudamiento pero viables. Las empresas en esta última situación acumularían una deuda no sostenible que oscila entre los 9.000 millones del escenario más favorable y los 19.000 millones del menos favorable, de acuerdo con las simulaciones realizadas por el Banco de España.

Los cálculos de la entidad apuntan a un aumento de empresas en riesgo de ser inviables como consecuencia de la crisis de entre 2 y 3 puntos porcentuales, según cómo evolucione la actividad económica. El incremento es mayor, entre 3 y 4,7 puntos porcentuales, para las empresas que aun siendo viables estarían en una situación de sobreendeudamiento. En el caso extremo de que en 2021 desaparecieran todas las empresas sobreendeudadas por la crisis, la pérdida de PIB sería de entre el 0,8 y el 1,3 % en 2022 (el impacto máximo se alcanzaría un año después de la perturbación). Si se añade la liquidación de las empresas con riesgo de ser inviables, el impacto total sobre el PIB ascendería a un rango de entre el 1,4 % y el 2,1 %. Este efecto sobre el PIB se triplicaría en el caso de la inversión y se cuadruplicaría para el empleo.

La entidad aboga por una revisión del sistema concursal y preconcursal que incluya una revisión del papel de los acreedores públicos. Al respecto señala que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social no son exonerables, lo que constituye la principal razón para que microempresas y autónomos apenas recurran al concurso.

El Banco de España estaca que la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) en mayo de 2020 supuso la introducción de un mecanismo de redistribución que podría contribuir "significativamente" a paliar la pobreza extrema en España hasta el 1,5% desde el 5,7% actual, según datos del INE. Para el Banco de España, podría resultar adecuado considerar una posible extensión del IMV a algunos colectivos que, de acuerdo con el diseño inicial de este instrumento, no son elegibles, pero que también se encontrarían en situación de riesgo de pobreza extrema. Por ejemplo, afirma que esta situación podría afectar a ciertos hogares con rentas bajas que incumplen la condición necesaria para recibir el IMV en cuanto al nivel de patrimonio, principalmente, por la posesión de activos inmobiliarios de reducido valor, y a algunos hogares con más de dos adultos.

Mitigar los efectos adversos que supone la desigualdad también exige favorecer un incremento estable de la oferta de vivienda en alquiler, según el Banco de España, que apuesta por favorecer un incremento sostenido de la oferta de vivienda de alquiler, lo que contribuiría "a evitar un aumento excesivo del precio de los alquileres". En particular, dice que podría considerarse una combinación de estímulos fiscales a los propietarios de los inmuebles, de mejoras regulatorias que incrementen la seguridad jurídica de estos y de un mayor énfasis de las políticas públicas en la provisión de vivienda pública en alquiler. Por último, aboga también para reducir la desigualdad por abordar las deficiencias estructurales que presenta el mercado laboral español y que afectan especialmente a los jóvenes y elevar su nivel de formación.

El Banco de España recuerda que la AIReF recomienda, entre otras medidas, la revisión de los tipos reducidos del IVA, la reformulación de la reducción por arrendamiento de vivienda en el IRPF y la reconsideración de los tipos reducidos en los impuestos especiales sobre el diésel. Además, desde su punto de vista, en algunos impuestos como la Tasa Tobin (a las transacciones financieras) o la Tasa Google (a las grandes compañías digitales), el Gobierno debería buscar "una mayor coordinación a nivel internacional". El organismo llama a un amplio "consenso" entre el Gobierno, la oposición y el resto de actores implicados en el proceso.

Desde el inicio de la pandemia, se ha observado un cambio en la movilidad de la población española, que ha

disminuido durante las horas laborables, gracias al incremento del teletrabajo. El aumento del teletrabajo podría afectar a la recuperación de la demanda de determinados productos, sobre todo en las grandes ciudades. No obstante, la demografía española (con ciudades relativamente pequeñas), el reducido tamaño empresarial, el alto grado de temporalidad y el menor nivel de inversión en activos intangibles son elementos que podrían limitar el crecimiento del teletrabajo en nuestro país. La crisis actual ha impulsado el comercio online, modalidad que previsiblemente seguirá creciendo en el futuro con la mejora de las habilidades digitales de la población. Cabe esperar que este desarrollo favorezca la competencia entre empresas y aumente la demanda de las más competitivas, dice el Banco de España.