A partir del año 2015, hemos sido testigos de la explosión de toda una economía de plataformas que cambió el mercado y la sociedad, presentándose a viva voz como una oportunidad revolucionaria, rápida y efectiva de ganar dinero. Se trata de empresas que llevan hasta la palma de la mano la posibilidad de emprender y transformarse en el propio jefe, a cambio de asumir los riesgos de la actividad y aventurarse en el mercado bajo la forma de un "colaborador".

En poco tiempo, se han posicionado como un modelo de negocio que permite a todo tipo de personas escapar de los apuros económicos a partir de la autogestión, actuando como un medio para moverse fácilmente en el mercado. Así, de un momento a otro, comenzamos a ver trabajadores, que venían de las más variadas condiciones y disciplinas, operando como autónomos para intentar rentabilizar sus talentos.

En nuestro país, el caso más emblemático es el de las plataformas de reparto, encabezadas por Deliveroo, Glovo, Uber Eats y Stuart. Se trata de empresas que han hecho crecer a pasos agigantados el mercado de los productos a domicilio, librando una competencia voraz por intentar controlarlo. Lo que ha dado pie a que estiren cada vez más sus propios límites de acción, cayendo en prácticas abiertamente ilegales.

Se trata de empresas que han debido pisar en reiteradas ocasiones los tribunales de justicia, coleccionando más de 40 sentencias (-de juzgados de lo Social, Superiores de Justicia de diferentes comunidades autónomas y del Tribunal Supremo) por haber instaurado un sistema de trabajo fraudulento que les permite contar con trabajadores a coste cero, mientras al mismo tiempo se apropian de los enormes beneficios. A pesar de esto, no han cambiado ni dejado de operar. Más bien al contrario, dieron paso a una batalla en todo tipo de medios para forzar las cosas y llevar la ley a su favor.

Así, cuando se vieron acorraladas por las diversas sentencias y el anuncio por parte del Gobierno sobre la regulación del sector, las empresas acudieron a un recurso de legitimación inesperado: si la sociedad no les daba la razón y los tribunales sentenciaban en contra de su modelo, debían ser los propios repartidores quienes levantaran la voz apoyándolas, pidiendo por favor seguir trabajando como autónomos.

La creación de asociaciones pro-plataformas son parte de una pauta de acción prefijada en las empresas de este tipo, incluso hay documentos que especifican cómo formarlas, financiarlas y qué objetivos deben buscar. No son, claro está, el producto de la acción independiente de los trabajadores.

El problema está los medios que se han puesto en marcha para lograrlo: campañas de miedo entre los trabajadores (amenazando con despidos masivos), desinformación, oferta de mejoras en las condiciones de trabajo, persecución y represión sindical. Tácticas que constituyen una clara vulneración a la libertad sindical y el derecho a huelga.

Su mejor argumento son los números que las respaldan. Más allá de que se hayan podido ganar una mala reputación, las plataformas crecen día a día, incrementando la cantidad de clientes y el número de pedidos realizados. Y es que no hay mejor arma de presión que un mercado creciente, por irregular que pueda ser su organización.

Bajo el discurso de la libertad y las bondades de las nuevas tecnologías, su objetivo es externalizar los costes y riesgos de la actividad para traspasárselos a los propios trabajadores, quienes ahora deben entrar a competir en el mercado bajo la forma de un autónomo emprendedor o colaborador. Es decir, dado que el escenario no asegura prácticamente nada, las plataformas aparecen como una oportunidad para acceder al mercado, dejar de depender de terceros y luchar por el bienestar personal. De aquí viene lo de "sé tu propio jefe" y la insistencia constante en el trabajo flexible y autónomo.

Cuando el Gobierno anunció la creación de una mesa de diálogo social para regular el sector, las empresas ya tenían preparada su respuesta. Inmediatamente, la patronal, Adigital, dio a luz un pequeño informe donde explicaba que, si efectivamente les obligaban a pagar los impuestos debidos y a cumplir con los derechos de los trabajadores, prácticamente el 80% de los repartidores perdería su fuente de ingresos. Es decir, una medida de presión inaceptable en cualquier otro lado y que aquí, comprensiblemente, logró difundir un verdadero terror entre los trabajadores.

Las movilizaciones en 2017 tuvieron una gran repercusión y marcaron la senda que deberían enfrentar los repartidores para conquistar mejores condiciones de trabajo. Fue cuando comenzamos a ser testigos de diversas tácticas por parte de las empresas para sofocar cualquier tipo manifestación. Según cuentan los repartidores, Deliveroo enviaba gente encubierta a las asambleas que se hacían por las noches, "desconectó" rápida y arbitrariamente a los cabecillas (lo que le valió una condena en Barcelona por vulneración de la libertad sindical y el derecho a huelga), ofreció jugosos bonos por trabajar en determinadas horas -que coincidían con las manifestaciones- y comenzó a generar vínculos con ciertos repartidores que los mantenían informados sobre lo que ocurría en la calle.

Para mediados del año pasado, las asociaciones pro-plataformas, aunque cumplían su papel de alejar a los repartidores de los sindicatos, todavía jugaban un rol relativamente secundario, ya que no tenían gran representación y sobre todo se dedicaban a dar el amén a los diversos movimientos de las empresas, intentando legitimarlos frente a la comunidad de trabajadores.

Comenzó, entonces, una campaña entre los repartidores intentando difundir un discurso que sembraba el terror. El mensaje era que, si se regulaba el sector, los principales perjudicados serían los repartidores, que perderían su fuente de ingresos. En un mercado laboral totalmente precarizado y con altas tasas de paro, los repartidores vieron de cerca la posibilidad de ser desconectados de un día para otro y perder las escasas seguridades. De modo que apuntaron a donde les dijeron: al Gobierno, los sindicatos, las leyes, el Ministerio, la posible ley, pero, fundamentalmente, a los otros repartidores que sí se atrevieron a decir que estaban a favor de la regulación.

En este contexto, entonces, comenzaron a cobrar fuerza las nuevas asociaciones que dieron forma al movimiento pro-plataformas. Desde el sindicato UGT detallan cómo quedó conformado el escenario:

Su nombre completo es Asociación Española de Riders Autónomos. A la cabeza está Héctor Merino, un antiguo repartidor en motocicleta de Madrid que fue declarado falso autónomo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Está enfocada únicamente a los trabajadores de Deliveroo, quienes cuentan con diversos beneficios en las condiciones de trabajo por afiliarse. Si bien varios repartidores han aceptado unirse, es tan evidente que sirve a los fines de la plataforma, que no logró generar el efecto esperado. Tanto es así, que, por ejemplo, la misma cuota con la que se mantiene es descontada directamente por Deliveroo de los ingresos generados.

A pesar de ser la asociación más antigua, desde su fundación estuvo siempre a la sombra del movimiento Riders X Derechos, aunque bajo el nuevo escenario cobró renovadas fuerzas.

La Asociación Profesional de Repartidores Autónomos nació directamente de la réplica que realizó la plataforma Stuart de su modelo en Francia, donde ya le había dado buenos resultados.

En España, APRA nace en Barcelona, con el repartidor Jordi Mateo a la cabeza. Desde su fundación, y a pesar de que dicen hacer elecciones, ha sido su único presidente. Como decíamos, Glovo se fijó inmediatamente en la asociación e intentó potenciarla para que se extendiera a sus repartidores, un movimiento que fue secundado con el paso de Jordi desde Stuart a Glovo.

Jordi Mateo ha ganado cierta fama en el ambiente fundamentalmente por dos causas. Primero, por defender el modelo de autónomos a ultranza. Y segundo, por obstaculizar la actuación de Inspección de Trabajo. Cuando la Inspección estaba investigando a Stuart, envió un cuestionario a algunos repartidores para recabar información sobre las condiciones en que llevan a cabo su actividad, el cual llegó a las manos de APRA. Mateo elaboró una pauta para cada respuesta y la difundió entre los repartidores.

Evidentemente, aquella pauta escondía las reales condiciones de trabajo y ensalzaba el modelo de la empresa. Sin embargo, y a pesar de sus intentos, finalmente la investigación concluyó que Stuart utiliza falsos autónomos.

Dado que los principales problemas legales de Deliveroo han venido desde Barcelona, donde fue sancionada por vulneración del derecho fundamental de la libertad sindical y del derecho a Huelga por despedir a los principales líderes de Riders X Derechos, sumado a que su AsoRiders nunca logró captar la atención del resto de los repartidores, se creó la Asociación Autónoma de Riders (AAR).

También surgida entre repartidores de Deliveroo, tiene un foco de acción más amplio, pues interactúa y cuenta con afiliados de las diversas plataformas. Desde el principio, su objetivo debía ser quitarle terreno en el plano discursivo a Riders X Derechos, intentando potenciar el mensaje que AsoRiders y APRA ya estaban luchando por instalar: que los repartidores se sienten autónomos. Para ello, se inauguró adhiriéndose al AIP (acuerdo de interés profesional) de Deliveroo, con lo cual de inmediato comenzó a ganar afiliados llevados por la promesa de mejores condiciones realizada por la empresa.

Generalmente, en sus redes sociales publica cosas ensalzando la labor de la empresa, aun cuando no son verdad. Por ejemplo, durante la cuarentena decretada por el covid-19, a pesar de que Deliveroo no cumplió con la obligación de proporcionar mascarillas, geles o guantes a todos los repartidores, la asociación aplaudía una escasa ayuda económica para aquellos que pudieran demostrar haberse infectado mientras estaban trabajando.

Cuando la actual vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció el inicio del diálogo social para regularizar la situación de fraude masivo, Gustavo Gaviria, en medio del discurso exaltado de las plataformas y sus amenazas de despidos masivos, decidió dar un paso al frente y dar a conocer Repartidores Unidos (RU).

A diferencia de sus compañeras, RU no es una asociación de repartidores, sino un movimiento. Su estructura es una suerte de imitación a Riders X Derechos y a los movimientos de repartidores en Latinoamérica, pero en versión pro-empresa.

Entre otras cosas, RU se ha dedicado a sabotear huelgas, ofreciendo a los trabajadores una vía de comunicación directa con la empresa. Un claro ejemplo de esto se vivió a mediados de noviembre del 2020, cuando los repartidores de Glovo del sur de Madrid se manifestaron en contra de la precarización constante de las condiciones impuestas por la plataforma.

Siguiendo el camino que había marcado Deliveroo con AsoRiders, el primer paso de las demás plataformas debía ser un intento para legitimar a las asociaciones como interlocutores válidos, lo cual se expresó en la firma de un nuevo acuerdo, el día 3 de septiembre de 2020, esta vez titulado 'acuerdo sectorial de buenas prácticas'. No fue más que una pantalla de cara al resto de la comunidad, puesto que no posee validez legal alguna. Entre otros motivos, porque ninguna de las asociaciones tiene el reconocimiento formal de asociación profesional de autónomo, que debe ser registrada en el sistema REAPTA (Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas), ni en ningún otro registro válido. Sólo AsoRiders está inscrita en el registro público, pero como asociación cultural.

El texto de aquel acuerdo está basado en cinco puntos:

Como queda claro, las plataformas digitales, en medio de su proyecto por llevar la legislación a su favor y transformar nuestra idea sobre los derechos, necesitaron una suerte de "mandos intermedios": un grupo de trabajadores obedientes y dispuestos a hacer las tareas sucias para acallar las voces disidentes y difundir su idea entre la comunidad. Así surgieron las asociaciones pro-plataformas, que desde su aparición no han hecho más que dedicarse a legitimar la acción de las empresas entre los repartidores, generalmente a través de los medios más temerarios.

Esto es un tremendo toque de atención al Gobierno y a la Unión Europea. No se puede permitir la hegemonía del mercado en asuntos de derechos, porque lleva a extremos como los que estamos viendo. El Gobierno tenía la oportunidad de avanzar en esta situación y regular profundamente el sector a través de la Ley Rider, pero sucumbió a la presión y el lobby de las plataformas, dejándola en su más mínima expresión.

Esto es recibido con temor entre los trabajadores y los deja indefensos ante las amenazas constantes de despido masivo o contratos irregulares. Se trata de una situación permitida por el Ejecutivo y que las plataformas han aprovechado al máximo. Así, las empresas pusieron a los trabajadores contra la espada y la pared, muchas veces del peor modo posible.

Por muy comprensible que pueda ser el hecho de que son las plataformas las que están detrás de todo, nada justifica la docilidad y falta de escrúpulos de los líderes de las asociaciones, quienes han estado dispuestos a hacer de todo con tal de quedar bien ante sus patrones.