El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el Real Decreto-ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, conocida como Ley de 'riders'. La nueva norma ya ha sido contestada por parte del colectivo que anuncia movilizaciones en protesta. Empresas como Glovo también han mostrado su rechazo abandonando la CEOE al considerar que la patronal no ha defendido los intereses del sector. A partir de ahora se abre un plazo de tres meses para que las plataformas den de alta a estos trabajadores como asalariados.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme alcanzaron un acuerdo el pasado mes de marzo para regular la situación laboral de los trabajadores que reparten o distribuyen cualquier producto a través de plataformas digitales.

En el texto acordado se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Además, el acuerdo, que se circunscribe al colectivo de repartidores, contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

En concreto, el texto dice que se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que las empresas deberán informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

El texto del acuerdo señala que el Real Decreto-Ley que recoge la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pasado mes de septiembre, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró que la relación existente entre un repartidor, 'rider', y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral, por lo que rechazó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Cientos de repartidores proautónomos han participado en las manifestaciones convocadas en diez ciudades españolas para protestar contra la llamada "Ley de rider", que también ha recibido críticas por parte de grupos "anti" autónomos por considerarla "insuficiente".

Los convocantes de las manifestaciones -que han cifrado entre 3.000 y 4.000 el número de personas que se han sumado a estos actos por todo el país- han salido a la calle, pocas horas antes de que el Gobierno aprobase la nueva legislación en Consejo de Ministros.

En Madrid, más de 300 repartidores han recorrido el centro de la capital y han llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde han leído un manifiesto que resume su oposición a una "Ley de rider" que fue consensuada en marzo por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos.

Se han producido también concentraciones en Barcelona (donde la Guardia Urbana ha cifrado en 80 el número de asistentes), Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón, Málaga y Albacete.

Las asociaciones de repartidores pro-autónomos han criticado su ausencia en las negociaciones y han reclamado a los diputados que no validen una normativa que obliga a las empresas a que estos profesionales sean asalariados.

"La nueva ley implicará más precariedad", ha defendido en declaraciones a Efeagro uno de los portavoces del movimiento, Gustavo Gaviria, en alusión al riesgo de que las plataformas digitales de reparto que optaban por utilizar autónomos (como Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats) reduzcan sus plantillas.

El colectivo pro-autónomo ha cuestionado también durante los últimos meses los beneficios del nuevo modelo que introduce la "Ley de rider", ya que las compañías pueden optar por subcontratar a terceros para este servicio, y citan como ejemplo el caso de la plataforma Just Eat.

Además, defienden que las condiciones laborales y salariales de los repartidores que trabajan para firmas con servicio de reparto propio no son mejores "per se" que las que tienen ellos como autónomos.

Los convocantes de las protestas -la Asociación Profesional de Riders Autónomos APRA y el movimiento Repartidores Unidos- han censurado a los sindicatos por "su falta de representatividad en los debates" y han comenzado a establecer contacto con asociaciones europeas para "buscar amparo" al nivel comunitario.

La aprobación de la "Ley Rider" puede conllevar "dejar a más de 15.000 repartidores sin empleo", de acuerdo con sus cálculos, basados en estimaciones publicadas por las propias plataformas.

La normativa ha sido recibida también con críticas por la asociación "Riders x Derechos", que desde hace años ha denunciado a las empresas de reparto por considerar que no cumplían la regulación laboral vigente en España al utilizar a trabajadores autónomos y exigía su contratación.

"Es un paso insuficiente, hay poco que celebrar", han apuntado sus responsables en un comunicado, en el que recuerdan que sus posiciones han recibido el respaldo de la Inspección de Trabajo y varias sentencias judiciales.

Aunque "en apariencia" la "Ley de rider" va en línea con sus demandas, la asociación advierte de que el proceso de laboralización "se realiza abruptamente, sin garantizar la permanencia" de los actuales repartidores.

Además, "no se garantiza que estas empresas no opten por la subcontratación", la legislación da "casi cinco meses de tiempo para que las compañías sigan vulnerando derechos laborales" y tampoco recoge la posibilidad de que aquellos repartidores extranjeros "sin papeles" puedan regularizar su situación.

"Riders x Derechos" ha lamentado, asimismo, que no se haya "penalizado a las empresas defraudadoras" con "multas millonarias", como en Italia.

"A lo largo de este año de negociación, el Ministerio de Trabajo ha ido cediendo a gran parte de los postulados de la patronal y han ido eliminando todas las propuestas que se habían hecho por parte de los sindicatos", han denunciado.

En España, se calcula que hay actualmente operativos cerca de entre 20.000 y 30.000 repartidores en plataformas digitales, centradas sobre todo en el envío de comida a domicilio.

Glovo, sin embargo, ha criticado que el acuerdo que da pie a la ley de 'Rider' se ha realizado de forma "precipitada, imprecisa y no dialogada" y lastra el desarrollo de la economía digital.

Ha defendido, a su vez, que este acuerdo aceptado por la CEOE es trascendental para todas las empresas que usan tecnología algorítmica y "da la espalda" a las que han apostado por la innovación y por el desarrollo de su tecnología en el país.

Como consecuencia, Glovo comunicó su decisión de dejar de formar parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) por haber pactado la Ley Rider, y ha acusado a la organización de haber "dado la espalda" a la empresa.

En un comunicado, Glovo ha sustentado su decisión en "la reiterada omisión de representación de la patronal en la mesa de diálogo social sobre la futura regulación del trabajo en plataformas digitales y algoritmos".

Las plataformas digitales de reparto Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats han cargado este martes contra la "Ley Rider" -aprobada hoy en Consejo de Ministros-, por considerar que pone "en riesgo" el desarrollo del sector, mientras que Just Eat ha salido en su defensa. La nueva legislación ha sido duramente criticada durante los últimos meses por las empresas que optaban por trabajar con sus repartidores como autónomos en España, una opción que la legislación prohíbe de forma expresa, ya que obliga a que sean asalariados.

Por el contrario, Just Eat ya mostró su respaldo al texto y ha recordado que en su caso utiliza un modelo mixto al contar con una flota propia de "riders" en plantilla, a los que suma la externalización de este servicio a través de subcontratas especializadas en reparto. La Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que agrupa a Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats, ha lamentado en un comunicado que se apruebe la nueva regulación "por la vía de urgencia y sin debate parlamentario".

Ha criticado que no se haya contado con la opinión de restaurantes, plataformas y repartidores en su elaboración, además de incidir en el impacto que tendrá en un sector que ya aporta más de 700 millones de euros al PIB nacional, según sus datos. También ha censurado que la "Ley Rider" -pactada por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos- obligue a las empresas a revelar sus algoritmos para controlar el cumplimiento de la normativa.

Para las cuatro plataformas, la regulación "añade incertidumbre al desarrollo de la economía digital en España" y ha salido adelante justo cuando la Unión Europea (UE) trabaja en legislar sobre esta materia.

En contraste, los responsables de la división española de Just Eat Takeaway han considerado que la "Ley Rider" genera "seguridad jurídica" y permite garantizar tanto los derechos de los repartidores como que todos los operadores del sector tengan que llevar a cabo su actividad "bajo las mismas reglas". "El modelo de contratación de repartidores por cuenta ajena es el que nosotros aplicamos en más de 160 ciudades de Europa", han apuntado desde el grupo, cuyos directivos han considerado que la sentencia del Supremo de septiembre de 2020 -que consideraba "falsos autónomos" a los repartidores de algunos de sus rivales- "marcó un antes y un después".

De hecho, han recalcado que la nueva regulación "sitúa a España como un referente europeo" a la hora de trabajar para "lograr un desarrollo sostenible de la economía digital" y seguir siendo "un apoyo esencial para el sector de la restauración".