La Inspección de Trabajo ha dado de alta en la Seguridad Social a 11.000 repartidores de Glovo por considerarlos "falsos autónomos" y exige 16,2 millones de euros por sus cotizaciones a la compañía, que ya ha anunciado que recurrirá.

Los datos corresponden a 30 órdenes de servicio decretadas por la Inspección a lo largo de 2019 y 2020, según han precisado fuentes cercanas al caso.

La información recoge operaciones llevadas a cabo durante los últimos dos años en Asturias, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cantabria, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Salamanca, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Un portavoz de Glovo ha precisado que la decisión de Trabajo "no es firme" todavía -por lo que cabe recurso-, y que el volumen de deuda contraído a cuenta de las cotizaciones impagadas es por el momento "sólo una estimación".

El debate sobre si existe relación laboral o no entre repartidores y plataformas digitales de reparto sigue vivo en España y hace casi un mes el Supremo ya se pronunció en el caso particular de un "rider" que denunció a Glovo, al confirmar que se trataba de un "falso autónomo".

El fallo supone un hito por tratarse de la primera vez que el Supremo dirime esta cuestión, ya que en el pasado ha habido sentencias dispares en otros estamentos judiciales de menor rango.

Además, el Gobierno también prepara una regulación específica sobre los repartidores, y hoy el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha dialogado con sindicatos y patronales sobre dicha legislación.