La Guardia Civil ha desmantelado en Jávea y Moraira (Alicante) dos locales ubicados en ambos municipios que vendían vapers a menores de edad. Además, estos artículos ya prohibidos en Bélgica estaban caducados y procedían del contrabando.

Así lo ha especificado el Instituto Armado en su comunicado de este sábado. La Policía Local de Jávea le informó inicialmente de los indicios que tenían sobre un establecimiento comercial, el 29 de noviembre del 2024.

Efectivos de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) coordinaron un operativo en el que observaron que dos jóvenes compraban en ese lugar. Tras ser identificados con edades por debajo de los 18 años, comprobaron que los productos tenían nicotina.

Recordamos que Sanidad ya alertó el año pasado de los riesgos del vaper. Los agentes iniciaron entonces una inspección en el local, interviniendo 21.813, entre vapeadores y líquidos de recarga. La mercancía venía de China, Estados Unidos y Reino Unido.

Carecía de importador registrado en España o en la Unión Europea y no contaba con el etiquetado obligatorio en español. Aparte, en casi toda figuraban fechas de expiración para su consumo entre 2019 y 2024.

Esta información se trasladó a la Consejería de Sanidad de la Comunitat Valenciana por los posibles riesgos para la salud que podría conllevar. Los guardias civiles también hallaron 19.000 euros en efectivo, 10 gramos de cocaína y un revólver de gas comprimido.

El propietario del establecimiento no presentó ninguna documentación que acreditara la legalidad de todos esos productos. Luego, descubrieron que tenía regentaba otro comercio en Moraira, por lo que igualmente se registró el 16 de diciembre.

Allí, se incautaron 34.008 vapers, líquidos y parches de nicotina. Presentaban las mismas irregularidades detectadas en el anterior negocio. Es decir, no existía registro de importación ni tenían etiquetas en español.

Hasta 3.000 euros encontraron los agentes en el local. Ya el 14 de febrero fue arrestado el responsable de ese y el de Jávea, al superar los 150.000 euros la mercancía incautada. Y cuando ya estaba contrastada toda la información técnica relacionada con los hechos.

Se trata de un hombre británico de 56 años que está acusado de un presunto delito de contrabando y puesto a disposición judicial.

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